El pasado miércoles 9 de octubre, Colombia fue elegida, por primera vez y con 175 votos, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una instancia para la promoción y garantía de los derechos humanos en la cual se abordan las graves violaciones a estos, formulando recomendaciones sobre cómo mejorar su aplicación sobre el terreno en diversas partes del mundo, como lo reseña la Cancillería. Una responsabilidad que llega cuando la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela se recrudece por la estrategia de represión, coacción y hostigamiento contra la población con la cual el régimen de Nicolás Maduro pretende sostenerse en el poder tras el fraude electoral del pasado 28 de julio.
De los 47 miembros que conforman el Consejo de Derechos Humanos será la representación colombiana la que tendrá la mayor responsabilidad frente a la situación venezolana. La interdependencia fronteriza, el pasado común y ser uno de los pocos países de Suramérica que mantiene relaciones diplomáticas, consulares y “robustos” canales de comunicación con el régimen de Maduro, les confiere a las autoridades del Estado y el gobierno colombiano el deber y la obligación de condenar pública y privadamente la estrategia cívico-militar-policial de represión del chavismo.
Desde la creación del Consejo en 2006 como principal órgano intergubernamental responsable de los derechos humanos los regímenes autoritarios han buscado controlarlo, alentando y promoviendo la llegada de sus aliados para limitar los pronunciamientos y acciones que se puedan desprender de este. El régimen de Maduro debe creer que con la llegada de Colombia al Consejo cuenta con un aliado que le permitirá disipar las denuncias que desde diferentes instancias se hacen contra la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, para lo cual muy seguramente el gobierno venezolano buscará instrumentalizar la relación bilateral y su participación en la negociación de la llamada “Paz Total” del presidente Petro.
Colombia es un país amigo de Venezuela y nuestros pueblos son pueblos hermanos. Y si bien el Estado colombiano debe mantener relaciones con el régimen venezolano, no puede ser un aliado de la dictadura chavista y menos para el encubrimiento de la violación de los derechos humanos.
Como señala la Cancillería: “Ser parte de este Consejo representa una oportunidad invaluable para incidir en la promoción de la vigencia y garantía de los derechos humanos en todo el mundo” y el caso venezolano pondrá a prueba el compromiso del gobierno colombiano con los derechos humanos. Más en la actual coyuntura, en la que el régimen de Nicolás Maduro expande su estrategia de coacción al territorio colombiano.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, tanto colombianas como venezolanas, en la zona de frontera y en las principales ciudades vienen reportando la actuación de cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos en suelo colombiano, en articulación con organizaciones criminales y grupos al margen de la ley como el ELN. Las autoridades del Estado y el gobierno colombiano no pueden en ninguna circunstancia tolerar la expansión de la estrategia de represión del régimen venezolano al territorio nacional.
Colombia tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de proteger a los ciudadanos venezolanos que huyen de la represión, más ahora que hace parte del Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente en los dos últimos años Colombia ya no es un territorio seguro para la oposición, las “extracciones” y operaciones de vigilancia y hostigamiento por actores vinculados al régimen chavista en suelo colombiano han llevado a la salida de varios líderes opositores a terceros países, como Estados Unidos y España. Incluso líderes de organizaciones sociales venezolanas en Colombia han salido discretamente en programas como el de “Movilidad Segura”, por el riesgo que corren en Colombia.
Declaraciones públicas de Nicolás Maduro y Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en alusión a los “amigos” con los que cuentan en Colombia y dejando entre líneas que tienen capacidad de acción en territorio nacional, confirman los reportes que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander ya no son espacios seguros para opositores venezolanos que huyen del régimen, y según estas organizaciones el accionar de los “amigos” de Maduro cada vez está más presente en Bogotá.
El discurso ambiguo de algunos actores políticos colombianos cercanos al gobierno del presidente Petro para exculpar la violación de derechos humanos en Venezuela alimentan la impunidad con la que el régimen venezolano pretende actuar en Colombia. La violación de derechos humanos en Venezuela ya es un hecho grave, el cual el Estado colombiano debe condenar más ahora que hace parte del Consejo sobre la materia, pero no se puede tolerar la expansión de la estrategia cívico-militar-policial de coacción a territorio colombiano.
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Ronal Rodríguez es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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