Venezuela confirmó la reapertura de la oficina de DD. HH. de la ONU tras críticas
En medio del reclamo del fiscal de la Corte Penal Internacional de que el régimen de Nicolás Maduro debía facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expulsada hace unos meses, el oficialismo aseguró en un comunicado que esta entró en funciones en noviembre.
El Gobierno de Venezuela confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.
A través de un comunicado, el Gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien instó el lunes a Caracas a permitir que los representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido “previamente por escrito”, y urgió al Ejecutivo a “cooperar de manera más tangible” con la Fiscalía del tribunal internacional.
Venezuela consideró “preocupante” que el fiscal de la CPI “no haya sido puesto al tanto de estos avances”, al asegurar que la reactivación de la oficina de Acnudh fue concretada el pasado noviembre. El país suramericano aseguró que ha informado “oportuna y ampliamente” a dicha Fiscalía sobre “todas las medidas adoptadas en el orden interno” para avanzar en el “cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos”.
En febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, al considerar que “instrumentalizaron” su trabajo en contra del Ejecutivo. Sin embargo, dos meses después, Maduro invitó a la entidad a que volviera a Venezuela y propuso superar “las diferencias”, una vuelta que se concretó más de medio año después.
El discurso del fiscal de la CPI y la reacción de la oposición venezolana
El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo el lunes que el discurso del fiscal de la Corte Penal Internacional confirma las “violaciones a los derechos humanos” en el país, luego de que el funcionario del alto tribunal reprendiera al Estado por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles. El llamado del grupo, a través de X, fue este: “Importantes declaraciones para todos los venezolanos que clamamos justicia y libertad. Todas las víctimas del Estado venezolano merecen justicia ya. CPI actúa ya por Venezuela”.
Asimismo, aseguró que el sistema judicial de Venezuela “no ha aplicado las recomendaciones de la CPI” y afirmó que las “violaciones” de los derechos humanos se siguen cometiendo tras las presidenciales del 28 de julio, cuando el bloque opositor denunció “fraude” en el resultado oficial, que dio como resultado la reelección de Nicolás Maduro. En respuesta, se desataron protestas masivas y, en este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía señala de causar “vandalismo” y “violencia”, mientras la PUD acusa a los cuerpos de seguridad estatales de reprimir a la disidencia y varias ONG aseguran que varios de los apresados no participaron en las manifestaciones.
En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, el fiscal Khan señaló a Venezuela “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, y lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas” que esperaba. Advirtió, además, que las investigaciones de la Fiscalía de la CPI “siguen en curso y están activas”.
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El Gobierno de Venezuela confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.
A través de un comunicado, el Gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien instó el lunes a Caracas a permitir que los representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido “previamente por escrito”, y urgió al Ejecutivo a “cooperar de manera más tangible” con la Fiscalía del tribunal internacional.
Venezuela consideró “preocupante” que el fiscal de la CPI “no haya sido puesto al tanto de estos avances”, al asegurar que la reactivación de la oficina de Acnudh fue concretada el pasado noviembre. El país suramericano aseguró que ha informado “oportuna y ampliamente” a dicha Fiscalía sobre “todas las medidas adoptadas en el orden interno” para avanzar en el “cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos”.
En febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, al considerar que “instrumentalizaron” su trabajo en contra del Ejecutivo. Sin embargo, dos meses después, Maduro invitó a la entidad a que volviera a Venezuela y propuso superar “las diferencias”, una vuelta que se concretó más de medio año después.
El discurso del fiscal de la CPI y la reacción de la oposición venezolana
El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo el lunes que el discurso del fiscal de la Corte Penal Internacional confirma las “violaciones a los derechos humanos” en el país, luego de que el funcionario del alto tribunal reprendiera al Estado por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles. El llamado del grupo, a través de X, fue este: “Importantes declaraciones para todos los venezolanos que clamamos justicia y libertad. Todas las víctimas del Estado venezolano merecen justicia ya. CPI actúa ya por Venezuela”.
Asimismo, aseguró que el sistema judicial de Venezuela “no ha aplicado las recomendaciones de la CPI” y afirmó que las “violaciones” de los derechos humanos se siguen cometiendo tras las presidenciales del 28 de julio, cuando el bloque opositor denunció “fraude” en el resultado oficial, que dio como resultado la reelección de Nicolás Maduro. En respuesta, se desataron protestas masivas y, en este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía señala de causar “vandalismo” y “violencia”, mientras la PUD acusa a los cuerpos de seguridad estatales de reprimir a la disidencia y varias ONG aseguran que varios de los apresados no participaron en las manifestaciones.
En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, el fiscal Khan señaló a Venezuela “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, y lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas” que esperaba. Advirtió, además, que las investigaciones de la Fiscalía de la CPI “siguen en curso y están activas”.
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