Proyecciones 2025: Venezuela y el galimatías del 10 de enero

La masiva participación de la ciudadanía venezolana en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y el amplio triunfo conseguido por la oposición democrática sobre el gobierno de Nicolás Maduro mostraron claramente que el espíritu democrático y la aspiración a un cambio político en el país están presentes con fuerza en la mayoría de la población. Ese es quizás el más poderoso activo con que cuentan los sectores opositores, y no en vano el gobierno se vio obligado a perpetrar un masivo fraude electoral, develado y demostrado, actas en mano, por los partidos democráticos, que ha generado que al menos por el momento una gran mayoría de los países del hemisferio occidental se hayan abstenido de reconocer el triunfo que se ha abrogado Maduro.

El fraude ha sido seguido por una brutal represión que en los tres primeros días tras los comicios dejó casi 30 muertos y ha llevado a prisión a cerca de dos mil personas, hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, padres e hijos, matrimonios e incluso una joven embarazada, quienes han sido sometidos a malos tratos, traslados constantes de una cárcel a otra e impedimentos para que puedan recibir asistencia legal privada. Una de las expresiones más dantescas de esta violencia estatal ha sido la muerte de tres de los detenidos, bien sea por falta de atención médica o por circunstancias que aún están por aclarar, lo que contraviene la obligación que tiene el gobierno venezolano de garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad que estén bajo su custodia.

Esta política represiva, tendiente a generar temor en la población con miras a dificultar su movilización, se ha convertido a su vez en el mayor activo gubernamental que, aunado al férreo control que mantiene sobre todo el aparato institucional del país ha logrado, con éxito por los momentos, reducir las protestas a su mínima expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó esto al categorizar como “terrorismo de Estado” lo que está ocurriendo en Venezuela. Maduro hizo gala de manera muy cínica en su programa televisivo “Con Maduro +” a la poca gente que ha seguido las convocatorias a protestar de la líder opositora María Corina Machado. “Ella regresó (del exterior) y pensó que iba a movilizar a un millón de personas en Caracas, pero el gran fracaso fue tan estrepitoso, que cayó en depresión”, afirmó el mandatario venezolano como si en el país se viviese en libertad y con plenas garantías.

Así las cosas, pareciera que el actual inquilino del Palacio de Miraflores seguramente podrá, consumando el fraude, renovar el 10 de enero de 2025 su mandato para el período 2025-2031. Pero después de todo lo sucedido en Venezuela luce poco probable que todo siga igual y es posible que Maduro tenga que enfrentar muchas dificultades que las que ha tenido que vivir hasta ahora.

Para empezar, el fraude fue presenciado en primera fila por los propios militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y dirigentes de organizaciones sociales afines, así como por los militares que actuaron como custodios de las elecciones. Todos ellos están al tanto de que los resultados fueron alterados de manera burda y han visto desde primera fila que el chavismo ha pasado a ser una minoría. Esta situación podría incidir en un creciente desgaste de la base social que ha tenido el régimen y en el desajuste de las alianzas que le han permitido mantenerse en el poder, entre ellos los militares, que en estos momentos de horas bajas sean quizás el más fuerte sostén con el que cuenta el gobierno. Por eso no todo estará dicho en caso de que Maduro se juramente el 10 de enero, pues si ese fuese el caso, estaría surgiendo un gobierno sumamente debilitado en el frente interno, desconocido por gran parte de la comunidad internacional, al menos la democrática, y que solo podrá sostenerse continuando la actual ola represiva que le generará costos muy grandes.

La oposición que Machado lidera actualmente tendrá también que jugar muy bien sus cartas, empezando por mantener la unidad entre sus filas, hoy garantizada en el corto plazo por el arrollador triunfo que obtuvo en las primarias y el prestigio que ha adquirido dentro y fuera de Venezuela, pero que, a la luz de los años recientes, cuando se ha visto envuelta en luchas intestinas y grandes diferencias internas, nadie se atrevería a asegurar.

