Récord de cultivos de uso ilícito en Colombia: otra secuela del COVID-19

Pese a los esfuerzos por desnarcotizar la agenda bilateral entre EE. UU. y Colombia, la lucha conjunta contra el problema internacional de las drogas ilícitas sigue siendo prioridad en los temas de interés común. Lo ha sido durante las últimas cuatro décadas y, aunque cada vez se oyen más voces pidiendo reenfocar la estrategia, no deja de haber revuelo siempre que aparece un reporte desde Washington evaluando los resultados de Colombia en la lucha contra este flagelo.

El más reciente informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. (ONDCP por sus siglas en inglés), revelado el 25 de junio, señala que Colombia presentó un nuevo récord de hectáreas cultivadas, pasando de 212.000 (en 2019) a 245.000, en 2020. Incluso señala que la producción potencial del alcaloide, que estaba en 936 toneladas métricas, pasó a 1.010 en 2020. En otras palabras, creció un 8 %.

El Espectador dialogó sobre el tema con Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia.

¿Cómo es eso de que el número de hectáreas de cultivos de coca en Colombia creció a cifras récord?

Hay varias razones. El año pasado fue muy difícil en términos de hacer muchas tareas por el COVID 19. Y el COVID 19 produjo también un aumento de demanda mundial para la droga, no solamente para cocaína. Hay una demanda creciente en Europa y EE. UU. Hay nuevos mercados para este producto ilegal, incluyendo India y suroeste, en Asia. Hay razones para esta alza en la producción de coca y también de cocaína.

Hace dos semanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dijo que el número de hectáreas sembradas bajó. ¿Por qué la diferencia en datos?

En primer lugar, utilizamos metodologías diferentes. Y también hacemos nuestra investigación en una época del año diferente. Es una explicación posible, pero también tenemos que analizar la razón y es nuestra intención conversar sobre las diferencias entre los dos informes. Hay que tomar en cuenta que la tendencia de la producción de cocaína es semejante. La producción ha subido también. No solamente nuestro informe, sino también en el de la ONU.

¿Y por qué ha subido la producción si hay tantos controles para evitarla?

Es nuestra intención trabajar en contra del narcotráfico en todos los aspectos. No solo en la erradicación, sino también contra el lavado de dinero y en la sustitución de cultivos, desde los ilícitos hasta los lícitos, y ofreciendo otro trabajo para los cultivadores de coca. También contribuyendo al desarrollo económico en las áreas más pobres y conflictivas del país. Y ofreciendo nuestro trabajo conjunto para proveer más seguridad en esas áreas. Es un programa antinarcóticos integral contra la producción, el narcotráfico, los grupos ilegales que se benefician. Tenemos que redoblar esfuerzos para concentrarnos más en la producción de coca y cocaína.

El de las drogas ilícitas es un desafío internacional con muchos eslabones, pero con una realidad: es muy difícil de acabar. Y el informe de ustedes lo confirma. ¿Cómo reducirlo?

Bueno, ni en el mejor momento en la historia de esta cooperación se ha reducido la cifra hasta cero, pero sí bajó mucho durante unos años del Plan Colombia. Y, por supuesto, por algunos años, Colombia dejó de erradicar y también hubo un aumento en la producción. El año pasado hubo un aumento con COVID y otras barreras, pero es nuestra intención continuar trabajando en contra de este flagelo.

El 22 de junio, hace una semana, apareció por fin el estudio del Grupo de Evaluación sobre Glifosato (AGG) de la Unión Europea, que concluye que ese herbicida no es cancerígeno. ¿Insistirá su país en el uso de glifosato contra los cultivos de uso ilícito en Colombia?

Bueno, el informe de la UE confirmó nuestra opinión científica sobre el glifosato: que no es cancerígeno y que usado adecuadamente no es un problema sanitario. Pero en este caso, la decisión será de Colombia si opta por volver a la aspersión aérea. Hemos apoyado su uso en el pasado.

Durante los dos años anteriores el gobierno Duque le achacaba a su antecesor la responsabilidad por el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. ¿Cree usted que estos resultados de ahora son por culpa del gobierno anterior o será que el actual no está haciendo bien la tarea?

No voy a echar la culpa a nadie, ni a ningún gobierno. El expresidente Santos ha dicho que durante la negociación con las Farc, en La Habana —y hemos apoyado ese proceso como observadores— incluyó el tema de la producción y aparecieron algunos incentivos perversos durante las negociaciones que produjeron un aumento en la producción de coca y cocaína. Pero no es mi rol ni mi lugar hablar o echar la culpa. Nuestra misión es trabajar con el Gobierno para enfrentar un problema muy serio para los dos países.

Nosotros tenemos que bajar el consumo de droga y el presupuesto del presidente Biden refleja nuestro compromiso para lograrlo. Es una corresponsabilidad.

¿Ese mensaje tan contundente es por el relevo presidencial y la llegada de la administración Biden?

