Los niños y los jóvenes en la mira de Nicolás Maduro

Mal debe estar un régimen político si tiene que valerse de reprimir a sangre y fuego a sus niñas, niños y adolescentes para mantenerse en el poder a como dé lugar. Es el caso de Venezuela, donde, a raíz del desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por parte del gobierno de Nicolás Maduro, se ha recurrido a detener, torturar y procesar judicialmente a decenas de menores de edad.

Se trata de una estrategia con la clara intención de generar miedo entre los jóvenes y sus familias para desmovilizarlos y evitar así que protesten como lo hicieron en los días posteriores a los cuestionados comicios. La fuerte e indiscriminada represión desatada por las autoridades venezolanas mereció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la calificara de terror de Estado y que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela denunciase que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Al día de hoy continúan apresados en Venezuela 69 adolescentes entre 14 y 17 años, según la ONG Foro Penal, aunque las detenciones de menores de edad inicialmente sobrepasaron ampliamente las 100, pues algunos de ellos han sido excarcelados bajo la condición de presentarse semanalmente en tribunales y la prohibición de salida del país.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela indicó en un comunicado que los niños y adolescentes detenidos no están recibiendo las medidas especiales de protección que exigen el derecho internacional y la Ley Orgánica para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna).

La presidenta de esta Misión de la ONU, Marta Valiñas, ha indicado que las audiencias donde los menores fueron presentados fueron realizadas sin la presencia de sus padres ni asistencia legal, así como tampoco de organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.

Las torturas de las que han sido objeto los niños y adolescentes trascendieron cuando tras varias semanas de aislamiento fueron autorizadas las primeras visitas de sus madres y padres, quienes denunciaron que encontraron a sus hijos con bajo peso, sin piezas dentales y con las tetillas quemadas, lo que indica que habrían recibido descargas eléctricas.

El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela da cuenta de al menos un caso de violencia sexual a una menor, detenida porque estaba pasando cerca de una protesta y fue víctima de manoseos estando embarazada.

Los menores de edad están siendo llevados a juicio en tribunales penales con competencia en terrorismo, acusados de delitos como terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública, lo que les acarrearía largas condenas de ser encontrados culpables.

Los familiares también han denunciado que a los jóvenes los han coaccionado a grabar videos para autoincriminarse con la versión de que les habrían ofrecido pagos para protestar tras las elecciones. En este sentido, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó que los detenidos están siendo obligados a declararse culpables durante las audiencias preliminares.

Los testimonios que madres y padres dan a conocer muestran claramente que los adolescentes apresados, además de haber sido detenidos injustamente, están aterrados por las condiciones de reclusión y no comprenden con exactitud por qué los tienen recluidos.

Una madre de nombre Theany pidió a los fiscales y al juez que asuman el caso que se pongan la mano en el corazón, según reseña el medio France 24: “De verdad, piensen en el daño tan grande que les hacen a personas inocentes. Lo que agarraron fue a gente pobre que no tiene cómo defenderse. Mi hijo ni tiene redes sociales, porque yo no tengo plata para comprarle un celular. Lo que están haciendo es injusto”.

Otra madre dijo que su hijo le preguntó: “Mami, ¿qué significa fascista?”, refiriéndose a una de las acusaciones que el gobierno de Nicolás Maduro endilga a sus opositores. Otra progenitora, refiriéndose a la desesperación que asola a su hijo relató: “Me dice que se quiere morir”.

El gobierno venezolano no ha puesto mucho empeño en negar las denuncias y más bien pareciera que quiere justificar su actuar, como se desprende de las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y segundo en la jerarquía del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello: “Andan buscando la impunidad. Para seguir usando niños más adelante”, dijo. Agregó: “Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó la impunidad. Vayan a reclamarle a quien los metió en eso, a quien los puso a quemar escuelas, a asesinar personas”, afirmó en su programa televisivo Con el mazo dando.

El presidente venezolano insistió en su programa televisivo Con Maduro en el carácter terrorista de estos jóvenes, pero en lo que se puede interpretar como una reacción defensiva ante las fuertes críticas que se han expresado en amplios sectores en todo el país por el apresamiento de los menores de edad y tras las protestas que están llevando a cabo sus madres que han venido organizándose para ello, solicitó al fiscal general de Venezuela y a los jueces del país que se rectifiquen y revisen algunos casos donde se haya producido algún error procedimental.

Las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra niños y adolescentes son gravísimas y están a la altura de las violaciones de derechos humanos cometidas por dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet en Chile o la de los militares argentinos en el siglo pasado de las que el régimen venezolano se declara, en el papel, contrario.

Los gobiernos democráticos del mundo y, especialmente, aquellos de la región americana, sea cual sea su orientación ideológica, no pueden pasar por alto unos hechos como los relatados que ponen en entredicho la vida y dignidad de sus ciudadanos.

Consulta el Radar Colombia Venezuela aquí.

* Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Investigador principal del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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Mal debe estar un régimen político si tiene que valerse de reprimir a sangre y fuego a sus niñas, niños y adolescentes para mantenerse en el poder a como dé lugar. Es el caso de Venezuela, donde, a raíz del desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por parte del gobierno de Nicolás Maduro, se ha recurrido a detener, torturar y procesar judicialmente a decenas de menores de edad.

Se trata de una estrategia con la clara intención de generar miedo entre los jóvenes y sus familias para desmovilizarlos y evitar así que protesten como lo hicieron en los días posteriores a los cuestionados comicios. La fuerte e indiscriminada represión desatada por las autoridades venezolanas mereció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la calificara de terror de Estado y que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela denunciase que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Al día de hoy continúan apresados en Venezuela 69 adolescentes entre 14 y 17 años, según la ONG Foro Penal, aunque las detenciones de menores de edad inicialmente sobrepasaron ampliamente las 100, pues algunos de ellos han sido excarcelados bajo la condición de presentarse semanalmente en tribunales y la prohibición de salida del país.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela indicó en un comunicado que los niños y adolescentes detenidos no están recibiendo las medidas especiales de protección que exigen el derecho internacional y la Ley Orgánica para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna).

La presidenta de esta Misión de la ONU, Marta Valiñas, ha indicado que las audiencias donde los menores fueron presentados fueron realizadas sin la presencia de sus padres ni asistencia legal, así como tampoco de organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.

Las torturas de las que han sido objeto los niños y adolescentes trascendieron cuando tras varias semanas de aislamiento fueron autorizadas las primeras visitas de sus madres y padres, quienes denunciaron que encontraron a sus hijos con bajo peso, sin piezas dentales y con las tetillas quemadas, lo que indica que habrían recibido descargas eléctricas.

El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela da cuenta de al menos un caso de violencia sexual a una menor, detenida porque estaba pasando cerca de una protesta y fue víctima de manoseos estando embarazada.

Los menores de edad están siendo llevados a juicio en tribunales penales con competencia en terrorismo, acusados de delitos como terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública, lo que les acarrearía largas condenas de ser encontrados culpables.

Los familiares también han denunciado que a los jóvenes los han coaccionado a grabar videos para autoincriminarse con la versión de que les habrían ofrecido pagos para protestar tras las elecciones. En este sentido, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó que los detenidos están siendo obligados a declararse culpables durante las audiencias preliminares.

Los testimonios que madres y padres dan a conocer muestran claramente que los adolescentes apresados, además de haber sido detenidos injustamente, están aterrados por las condiciones de reclusión y no comprenden con exactitud por qué los tienen recluidos.

Una madre de nombre Theany pidió a los fiscales y al juez que asuman el caso que se pongan la mano en el corazón, según reseña el medio France 24: “De verdad, piensen en el daño tan grande que les hacen a personas inocentes. Lo que agarraron fue a gente pobre que no tiene cómo defenderse. Mi hijo ni tiene redes sociales, porque yo no tengo plata para comprarle un celular. Lo que están haciendo es injusto”.

Otra madre dijo que su hijo le preguntó: “Mami, ¿qué significa fascista?”, refiriéndose a una de las acusaciones que el gobierno de Nicolás Maduro endilga a sus opositores. Otra progenitora, refiriéndose a la desesperación que asola a su hijo relató: “Me dice que se quiere morir”.

El gobierno venezolano no ha puesto mucho empeño en negar las denuncias y más bien pareciera que quiere justificar su actuar, como se desprende de las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y segundo en la jerarquía del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello: “Andan buscando la impunidad. Para seguir usando niños más adelante”, dijo. Agregó: “Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó la impunidad. Vayan a reclamarle a quien los metió en eso, a quien los puso a quemar escuelas, a asesinar personas”, afirmó en su programa televisivo Con el mazo dando.

El presidente venezolano insistió en su programa televisivo Con Maduro en el carácter terrorista de estos jóvenes, pero en lo que se puede interpretar como una reacción defensiva ante las fuertes críticas que se han expresado en amplios sectores en todo el país por el apresamiento de los menores de edad y tras las protestas que están llevando a cabo sus madres que han venido organizándose para ello, solicitó al fiscal general de Venezuela y a los jueces del país que se rectifiquen y revisen algunos casos donde se haya producido algún error procedimental.

Las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra niños y adolescentes son gravísimas y están a la altura de las violaciones de derechos humanos cometidas por dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet en Chile o la de los militares argentinos en el siglo pasado de las que el régimen venezolano se declara, en el papel, contrario.

Los gobiernos democráticos del mundo y, especialmente, aquellos de la región americana, sea cual sea su orientación ideológica, no pueden pasar por alto unos hechos como los relatados que ponen en entredicho la vida y dignidad de sus ciudadanos.

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* Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Investigador principal del Radar Colombia Venezuela, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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