Otro factor de riesgo para la oposición viene dado por el anuncio hecho por el candidato ganador de los comicios presidenciales (según ha quedado demostrado con las actas presentadas públicamente), Edmundo González, quien ha dicho repetidamente que regresará al país desde su exilio para juramentarse el 10 de enero, un movimiento de gran riesgo pues el gobierno ha asegurado que lo apresará

De no concretarse esta promesa de González Urrutia, las consecuencias para la moral de las fuerzas opositoras y la población que ha votado por el cambio serían devastadoras, a no ser que entre los planes del tándem Machado-González Urrutia esté contemplada la opción de que el candidato opositor sea efectivamente detenido para convertirlo en un mártir de la democracia o que en ocasión del día de la toma de posesión se desencadenen acontecimientos que fuercen al actual presidente venezolano a ceder.

En el frente exterior habría que hacer el balance de qué gobiernos reconocen o no a Maduro en el caso de que llegue incólume al 10 de enero, así como el estado en que quedarían las relaciones diplomáticas de Venezuela con el mundo y especialmente la región, lo que daría una idea del nivel de aislamiento con que comenzaría su nuevo período presidencial. Colombia y Brasil, dos países fronterizos que se han empeñado en buscar una salida a la crisis venezolana, ya han anunciado que no romperán relaciones, pero ambos gobiernos se han abstenido hasta el momento de reconocer el supuesto triunfo de Maduro ante su decisión de no mostrar las actas. Habrá que ver cómo resuelven esta aparente contradicción.

Las otras incógnitas por despejar son el camino que tomará la administración saliente de Estados Unidos, que estará al mando de la Casa Blanca el 20 de enero, y las políticas hacia Venezuela que emprenderá Donald Trump a partir de esa fecha. Después de haber ensayado la opción de la negociación que desembocó en las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Biden le ha venido apretando las tuercas a Maduro para que reconozca su derrota y facilite una transición democrática. No se sabe si el presidente electo seguirá con las posiciones duras que abanderó en su pasada administración o si buscará algún entendimiento a cambio de que Venezuela reciba a los migrantes venezolanos que quiere expulsar de Estados Unidos.

* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario e investigador principal del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.

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La masiva participación de la ciudadanía venezolana en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y el amplio triunfo conseguido por la oposición democrática sobre el gobierno de Nicolás Maduro mostraron claramente que el espíritu democrático y la aspiración a un cambio político en el país están presentes con fuerza en la mayoría de la población. Ese es quizás el más poderoso activo con que cuentan los sectores opositores, y no en vano el gobierno se vio obligado a perpetrar un masivo fraude electoral, develado y demostrado, actas en mano, por los partidos democráticos, que ha generado que al menos por el momento una gran mayoría de los países del hemisferio occidental se hayan abstenido de reconocer el triunfo que se ha abrogado Maduro.

El fraude ha sido seguido por una brutal represión que en los tres primeros días tras los comicios dejó casi 30 muertos y ha llevado a prisión a cerca de dos mil personas, hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, padres e hijos, matrimonios e incluso una joven embarazada, quienes han sido sometidos a malos tratos, traslados constantes de una cárcel a otra e impedimentos para que puedan recibir asistencia legal privada. Una de las expresiones más dantescas de esta violencia estatal ha sido la muerte de tres de los detenidos, bien sea por falta de atención médica o por circunstancias que aún están por aclarar, lo que contraviene la obligación que tiene el gobierno venezolano de garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad que estén bajo su custodia.

Esta política represiva, tendiente a generar temor en la población con miras a dificultar su movilización, se ha convertido a su vez en el mayor activo gubernamental que, aunado al férreo control que mantiene sobre todo el aparato institucional del país ha logrado, con éxito por los momentos, reducir las protestas a su mínima expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó esto al categorizar como “terrorismo de Estado” lo que está ocurriendo en Venezuela. Maduro hizo gala de manera muy cínica en su programa televisivo “Con Maduro +” a la poca gente que ha seguido las convocatorias a protestar de la líder opositora María Corina Machado. “Ella regresó (del exterior) y pensó que iba a movilizar a un millón de personas en Caracas, pero el gran fracaso fue tan estrepitoso, que cayó en depresión”, afirmó el mandatario venezolano como si en el país se viviese en libertad y con plenas garantías.