Bueno, siempre hemos dicho que es una corresponsabilidad. Tenemos que hacer todo para reducir el consumo. Colombia tiene que trabajar en contra de la producción. Y para Colombia también hay intereses propios como luchar contra esos grupos ilegales que amenazan la democracia, la paz y contribuyen a la criminalidad.

Me quedé pensando en su respuesta de que no le echa la culpa a ningún gobierno. ¿El COVID tuvo la culpa?

Sí, en parte porque el año de COVID ha resultado en un aumento de demanda y ha hecho muy difícil la tarea para la fuerza pública. La Policía tuvo muchos contagios de COVID 19, tuvo que atender la entrega, el suministro de productos sanitarios. Fue muy difícil, hay que admitirlo.

Otro hallazgo del informe que a algunos les parece contradictorio es ese de que hay más cultivos y más producción, pero al mismo tiempo hubo más hectáreas erradicadas.

Sí. Y tenemos que analizar esa pregunta. ¿Por qué ha aumentado la producción al tiempo que hemos visto una erradicación manual récord? La erradicación manual es una herramienta, pero hay otros elementos de esta colaboración. En primer lugar, es mejor sustituir las cosechas de coca por negociaciones con comunidades. Es difícil, porque los cultivos quedan en partes del país más conflictivas, pero es la primera opción. La idea no es seguir erradicando para siempre. Ojalá un día sea posible decir que la ilegalidad ha bajado y hay otras opciones para esos campesinos, pero si no tenemos éxito en la sustitución, ¿qué haremos? Tenemos que hacer algo.

Algunos se preguntan si es hora de cambiar el enfoque de la lucha antidrogas. ¿Qué les responde?

Más que respuesta, tengo una pregunta: ¿cuál es su idea en contra de este problema? Algunos han ofrecido legalización, otros dicen que tenemos que hacer nada más que interdicción. Estamos tratando de hacer algo para controlar también el problema. Es nuestro deber controlar las drogas ilícitas que arruinan las vidas de tanta gente. Tenemos la obligación de bajar el consumo de droga. Es un compromiso compartido. Tenemos que controlar la producción y la demanda y por eso países democráticos tienen en común esta tarea. Algunos tienen ideas diferentes de cómo podemos hacerlo con más eficiencia, con más resultados. Es algo que hemos discutido mucho tiempo y vale la pena continuar trabajando en conjunto contra el narcotráfico y contra los grupos ilegales que producen tanta violencia en Colombia.

Pese a los esfuerzos por desnarcotizar la agenda bilateral entre EE. UU. y Colombia, la lucha conjunta contra el problema internacional de las drogas ilícitas sigue siendo prioridad en los temas de interés común. Lo ha sido durante las últimas cuatro décadas y, aunque cada vez se oyen más voces pidiendo reenfocar la estrategia, no deja de haber revuelo siempre que aparece un reporte desde Washington evaluando los resultados de Colombia en la lucha contra este flagelo.

El más reciente informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. (ONDCP por sus siglas en inglés), revelado el 25 de junio, señala que Colombia presentó un nuevo récord de hectáreas cultivadas, pasando de 212.000 (en 2019) a 245.000, en 2020. Incluso señala que la producción potencial del alcaloide, que estaba en 936 toneladas métricas, pasó a 1.010 en 2020. En otras palabras, creció un 8 %.

El Espectador dialogó sobre el tema con Philip S. Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia.

¿Cómo es eso de que el número de hectáreas de cultivos de coca en Colombia creció a cifras récord?

Hay varias razones. El año pasado fue muy difícil en términos de hacer muchas tareas por el COVID 19. Y el COVID 19 produjo también un aumento de demanda mundial para la droga, no solamente para cocaína. Hay una demanda creciente en Europa y EE. UU. Hay nuevos mercados para este producto ilegal, incluyendo India y suroeste, en Asia. Hay razones para esta alza en la producción de coca y también de cocaína.

Hace dos semanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dijo que el número de hectáreas sembradas bajó. ¿Por qué la diferencia en datos?

En primer lugar, utilizamos metodologías diferentes. Y también hacemos nuestra investigación en una época del año diferente. Es una explicación posible, pero también tenemos que analizar la razón y es nuestra intención conversar sobre las diferencias entre los dos informes. Hay que tomar en cuenta que la tendencia de la producción de cocaína es semejante. La producción ha subido también. No solamente nuestro informe, sino también en el de la ONU.

¿Y por qué ha subido la producción si hay tantos controles para evitarla?

Es nuestra intención trabajar en contra del narcotráfico en todos los aspectos. No solo en la erradicación, sino también contra el lavado de dinero y en la sustitución de cultivos, desde los ilícitos hasta los lícitos, y ofreciendo otro trabajo para los cultivadores de coca. También contribuyendo al desarrollo económico en las áreas más pobres y conflictivas del país. Y ofreciendo nuestro trabajo conjunto para proveer más seguridad en esas áreas. Es un programa antinarcóticos integral contra la producción, el narcotráfico, los grupos ilegales que se benefician. Tenemos que redoblar esfuerzos para concentrarnos más en la producción de coca y cocaína.

