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Este jueves, 20 de marzo, cinco colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado (Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos) cumplieron un año refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, en medio de una crisis diplomática y de derechos humanos que sigue sin resolverse. El equipo exige salvoconductos para salir del país y mayor intervención del cuerpo diplomático, mientras denuncian acoso y precariedad dentro de la sede.
La crisis empezó en marzo de 2024, cuando seis miembros del comando de campaña opositor ingresaron a la residencia diplomática argentina buscando protección ante la persecución del Gobierno de Nicolás Maduro, que en ese momento encarcelaba a decenas de colaboradores de la oposición. Ocho días después, Argentina les otorgó el estatus de refugiados, y el 29 de marzo de 2024 les fueron entregados documentos para un salvoconducto que nunca se hizo efectivo.
El panorama se agravó en agosto, cuando, tras las elecciones presidenciales con denuncias de fraude y sin resultados oficiales claros, Argentina rompió relaciones con Venezuela. Desde entonces, los refugiados denuncian un cerco creciente, con cortes de servicios básicos y amenazas de ingreso a la residencia.
Magalli Meda, jefa de campaña de Machado y una de las refugiadas, afirma que han sufrido 118 días sin electricidad, acceso limitado al agua y cuatro asedios policiales.
“Nosotros sentimos que nos usaron como una demostración para Edmundo González Urrutia de que no iba a estar seguro en ninguna embajada”, dice Meda.
La residencia oficial argentina, ubicada en una calle poco transitada de Caracas, se encuentra rodeada por vigilancia permanente. Al lado está la embajada de Rusia, y en otra vivienda privada cercana se ha instalado un puesto de vigilancia de las fuerzas de seguridad venezolanas. Un trabajador de la residencia fue detenido y se desconoce su paradero, mientras que los diplomáticos brasileños encargados de la sede no han podido acceder.
En diciembre, uno de los refugiados, Fernando Martínez Mottola, decidió entregarse a las autoridades y fue puesto bajo arresto domiciliario, donde falleció en febrero.
Desde Madrid, opositores venezolanos han pedido al Gobierno español que intervenga para garantizar la salida de los refugiados y denunciar su situación.
“Estamos haciendo todas las gestiones diplomáticas necesarias (...) queremos la intervención del ministro José Manuel Albares para que nos permita justamente seguir haciendo gestiones para lograr el salvoconducto de nuestros compañeros y la salida segura del país”, manifestó María Gabriela Olavarría, coordinadora de Comando con Venezuela España.
María Corina Machado y Magalli Meda han instado a la comunidad internacional a actuar, exigiendo que se envíe una comisión diplomática junto con representantes de la Iglesia para constatar las condiciones en las que se encuentran.
“La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado”, expresó Meda. “Es inconcebible que nadie haya venido a verificar nuestra situación y la de esta sede diplomática”.
Mientras tanto, el bloqueo a la embajada sigue en pie, y el destino de los refugiados continúa en incertidumbre, atrapados en un limbo diplomático sin solución a la vista.
“Esta situación se agrava cada día más, se agrava su situación física, mental, emocional y realmente ya lo que se vive allí es insostenible”, agregó Olavarría.
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