Así las cosas, pareciera que el actual inquilino del Palacio de Miraflores seguramente podrá, consumando el fraude, renovar el 10 de enero de 2025 su mandato para el período 2025-2031. Pero después de todo lo sucedido en Venezuela luce poco probable que todo siga igual y es posible que Maduro tenga que enfrentar muchas dificultades que las que ha tenido que vivir hasta ahora.

Para empezar, el fraude fue presenciado en primera fila por los propios militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y dirigentes de organizaciones sociales afines, así como por los militares que actuaron como custodios de las elecciones. Todos ellos están al tanto de que los resultados fueron alterados de manera burda y han visto desde primera fila que el chavismo ha pasado a ser una minoría. Esta situación podría incidir en un creciente desgaste de la base social que ha tenido el régimen y en el desajuste de las alianzas que le han permitido mantenerse en el poder, entre ellos los militares, que en estos momentos de horas bajas sean quizás el más fuerte sostén con el que cuenta el gobierno. Por eso no todo estará dicho en caso de que Maduro se juramente el 10 de enero, pues si ese fuese el caso, estaría surgiendo un gobierno sumamente debilitado en el frente interno, desconocido por gran parte de la comunidad internacional, al menos la democrática, y que solo podrá sostenerse continuando la actual ola represiva que le generará costos muy grandes.

La oposición que Machado lidera actualmente tendrá también que jugar muy bien sus cartas, empezando por mantener la unidad entre sus filas, hoy garantizada en el corto plazo por el arrollador triunfo que obtuvo en las primarias y el prestigio que ha adquirido dentro y fuera de Venezuela, pero que, a la luz de los años recientes, cuando se ha visto envuelta en luchas intestinas y grandes diferencias internas, nadie se atrevería a asegurar.

Otro factor de riesgo para la oposición viene dado por el anuncio hecho por el candidato ganador de los comicios presidenciales (según ha quedado demostrado con las actas presentadas públicamente), Edmundo González, quien ha dicho repetidamente que regresará al país desde su exilio para juramentarse el 10 de enero, un movimiento de gran riesgo pues el gobierno ha asegurado que lo apresará

De no concretarse esta promesa de González Urrutia, las consecuencias para la moral de las fuerzas opositoras y la población que ha votado por el cambio serían devastadoras, a no ser que entre los planes del tándem Machado-González Urrutia esté contemplada la opción de que el candidato opositor sea efectivamente detenido para convertirlo en un mártir de la democracia o que en ocasión del día de la toma de posesión se desencadenen acontecimientos que fuercen al actual presidente venezolano a ceder.

En el frente exterior habría que hacer el balance de qué gobiernos reconocen o no a Maduro en el caso de que llegue incólume al 10 de enero, así como el estado en que quedarían las relaciones diplomáticas de Venezuela con el mundo y especialmente la región, lo que daría una idea del nivel de aislamiento con que comenzaría su nuevo período presidencial. Colombia y Brasil, dos países fronterizos que se han empeñado en buscar una salida a la crisis venezolana, ya han anunciado que no romperán relaciones, pero ambos gobiernos se han abstenido hasta el momento de reconocer el supuesto triunfo de Maduro ante su decisión de no mostrar las actas. Habrá que ver cómo resuelven esta aparente contradicción.

Las otras incógnitas por despejar son el camino que tomará la administración saliente de Estados Unidos, que estará al mando de la Casa Blanca el 20 de enero, y las políticas hacia Venezuela que emprenderá Donald Trump a partir de esa fecha. Después de haber ensayado la opción de la negociación que desembocó en las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Biden le ha venido apretando las tuercas a Maduro para que reconozca su derrota y facilite una transición democrática. No se sabe si el presidente electo seguirá con las posiciones duras que abanderó en su pasada administración o si buscará algún entendimiento a cambio de que Venezuela reciba a los migrantes venezolanos que quiere expulsar de Estados Unidos.

* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario e investigador principal del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.

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