El de las drogas ilícitas es un desafío internacional con muchos eslabones, pero con una realidad: es muy difícil de acabar. Y el informe de ustedes lo confirma. ¿Cómo reducirlo?

Bueno, ni en el mejor momento en la historia de esta cooperación se ha reducido la cifra hasta cero, pero sí bajó mucho durante unos años del Plan Colombia. Y, por supuesto, por algunos años, Colombia dejó de erradicar y también hubo un aumento en la producción. El año pasado hubo un aumento con COVID y otras barreras, pero es nuestra intención continuar trabajando en contra de este flagelo.

El 22 de junio, hace una semana, apareció por fin el estudio del Grupo de Evaluación sobre Glifosato (AGG) de la Unión Europea, que concluye que ese herbicida no es cancerígeno. ¿Insistirá su país en el uso de glifosato contra los cultivos de uso ilícito en Colombia?

Bueno, el informe de la UE confirmó nuestra opinión científica sobre el glifosato: que no es cancerígeno y que usado adecuadamente no es un problema sanitario. Pero en este caso, la decisión será de Colombia si opta por volver a la aspersión aérea. Hemos apoyado su uso en el pasado.

Durante los dos años anteriores el gobierno Duque le achacaba a su antecesor la responsabilidad por el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. ¿Cree usted que estos resultados de ahora son por culpa del gobierno anterior o será que el actual no está haciendo bien la tarea?

No voy a echar la culpa a nadie, ni a ningún gobierno. El expresidente Santos ha dicho que durante la negociación con las Farc, en La Habana —y hemos apoyado ese proceso como observadores— incluyó el tema de la producción y aparecieron algunos incentivos perversos durante las negociaciones que produjeron un aumento en la producción de coca y cocaína. Pero no es mi rol ni mi lugar hablar o echar la culpa. Nuestra misión es trabajar con el Gobierno para enfrentar un problema muy serio para los dos países.

Nosotros tenemos que bajar el consumo de droga y el presupuesto del presidente Biden refleja nuestro compromiso para lograrlo. Es una corresponsabilidad.

¿Ese mensaje tan contundente es por el relevo presidencial y la llegada de la administración Biden?

Bueno, siempre hemos dicho que es una corresponsabilidad. Tenemos que hacer todo para reducir el consumo. Colombia tiene que trabajar en contra de la producción. Y para Colombia también hay intereses propios como luchar contra esos grupos ilegales que amenazan la democracia, la paz y contribuyen a la criminalidad.

Me quedé pensando en su respuesta de que no le echa la culpa a ningún gobierno. ¿El COVID tuvo la culpa?

Sí, en parte porque el año de COVID ha resultado en un aumento de demanda y ha hecho muy difícil la tarea para la fuerza pública. La Policía tuvo muchos contagios de COVID 19, tuvo que atender la entrega, el suministro de productos sanitarios. Fue muy difícil, hay que admitirlo.

Otro hallazgo del informe que a algunos les parece contradictorio es ese de que hay más cultivos y más producción, pero al mismo tiempo hubo más hectáreas erradicadas.

Sí. Y tenemos que analizar esa pregunta. ¿Por qué ha aumentado la producción al tiempo que hemos visto una erradicación manual récord? La erradicación manual es una herramienta, pero hay otros elementos de esta colaboración. En primer lugar, es mejor sustituir las cosechas de coca por negociaciones con comunidades. Es difícil, porque los cultivos quedan en partes del país más conflictivas, pero es la primera opción. La idea no es seguir erradicando para siempre. Ojalá un día sea posible decir que la ilegalidad ha bajado y hay otras opciones para esos campesinos, pero si no tenemos éxito en la sustitución, ¿qué haremos? Tenemos que hacer algo.

Algunos se preguntan si es hora de cambiar el enfoque de la lucha antidrogas. ¿Qué les responde?

Más que respuesta, tengo una pregunta: ¿cuál es su idea en contra de este problema? Algunos han ofrecido legalización, otros dicen que tenemos que hacer nada más que interdicción. Estamos tratando de hacer algo para controlar también el problema. Es nuestro deber controlar las drogas ilícitas que arruinan las vidas de tanta gente. Tenemos la obligación de bajar el consumo de droga. Es un compromiso compartido. Tenemos que controlar la producción y la demanda y por eso países democráticos tienen en común esta tarea. Algunos tienen ideas diferentes de cómo podemos hacerlo con más eficiencia, con más resultados. Es algo que hemos discutido mucho tiempo y vale la pena continuar trabajando en conjunto contra el narcotráfico y contra los grupos ilegales que producen tanta violencia en Colombia.