Seis meses del magnicidio del presidente de Haití: ¿en qué van las investigaciones?

Seis meses después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el crimen sigue sin resolverse mientras la isla continúa sumida en la pobreza, la inseguridad y la inestabilidad política. No es claro cuándo se llevarán a cabo las elecciones del próximo mandatario, en tanto que el crimen rampante se ha vuelto a hacer evidente con el atentado al que sobrevivió el primer ministro —cargo que es designado por el presidente—, Ariel Henry, el fin de semana pasado, a la salida de una iglesia en la localidad de Gonaïves, en el norte del país.

Tampoco hay claridad sobre la autoría intelectual del magnicidio de Moïse, de 53 años, ocurrido el pasado 7 de julio en su propia casa, en donde también se encontraba su esposa, Martine, quien sobrevivió al ataque. Sobre los motivos, el New York Times publicó, en diciembre pasado, una investigación según la cual las razones del homicidio estaban relacionadas con una lista de “poderosos políticos y empresarios involucrados en la comercialización de droga en Haití” en la que venía trabajando el entonces presidente, con la intención de entregársela al gobierno de Estados Unidos, según dijeron oficiales y consejeros que trabajaban en ese documento.

Uno de los nombres que resaltan en dicha lista es el de Charles Saint-Rémy, empresario haitiano en la mira de la DEA desde hace rato por supuestos vínculos con el narcotráfico. Es cuñado del expresidente Michel Martelly, quien impulsó a Moïse a la Presidencia. Martelly, un popular excantante, por su parte, estudia la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a las elecciones. En el listado de la investigación del New York Times también se destaca el nombre de Dimitri Hérard, miembro de la fuerza de seguridad presidencial de Martelly, quien luego se convirtió en jefe de la unidad de policía que protegía también a Moïse.

Justo después del crimen fueron detenidas 26 personas, de las cuales 18 eran exmilitares colombianos y dos haitianoestadounidenses. Otros tres colombianos murieron en tiroteos con la Policía, cuyos cuerpos no han sido repatriados. La situación de los detenidos, según han denunciado sus familiares, es precaria. La Fundación para la Defensa y Representación de la Fuerza Pública y sus Familias (Funderef) ha sostenido que los exmilitares son inocentes y ha pedido el respaldo del Estado colombiano para que se garantice un debido proceso y el respeto de los derechos humanos.

Según Funderef, los detenidos, que están en la penitenciaría nacional en Puerto Príncipe, se encuentran en condiciones “infrahumanas”, sometidos a golpes y falta de alimento, y confesaron bajo tortura. Así se lo hicieron saber al presidente de la República, Iván Duque, en una carta, en la que agregan que los colombianos no tienen en Haití ni siquiera un abogado de oficio que ejerza su defensa y que la Cancillería colombiana ha brillado por su ausencia. La misma fundación publicó la respuesta de Presidencia, con fecha del 31 de diciembre y dirigida a la presidenta de la organización, Lorena Lázaro, en la que una asesora del despacho informa que las solicitudes serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades.

Una de las peticiones eran las garantías de seguridad para Mario Palacios, un chocoano de 43 años, retirado del Ejército de Colombia, quien es señalado de participar en el magnicidio y fue capturado en Jamaica, en octubre, tiempo después que los demás. Según el gobierno de ese país, Palacios sería deportado a Colombia debido a que “la información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”.

Al enterarse de la deportación de Palacios hacia Colombia, Claude Joseph, quien fungía como primer ministro interino de Haití cuando Moïse fue asesinado, manifestó que se trataba de “un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento después de que las autoridades colombianas me aseguraron su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”.

En efecto, dos días luego de la muerte del mandatario haitiano, Duque expresó su “solidaridad y apoyo en estos momentos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”. Días después agregó: “Parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas, pero seamos también absolutamente francos, independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio”. La defensa en Colombia de los exmilitares, contratados por CTU Security, ha sostenido que fueron llevados engañados, como “chivos expiatorios”, que incluso llegaron después del crimen y que no tuvieron nada que ver.

Durante su paso por Panamá, camino a Colombia, Mario Palacios fue detenido por una circular de la Interpol y fue enviado a Estados Unidos, en donde fue imputado ayer, en Miami. Se convierte, así, en el primer acusado formalmente en este caso. Con el traslado de Palacios, Joseph pide ahora que se aplique el tratado de extradición entre ambos países, de manera que el colombiano pueda responder ante la justicia haitiana como “principal sospechoso del asesinato del presidente Jovenel”.

Aunque en un principio sorprendió la rápida captura de los presuntos autores materiales de los hechos por parte de la Policía haitiana, un cuerpo que ha sido acusado de ser muy corrupto e inoperante, las pesquisas parecen estar estancadas, con los capturados colombianos en el medio, en un especie de limbo.

El desarrollo de los hechos, para Andrés Macías, docente investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), de la Universidad Externado, “refleja la debilidad del sistema judicial haitiano y los poderosos intereses que hay detrás del asesinato de Jovenel Moïse”.

