Hace 20 años, cuando ocurrió el derrumbe en el relleno Doña Juana, se estimó que al menos 30.000 personas, que vivían o trabajaban en siete veredas y 900 barrios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, resultaron afectadas. Hoy la cifra sorprende: 613.000 personas creen que tienen derecho a una indemnización. (LEA: El drama de vivir a 200 metros de Doña Juana)
Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, en la que después de una larga batalla jurídica, condenó en 2012 al Distrito a reparar a las víctimas del desastre ambiental.
El alto tribunal obligó a la administración a pagar $228.000 millones a todos los afectados, tanto a los 1.472 que promovieron la acción popular (quienes ya fueron indemnizados), como a aquellos que no participaron de la demanda. (LEA: 20 años de una tragedia que no se supera)
Para estos últimos, el fallo dejó una puerta abierta para que se pudieran adherir a la sentencia. El trámite quedó en manos de la Defensoría del Pueblo, que hasta abril de 2015 recibió las solicitudes de las personas que en 1997 vivían, trabajaban o estudiaban en la zona afectada.
En principio, se esperaba que no más de 60.000 personas llegaran a hacer valer sus derechos. Sin embargo, la situación se desbordó. Al final se inscribieron 631.000, buscando acceder a la indemnización. Un proceso, que debió haber terminado el año pasado, hoy se encuentra apenas en la segunda de las siete fases que implica el trámite, debido al alto volumen de reclamantes. (Galería: Así fue el derrumbe registrado hace 20 años)
“La cantidad de gente que se adhirió a la sentencia desbordó nuestras capacidades. Recibimos los documentos, pero tuvimos que hacer un convenio con la Universidad Nacional para revisarlos y así verificar quiénes podrán ingresar en la lista de beneficiarios”, explicó la entidad.
Para la verificación de documentos se estableció un plazo de 24 meses, el cual debe terminar a finales de este año. A partir de ese momento se realizará la publicación de los listados de admitidos; se resolverán reclamaciones, y se darán las instrucciones para continuar el proceso. “Por ahora, hasta que no revisemos las 631.000 solicitudes de adhesión y determine quiénes son los beneficiarios, no puede iniciar los pagos”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
1. ¿Quiénes van a recibir la indemnización?
Serán dos grupos de personas. El primero es el integrado por los ciudadanos reconocidos como afectados en la sentencia y quienes ya recibieron su pago (1.472 personas). El segundo lo integrarán quienes entregaron documentos a la Defensoría del Pueblo antes del 21 de abril de 2015 y que demuestren haber sufrido el daño. Los que no entregaron documentos, ya no podrán adherirse al proceso.
2. Luego de haber entregado toda la documentación para adherirme ¿qué pasos siguen?
La Defensoría se encuentra en el proceso de digitalización y verificación de documentos. A cada caso se le asignará un de radicado, que será la única constancia de que la solicitud reposa en la entidad. Esto no implica que lo hayan reconocido como beneficiario.
3. ¿Cuándo sabrán a quienes reconocen como beneficiario?
Luego del análisis detallado de cada solicitud, la entidad emitirá un único acto administrativo donde aparecerá la lista de los beneficiarios que conformarán el segundo grupo.
4. ¿Qué pasa si no me asignaron número de radicado?
Si todavía no ha sido asignado un número de radicado es porque a la fecha no ha culminado el proceso, por lo tanto deberá esperar a que este proceso culmine.
5. ¿Cuándo se le va a pagar la indemnización a las personas que probaron haber sido afectadas?
Cuando la Defensoría finalice el estudio y determine quién es beneficiario de la indemnización procederá de inmediato a efectuar el pago. A todos los interesados se les informará en su momento a través de un único acto administrativo con la lista definitiva de todos los beneficiarios.
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