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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves 21 de noviembre la discusión de una ley orgánica que busca inhabilitar políticamente a quienes soliciten a otros países, “grupos o asociaciones terroristas”, que impongan sanciones económicas contra la nación caribeña.
El proyecto de “Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, fue aprobado por unanimidad en la plenaria, en la que el presidente de la Cámara, el chavista Jorge Rodríguez, insistió en que la inhabilitación política será perpetua.
El diputado chavista Carlos Mogollón explicó que este proyecto legislativo busca “hacer frente” a las sanciones económicas, que, dijo, “atentan contra los derechos humanos y demás garantías, contrarias al derecho internacional público, la Carta de Naciones Unidas, las normas y principios que conducen las relaciones civilizadas entre los distintos países”.
“La ley especial libertador Simón Bolívar nace como un instrumento jurídico ante el clamor popular de justicia, de un pueblo que en su conjunto ha sido objeto de despiadadas medidas coercitivas unilaterales que se constituyen en delitos de lesa humanidad”, añadió.
Mogollón indicó que el texto busca sancionar a personas, naturales o jurídicas, que, en acuerdo con países, grupos o “asociaciones terroristas”, pidan sanciones contra Venezuela, así como la confiscación de activos públicos que impidan el normal desenvolvimiento “económico, social, cultural o político” de la nación.
El diputado indicó que también se plantean inhabilitaciones políticas para aquellas personas que no “hayan sido nunca funcionarios públicos”, que igualmente se alíen con “potencias extranjeras” para impulsar sanciones.
Entretanto, la diputada chavista Iris Varela propuso que esta ley, que deberá pasar por una segunda discusión en plenaria, debe plantear la anulación de todos los documentos de identificación de las personas a las que se aplique la sanción de inhabilitación.
“No pueden ser privados de su nacionalidad, pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos y yo propongo, formalmente, que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas de esas personas que cometen este tipo de delito (...) y eso sí se puede hacer por vía administrativa”, dijo.
La normativa es presentada luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El miércoles 20 de noviembre, Maduro calificó de “basura” la normativa estadounidense, al tiempo que dijo que líderes de la oposición venezolana que han apoyado el texto están “cometiendo graves delitos internacionales y nacionales”.
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