La Ley Anti-ONG de Venezuela o el fin del espacio cívico

Para entender cuál es el verdadero objetivo que persiguen las autoridades en Venezuela con la recién aprobada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, más conocida como Ley Anti-ONG, basta con leer la exposición de motivos de ese instrumento legal.

Diversas instancias internacionales y organismos defensores de derechos humanos han advertido que la aprobación de la ley responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país, así como cerrar definitivamente el espacio cívico, al tiempo que busca criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a considerar como un delito la cooperación internacional.

Curiosamente, la aprobación de ella se dio solo dos semanas después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio y en medio de una profunda y generalizada represión contra amplios sectores de la sociedad venezolana tras las protestas que se generaron por el fraude que se llevó a cabo. El mensaje a la sociedad fue claro: no se va a permitir el disenso.

La Ley Anti-ONG fue aprobada el pasado 15 de agosto con el supuesto propósito de establecer en relación con las organizaciones civiles “un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento”.

Sin embargo, más allá de esa aparente neutral definición técnica del objetivo que persigue la ley, su propia exposición de motivos comienza señalando que, “desde la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado fomentar el uso de la asociación civil (…) como mecanismo que promueve y desarrolla acciones en determinados países, fomentadas y financiadas desde los centros de poder hegemónico”.

A continuación, se le pone nombre y apellido a esos centros de poder predominantes cuando se señala que desde los años 80 del siglo pasado “Estados Unidos ha desplegado un arsenal de organizaciones específicamente dedicadas a esta tarea. Los ejemplos incluyen: USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), NED (National Endowment for Democracy), así como sus cuatro satélites, Freedom House y Open Society de G. Soros”. Ya sabemos entonces que cualquier organización de la sociedad civil que reciba fondos de alguna de estas instituciones, y seguramente de otras más, quedará fuera del ordenamiento legal.

La Ley Anti-ONG considera que a través de organizaciones como las mencionadas se incide sobre “Estados soberanos, promoviendo acciones como las denominadas primaveras de colores, experimentadas en el Medio Oriente en la pasada década”.

A juicio de los redactores de la ley, las organizaciones de la sociedad civil “dependen casi en exclusiva de la ‘ayuda’ de los gobiernos occidentales, que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención, como se ha visto también en la región”. Se presupone que cualquier financiamiento que provenga del mundo democrático tiene fines intervencionistas.

A esto se añade en el texto que “debe considerarse cómo los agentes económicos y sociales del imperialismo también benefician estas formas de organización, en especial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, USAID y CIDA (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional)”.

La nueva ley indica que “existe una tendencia a abusar de la libertad de asociación mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”. Los promotores de esta legislación muestran su talante autoritario, al pretender demarcar los alcances del derecho de asociación, relacionándolo a los intereses ideológicos del régimen venezolano.

Si bien se admite que el derecho a asociarse está reconocido por la Constitución venezolana, este derecho “no es ilimitado, no está exento de regulaciones ni de límites, en especial, el respeto de la soberanía, del orden público, y no puede desvirtuarse para dar cabida a ninguna estrategia de intervención extranjera”.

La exposición de motivos de la Ley Anti-ONG concluye señalando que “esta legislación permite la armonización de una materia de vital interés público en aras de salvaguardar los intereses nacionales y garantizar el uso transparente y legítimo del derecho de asociación, limitando y castigando tan solo los usos amañados y fraudulentos de estas figuras en contra de los intereses venezolanos”.

Se recurre así al expediente acomodaticio del “interés nacional” para determinar quién podrá o no asociarse en Venezuela, tarea que arbitrariamente le corresponderá realizar al Poder Ejecutivo venezolano, en un país donde, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que vive, muchas de las funciones que le corresponde asumir al Estado han sido sustituidas por la sociedad civil organizada.

* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Investigador principal del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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Para entender cuál es el verdadero objetivo que persiguen las autoridades en Venezuela con la recién aprobada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, más conocida como Ley Anti-ONG, basta con leer la exposición de motivos de ese instrumento legal.

Diversas instancias internacionales y organismos defensores de derechos humanos han advertido que la aprobación de la ley responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país, así como cerrar definitivamente el espacio cívico, al tiempo que busca criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a considerar como un delito la cooperación internacional.

Curiosamente, la aprobación de ella se dio solo dos semanas después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio y en medio de una profunda y generalizada represión contra amplios sectores de la sociedad venezolana tras las protestas que se generaron por el fraude que se llevó a cabo. El mensaje a la sociedad fue claro: no se va a permitir el disenso.

La Ley Anti-ONG fue aprobada el pasado 15 de agosto con el supuesto propósito de establecer en relación con las organizaciones civiles “un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento”.

Sin embargo, más allá de esa aparente neutral definición técnica del objetivo que persigue la ley, su propia exposición de motivos comienza señalando que, “desde la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado fomentar el uso de la asociación civil (…) como mecanismo que promueve y desarrolla acciones en determinados países, fomentadas y financiadas desde los centros de poder hegemónico”.

A continuación, se le pone nombre y apellido a esos centros de poder predominantes cuando se señala que desde los años 80 del siglo pasado “Estados Unidos ha desplegado un arsenal de organizaciones específicamente dedicadas a esta tarea. Los ejemplos incluyen: USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), NED (National Endowment for Democracy), así como sus cuatro satélites, Freedom House y Open Society de G. Soros”. Ya sabemos entonces que cualquier organización de la sociedad civil que reciba fondos de alguna de estas instituciones, y seguramente de otras más, quedará fuera del ordenamiento legal.

La Ley Anti-ONG considera que a través de organizaciones como las mencionadas se incide sobre “Estados soberanos, promoviendo acciones como las denominadas primaveras de colores, experimentadas en el Medio Oriente en la pasada década”.

A juicio de los redactores de la ley, las organizaciones de la sociedad civil “dependen casi en exclusiva de la ‘ayuda’ de los gobiernos occidentales, que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención, como se ha visto también en la región”. Se presupone que cualquier financiamiento que provenga del mundo democrático tiene fines intervencionistas.

A esto se añade en el texto que “debe considerarse cómo los agentes económicos y sociales del imperialismo también benefician estas formas de organización, en especial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, USAID y CIDA (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional)”.

La nueva ley indica que “existe una tendencia a abusar de la libertad de asociación mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”. Los promotores de esta legislación muestran su talante autoritario, al pretender demarcar los alcances del derecho de asociación, relacionándolo a los intereses ideológicos del régimen venezolano.

Si bien se admite que el derecho a asociarse está reconocido por la Constitución venezolana, este derecho “no es ilimitado, no está exento de regulaciones ni de límites, en especial, el respeto de la soberanía, del orden público, y no puede desvirtuarse para dar cabida a ninguna estrategia de intervención extranjera”.

La exposición de motivos de la Ley Anti-ONG concluye señalando que “esta legislación permite la armonización de una materia de vital interés público en aras de salvaguardar los intereses nacionales y garantizar el uso transparente y legítimo del derecho de asociación, limitando y castigando tan solo los usos amañados y fraudulentos de estas figuras en contra de los intereses venezolanos”.

Se recurre así al expediente acomodaticio del “interés nacional” para determinar quién podrá o no asociarse en Venezuela, tarea que arbitrariamente le corresponderá realizar al Poder Ejecutivo venezolano, en un país donde, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que vive, muchas de las funciones que le corresponde asumir al Estado han sido sustituidas por la sociedad civil organizada.

* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Investigador principal del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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