El drama de la apostilla para los migrantes con títulos venezolanos

Alexánder Hernández dice que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha tenido que planchar su traje para ir a todas las entrevistas de trabajo que ha tenido este año. Aunque tiene un trabajo estable en un restaurante del centro de Bogotá, y el dinero que gana le alcanza para ayudar en su casa, ha buscado cambiar por un empleo formal que les dé más tranquilidad a él y a su mamá.

La última entrevista en la que Alexánder estuvo fue para ser asesor de un call center de una importante empresa de telecomunicaciones del país. Le fue bien. Pasó todos los filtros, pero había un problema: la empresa pedía como requerimiento mínimo que hubiera terminado el bachillerato. Alexánder dijo que él se había graduado, pero lamentablemente no tenía cómo probarlo. Le dijeron que no, pues es un requisito “para todos”.

“Les dije que había terminado el colegio en Venezuela y que si necesitaban hacerme pruebas, me las hicieran, pero el entrevistador me dijo que él no podía contratar personas que no tuvieran un diploma o un acta de grado”, cuenta resignado Alexánder.

Puede ver el especial: Migrar y estudiar: una ecuación no tan sencilla para los migrantes venezolanos

Esta, sin embargo, no es la primera vez que le niegan un empleo por esta razón. Aunque Alexánder se encuentra regularizado, tiene su Permiso Especial de Permanencia (PEP) y sus papeles en regla, esto no le ha permitido conseguir un trabajo mejor. Ha sido mesero, vendedor y repartidor de domicilios, pero el no tener cómo probar que es bachiller ha sido un dolor de cabeza para su búsqueda de un mejor futuro.

“Me gradué en 2017 y poco después de eso me vine para acá”, cuenta Alexánder que, como muchos otros venezolanos que emigraron hacia Colombia, salió sin pensar mucho en lo que llevaría en su maleta. “Empaqué un par de zapatos, algunas mudas de ropa y el pasaporte, que afortunadamente ya tenía. Pero obviamente uno no piensa en traerse un diploma”.

A pesar de que el Gobierno colombiano ha adelantado varios esfuerzos para garantizar el acceso a la educación de los migrantes, y muchos niños y niñas están inscritos en el sistema educativo colombiano, las alternativas para los jóvenes bachilleres no son tantas: presentar un examen de validación, que para muchos es complicado por las diferencias de los currículos colombianos y venezolanos, o apostillar sus diplomas. Un trámite costoso y difícil de gestionar.

Sin importar si están o no en condición regular, los migrantes venezolanos que quieran, como Alexánder, trabajar en una empresa importante o ingresar a una universidad no pueden hacerlo si no tienen un documento apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que certifique que efectivamente habían terminado su bachillerato.

Le recomendamos: Aterrizar en “La Pista”, el asentamiento migrante más grande de Colombia

Pero al igual que en el caso de los documentos de identificación, el proceso de apostillado perdió transparencia en Venezuela durante la última década. Excesivas demoras que condujeron al uso de gestores y múltiples actos de corrupción dificultaron un trámite que debía ser sencillo. Y aunque la Cancillería venezolana implementó un sistema virtual para agilizar esos procesos, en el momento de escribir este artículo todos los trámites requieren la presencia física del interesado o de un apoderado. A este problema se le suma que Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, por lo que no hay mecanismos consulares para los venezolanos que están en el país.

Alexánder lo intentó a través de un gestor y buscó a través de grupos de Facebook y amigos dentro de Venezuela contactos que le pudieran ayudar con el proceso, pero los precios del trámite lo espantaron. Los avisos de otros miembros de que podrían ser estafados también le hicieron pensar dos veces si seguir o no con el proceso.

“Cobraban desde US$200 hasta US$400 por solo la apostilla”, cuenta. “Al final uno no tiene toda esa plata y prefiere no hacer nada, porque eso tampoco le garantiza a uno que la situación mejore”, lamenta.

El de Alexánder no es un caso aislado e ilustra la dura realidad para miles de bachilleres venezolanos que hoy en Colombia se encuentran sin rumbo. Ya el año pasado a Roamy Giraldo, una joven venezolana de 19 años, una universidad colombiana no le permitió matricularse porque le exigieron su diploma de bachiller apostillado, aunque dijo que no tenía cómo hacerlo.