Este experto en seguridad, defensa y construcción de paz agregó que la investigación del asesinato “no se limita solamente a los militares retirados colombianos, sino que también involucra a actores políticos y empresarios haitianos que tienen intereses detrás de quien ostente el poder en Haití; eso también lo evidencia el reciente atentado contra el primer ministro, Ariel Henry”. La oficina del funcionario se limitó a decir que los responsables del intento de homicidio son “bandidos y terroristas”.

Henry, vale la pena recordar, un día antes del asesinato, fue designado por Moïse para ocupar su puesto actual, pero el crimen le impidió tomar el juramento.

El caso del magnicidio se enredó aún más cuando, en septiembre de 2021, el fiscal general de Haití, Bel-Ford Claude, le envió una carta al juez que lleva el caso de Moïse para que incluyera en la investigación a Henry por su presunta participación en el asesinato del presidente. El señalamiento estuvo fundamentado en dos conversaciones que el primer ministro mantuvo con Félix Badio, exdirector de la Unidad Anticorrupción y uno de los presuntos sospechosos de haber participado en el magnicidio. Asimismo, pidió a la dirección de migraciones que se le impidiera salir del país. Henry, en respuesta, destituyó al fiscal ese mismo día en horas de la tarde.

Haití, con una tasa de pobreza que ronda el 60 %, es el país más pobre del hemisferio occidental. Allí, la confianza en las instituciones está minada, mientras en la calle aumentan la violencia, la proliferación de las bandas criminales y de delitos como el secuestro; el hambre y la escasez de bienes y servicios también golpean al territorio, altamente dependiente de las importaciones. Sin mencionar los efectos devastadores del terremoto que azotó al país el año pasado y la pandemia. Como dijo Diana Galindo, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la isla, a El Espectador, “con tantos problemas que tiene Haití, el coronavirus no ha podido ser una prioridad para el Estado”.

Recuperar algo de estabilidad política parece improbable por el momento con todo esto en el panorama. Las elecciones presidenciales, para conocer el nombre de la persona que sucederá a Jovenel Moïse, quien de los negocios había dado el salto a la política, han sido aplazadas varias veces y se espera que se lleven a cabo en algún momento de este año.

Al respecto, Macías, del Externado, apuntó: “La lucha de poder en Haití es cada vez más compleja. Hay intereses de políticos tradicionales, de empresarios y en gran medida, de grupos criminales y pandillas con un gran potencial armamentístico”. El rol de esos actores criminales seguirá jugando un papel muy relevante en las elecciones y en el gobierno que se conforme posteriormente. Las pandillas que operan en territorio haitiano terminan siendo un gran bastión electoral, por lo que ha sido muy difícil separar la actividad política de los vínculos con esos grupos criminales”.

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Seis meses después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el crimen sigue sin resolverse mientras la isla continúa sumida en la pobreza, la inseguridad y la inestabilidad política. No es claro cuándo se llevarán a cabo las elecciones del próximo mandatario, en tanto que el crimen rampante se ha vuelto a hacer evidente con el atentado al que sobrevivió el primer ministro —cargo que es designado por el presidente—, Ariel Henry, el fin de semana pasado, a la salida de una iglesia en la localidad de Gonaïves, en el norte del país.

Tampoco hay claridad sobre la autoría intelectual del magnicidio de Moïse, de 53 años, ocurrido el pasado 7 de julio en su propia casa, en donde también se encontraba su esposa, Martine, quien sobrevivió al ataque. Sobre los motivos, el New York Times publicó, en diciembre pasado, una investigación según la cual las razones del homicidio estaban relacionadas con una lista de “poderosos políticos y empresarios involucrados en la comercialización de droga en Haití” en la que venía trabajando el entonces presidente, con la intención de entregársela al gobierno de Estados Unidos, según dijeron oficiales y consejeros que trabajaban en ese documento.

Uno de los nombres que resaltan en dicha lista es el de Charles Saint-Rémy, empresario haitiano en la mira de la DEA desde hace rato por supuestos vínculos con el narcotráfico. Es cuñado del expresidente Michel Martelly, quien impulsó a Moïse a la Presidencia. Martelly, un popular excantante, por su parte, estudia la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a las elecciones. En el listado de la investigación del New York Times también se destaca el nombre de Dimitri Hérard, miembro de la fuerza de seguridad presidencial de Martelly, quien luego se convirtió en jefe de la unidad de policía que protegía también a Moïse.

Justo después del crimen fueron detenidas 26 personas, de las cuales 18 eran exmilitares colombianos y dos haitianoestadounidenses. Otros tres colombianos murieron en tiroteos con la Policía, cuyos cuerpos no han sido repatriados. La situación de los detenidos, según han denunciado sus familiares, es precaria. La Fundación para la Defensa y Representación de la Fuerza Pública y sus Familias (Funderef) ha sostenido que los exmilitares son inocentes y ha pedido el respaldo del Estado colombiano para que se garantice un debido proceso y el respeto de los derechos humanos.

