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Desde que Nicolás Maduro resultó reelecto en Venezuela, tras la certificación de autoridades chavistas afines a él, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de los reclamos de fraude de la oposición, los pasaportes de al menos 40 personas, entre periodistas y activistas, fueron cancelados. Así lo denunció Laboratorio de Paz, un grupo de derechos humanos con sede en Caracas, que cree que el número puede ser mayor. En medio de la represión poselectoral, la organización cree que el miedo puede hacer que no se conozca la cifra real.
“A diferencia del asesinato o la tortura, que tienen un mayor costo político, el Gobierno ha descubierto que la cancelación de pasaportes es una forma efectiva de neutralizar y silenciar las voces críticas con un mínimo esfuerzo”, le dijo al Financial Times Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz. Y es que los datos que las organizaciones sociales están recogiendo tras los comicios presidenciales, llevados a cabo el pasado 28 de julio, son preocupantes. Foro Penal, por ejemplo, contabiliza 1.916 presos políticos, la mayoría de los cuales (1.784) se han registrado después de la cita en las urnas.
Con el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, desde donde hace pocos días se proclamó presidente, y María Corina Machado dentro de Venezuela, pero en la clandestinidad, el régimen de Nicolás Maduro está tomando medidas cada vez más estrictas para hacerle frente a las protestas antigubernamentales. Prueba de ello es la ley contra las ONG, la cual restringe la libertad de asociación en el país.
Aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aquella ordena a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio del Interior para notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”. La ONG Acceso a la Justicia, por ejemplo, dijo que esta ley busca “tener una sociedad civil callada y poco consciente de sus derechos”.
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