Giraldo ejerció una acción de tutela contra el Ministerio de Educación por la petición de este requisito y después de unos meses la Corte estudió su caso. Y casi sin quererlo, esta demanda terminó abriendo una puerta no solo a ella, sino también a Alexánder y a los cientos de miles de bachilleres venezolanos que en Colombia estaban en el limbo por el tema de la apostilla.

La Corte Constitucional, en su sentencia T-255/21, ordenó al Ministerio de Educación colombiano que a Roamy se le inaplicara por inconstitucional el requisito de apostilla en el trámite de convalidación del título de bachiller académico. De acuerdo con el alto tribunal colombiano, este proceso.

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“La Sala constata que la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la accionante implica una afectación desproporcionada de su derecho a la educación. Esto, en la medida en que anula su acceso a la educación superior, por cuanto en atención a las circunstancias particulares de su caso concreto no puede obtener su título de bachiller en Colombia”, señala la decisión de la Corte.

Solo un mes después de que la Corte Constitucional fallara a favor de Roamy, el Gobierno colombiano, de la mano con la Embajada de Venezuela en Colombia (del gobierno interino de Juan Guaidó), anunciaron un plan con el que buscan legalizar los títulos venezolanos en el país sin necesidad de la apostilla. Un mecanismo con el que, de acuerdo con Eduardo Battistini, encargado de negocios internacionales del gobierno interino, será gratuito, temporal y en el que esperan se inscriban no solo los bachilleres, sino también aquellos que tengan diplomas en educación superior.

“La medida busca facilitar el tema de la apostilla para todos los venezolanos que hayan conseguido un título en nuestro país, ya sea de bachillerato, técnico o universitario”, asegura Battistini, que explica que el proceso puede durar de uno a dos meses, pues “es de acuerdo con el número de solicitudes que se tengan”.

El 11 de diciembre, Battistini publicó en su cuenta de Twitter que ya la primera ciudadana venezolana obtuvo su certificación universitaria y anunció que 15.000 están en revisión en este momento. Una de esas solicitudes es la de Alexander, quien cuenta que ya se inscribió en la página de la embajada y está a la espera de que, ya con su diploma, el 2022 le traiga mejores oportunidades para él y su familia.

Trabajo realizado en el marco del curso “Puentes de comunicación II”, de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

Alexánder Hernández dice que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha tenido que planchar su traje para ir a todas las entrevistas de trabajo que ha tenido este año. Aunque tiene un trabajo estable en un restaurante del centro de Bogotá, y el dinero que gana le alcanza para ayudar en su casa, ha buscado cambiar por un empleo formal que les dé más tranquilidad a él y a su mamá.

La última entrevista en la que Alexánder estuvo fue para ser asesor de un call center de una importante empresa de telecomunicaciones del país. Le fue bien. Pasó todos los filtros, pero había un problema: la empresa pedía como requerimiento mínimo que hubiera terminado el bachillerato. Alexánder dijo que él se había graduado, pero lamentablemente no tenía cómo probarlo. Le dijeron que no, pues es un requisito “para todos”.

“Les dije que había terminado el colegio en Venezuela y que si necesitaban hacerme pruebas, me las hicieran, pero el entrevistador me dijo que él no podía contratar personas que no tuvieran un diploma o un acta de grado”, cuenta resignado Alexánder.

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Esta, sin embargo, no es la primera vez que le niegan un empleo por esta razón. Aunque Alexánder se encuentra regularizado, tiene su Permiso Especial de Permanencia (PEP) y sus papeles en regla, esto no le ha permitido conseguir un trabajo mejor. Ha sido mesero, vendedor y repartidor de domicilios, pero el no tener cómo probar que es bachiller ha sido un dolor de cabeza para su búsqueda de un mejor futuro.

“Me gradué en 2017 y poco después de eso me vine para acá”, cuenta Alexánder que, como muchos otros venezolanos que emigraron hacia Colombia, salió sin pensar mucho en lo que llevaría en su maleta. “Empaqué un par de zapatos, algunas mudas de ropa y el pasaporte, que afortunadamente ya tenía. Pero obviamente uno no piensa en traerse un diploma”.