Según Funderef, los detenidos, que están en la penitenciaría nacional en Puerto Príncipe, se encuentran en condiciones “infrahumanas”, sometidos a golpes y falta de alimento, y confesaron bajo tortura. Así se lo hicieron saber al presidente de la República, Iván Duque, en una carta, en la que agregan que los colombianos no tienen en Haití ni siquiera un abogado de oficio que ejerza su defensa y que la Cancillería colombiana ha brillado por su ausencia. La misma fundación publicó la respuesta de Presidencia, con fecha del 31 de diciembre y dirigida a la presidenta de la organización, Lorena Lázaro, en la que una asesora del despacho informa que las solicitudes serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades.

Una de las peticiones eran las garantías de seguridad para Mario Palacios, un chocoano de 43 años, retirado del Ejército de Colombia, quien es señalado de participar en el magnicidio y fue capturado en Jamaica, en octubre, tiempo después que los demás. Según el gobierno de ese país, Palacios sería deportado a Colombia debido a que “la información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”.

Al enterarse de la deportación de Palacios hacia Colombia, Claude Joseph, quien fungía como primer ministro interino de Haití cuando Moïse fue asesinado, manifestó que se trataba de “un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento después de que las autoridades colombianas me aseguraron su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”.

En efecto, dos días luego de la muerte del mandatario haitiano, Duque expresó su “solidaridad y apoyo en estos momentos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”. Días después agregó: “Parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas, pero seamos también absolutamente francos, independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio”. La defensa en Colombia de los exmilitares, contratados por CTU Security, ha sostenido que fueron llevados engañados, como “chivos expiatorios”, que incluso llegaron después del crimen y que no tuvieron nada que ver.

Durante su paso por Panamá, camino a Colombia, Mario Palacios fue detenido por una circular de la Interpol y fue enviado a Estados Unidos, en donde fue imputado ayer, en Miami. Se convierte, así, en el primer acusado formalmente en este caso. Con el traslado de Palacios, Joseph pide ahora que se aplique el tratado de extradición entre ambos países, de manera que el colombiano pueda responder ante la justicia haitiana como “principal sospechoso del asesinato del presidente Jovenel”.

Aunque en un principio sorprendió la rápida captura de los presuntos autores materiales de los hechos por parte de la Policía haitiana, un cuerpo que ha sido acusado de ser muy corrupto e inoperante, las pesquisas parecen estar estancadas, con los capturados colombianos en el medio, en un especie de limbo.

El desarrollo de los hechos, para Andrés Macías, docente investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), de la Universidad Externado, “refleja la debilidad del sistema judicial haitiano y los poderosos intereses que hay detrás del asesinato de Jovenel Moïse”.

Este experto en seguridad, defensa y construcción de paz agregó que la investigación del asesinato “no se limita solamente a los militares retirados colombianos, sino que también involucra a actores políticos y empresarios haitianos que tienen intereses detrás de quien ostente el poder en Haití; eso también lo evidencia el reciente atentado contra el primer ministro, Ariel Henry”. La oficina del funcionario se limitó a decir que los responsables del intento de homicidio son “bandidos y terroristas”.

Henry, vale la pena recordar, un día antes del asesinato, fue designado por Moïse para ocupar su puesto actual, pero el crimen le impidió tomar el juramento.

El caso del magnicidio se enredó aún más cuando, en septiembre de 2021, el fiscal general de Haití, Bel-Ford Claude, le envió una carta al juez que lleva el caso de Moïse para que incluyera en la investigación a Henry por su presunta participación en el asesinato del presidente. El señalamiento estuvo fundamentado en dos conversaciones que el primer ministro mantuvo con Félix Badio, exdirector de la Unidad Anticorrupción y uno de los presuntos sospechosos de haber participado en el magnicidio. Asimismo, pidió a la dirección de migraciones que se le impidiera salir del país. Henry, en respuesta, destituyó al fiscal ese mismo día en horas de la tarde.

Haití, con una tasa de pobreza que ronda el 60 %, es el país más pobre del hemisferio occidental. Allí, la confianza en las instituciones está minada, mientras en la calle aumentan la violencia, la proliferación de las bandas criminales y de delitos como el secuestro; el hambre y la escasez de bienes y servicios también golpean al territorio, altamente dependiente de las importaciones. Sin mencionar los efectos devastadores del terremoto que azotó al país el año pasado y la pandemia. Como dijo Diana Galindo, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la isla, a El Espectador, “con tantos problemas que tiene Haití, el coronavirus no ha podido ser una prioridad para el Estado”.

Recuperar algo de estabilidad política parece improbable por el momento con todo esto en el panorama. Las elecciones presidenciales, para conocer el nombre de la persona que sucederá a Jovenel Moïse, quien de los negocios había dado el salto a la política, han sido aplazadas varias veces y se espera que se lleven a cabo en algún momento de este año.

Al respecto, Macías, del Externado, apuntó: “La lucha de poder en Haití es cada vez más compleja. Hay intereses de políticos tradicionales, de empresarios y en gran medida, de grupos criminales y pandillas con un gran potencial armamentístico”. El rol de esos actores criminales seguirá jugando un papel muy relevante en las elecciones y en el gobierno que se conforme posteriormente. Las pandillas que operan en territorio haitiano terminan siendo un gran bastión electoral, por lo que ha sido muy difícil separar la actividad política de los vínculos con esos grupos criminales”.

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