A pesar de que el Gobierno colombiano ha adelantado varios esfuerzos para garantizar el acceso a la educación de los migrantes, y muchos niños y niñas están inscritos en el sistema educativo colombiano, las alternativas para los jóvenes bachilleres no son tantas: presentar un examen de validación, que para muchos es complicado por las diferencias de los currículos colombianos y venezolanos, o apostillar sus diplomas. Un trámite costoso y difícil de gestionar.

Sin importar si están o no en condición regular, los migrantes venezolanos que quieran, como Alexánder, trabajar en una empresa importante o ingresar a una universidad no pueden hacerlo si no tienen un documento apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que certifique que efectivamente habían terminado su bachillerato.

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Pero al igual que en el caso de los documentos de identificación, el proceso de apostillado perdió transparencia en Venezuela durante la última década. Excesivas demoras que condujeron al uso de gestores y múltiples actos de corrupción dificultaron un trámite que debía ser sencillo. Y aunque la Cancillería venezolana implementó un sistema virtual para agilizar esos procesos, en el momento de escribir este artículo todos los trámites requieren la presencia física del interesado o de un apoderado. A este problema se le suma que Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, por lo que no hay mecanismos consulares para los venezolanos que están en el país.

Alexánder lo intentó a través de un gestor y buscó a través de grupos de Facebook y amigos dentro de Venezuela contactos que le pudieran ayudar con el proceso, pero los precios del trámite lo espantaron. Los avisos de otros miembros de que podrían ser estafados también le hicieron pensar dos veces si seguir o no con el proceso.

“Cobraban desde US$200 hasta US$400 por solo la apostilla”, cuenta. “Al final uno no tiene toda esa plata y prefiere no hacer nada, porque eso tampoco le garantiza a uno que la situación mejore”, lamenta.

El de Alexánder no es un caso aislado e ilustra la dura realidad para miles de bachilleres venezolanos que hoy en Colombia se encuentran sin rumbo. Ya el año pasado a Roamy Giraldo, una joven venezolana de 19 años, una universidad colombiana no le permitió matricularse porque le exigieron su diploma de bachiller apostillado, aunque dijo que no tenía cómo hacerlo.

Giraldo ejerció una acción de tutela contra el Ministerio de Educación por la petición de este requisito y después de unos meses la Corte estudió su caso. Y casi sin quererlo, esta demanda terminó abriendo una puerta no solo a ella, sino también a Alexánder y a los cientos de miles de bachilleres venezolanos que en Colombia estaban en el limbo por el tema de la apostilla.

La Corte Constitucional, en su sentencia T-255/21, ordenó al Ministerio de Educación colombiano que a Roamy se le inaplicara por inconstitucional el requisito de apostilla en el trámite de convalidación del título de bachiller académico. De acuerdo con el alto tribunal colombiano, este proceso.

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“La Sala constata que la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la accionante implica una afectación desproporcionada de su derecho a la educación. Esto, en la medida en que anula su acceso a la educación superior, por cuanto en atención a las circunstancias particulares de su caso concreto no puede obtener su título de bachiller en Colombia”, señala la decisión de la Corte.

Solo un mes después de que la Corte Constitucional fallara a favor de Roamy, el Gobierno colombiano, de la mano con la Embajada de Venezuela en Colombia (del gobierno interino de Juan Guaidó), anunciaron un plan con el que buscan legalizar los títulos venezolanos en el país sin necesidad de la apostilla. Un mecanismo con el que, de acuerdo con Eduardo Battistini, encargado de negocios internacionales del gobierno interino, será gratuito, temporal y en el que esperan se inscriban no solo los bachilleres, sino también aquellos que tengan diplomas en educación superior.

“La medida busca facilitar el tema de la apostilla para todos los venezolanos que hayan conseguido un título en nuestro país, ya sea de bachillerato, técnico o universitario”, asegura Battistini, que explica que el proceso puede durar de uno a dos meses, pues “es de acuerdo con el número de solicitudes que se tengan”.

El 11 de diciembre, Battistini publicó en su cuenta de Twitter que ya la primera ciudadana venezolana obtuvo su certificación universitaria y anunció que 15.000 están en revisión en este momento. Una de esas solicitudes es la de Alexander, quien cuenta que ya se inscribió en la página de la embajada y está a la espera de que, ya con su diploma, el 2022 le traiga mejores oportunidades para él y su familia.

Trabajo realizado en el marco del curso “Puentes de comunicación II”, de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.