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No cesa el debate alrededor de la renovación de la flota de las Fases I y II de Transmilenio (TM) y la llegada o no de buses con energías limpias (gas y electricidad) al sistema. Desde que se conocieron los prepliegos de la licitación, múltiples voces expresaron su preocupación por los términos en que estaba planteado el proceso: académicos, concejales, entes de control, activistas ambientales y hasta congresistas presionaron al Distrito para que diera más espacio a la llegada de buses limpios, y fue así que TM decidió aumentar de 50 a 200 el puntaje para los oferentes de articulados y biarticulados que no sean diésel. (LEA: Licitación de TM: última lucha de las tecnologías limpias para competir)
Y aunque ahí pareció quedar zanjada la polémica, nuevamente se escuchan reparos que apuntan a que las condiciones de la licitación no son óptimas para la participación de las tecnologías limpias. Luego de las observaciones por la fórmula para otorgar el puntaje en la licitación, ahora advierten que habría irregularidades en los incentivos tributarios para los buses eléctricos y a gas. El jueves, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) envió una carta a TM con una serie de comentarios sobre estos beneficios establecidos para los proyectos de eficiencia energética. La UPME hace referencia a la eliminación de aranceles que aprobó el Gobierno para incentivar la llegada de vehículos eléctricos e híbridos al país.
Por eso, la UPME cuestionó que en los términos de la licitación se haya incluido la obligación del concesionario que proveerá la flota de trasladar al Fondo de Estabilización Tarifaria del Distrito el monto equivalente al beneficio tributario obtenido.
Según se lee en la carta enviada por Ricardo Humberto Ramírez, director de la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, a la gerente de TM, Consuelo Araújo, “no es claro cuál es el sustento legal en el cual se pretende obligar al concesionario a entregar al Fondo de Estabilización Tarifaria o en general a la bolsa de ingresos del sistema una cantidad de dinero inexistente ya que el Certificado de Beneficio Ambiental es justamente para acceder a la exclusión del IVA y no se trata de una devolución”.
La UPME, además, cuestionó si es posible modificar la naturaleza del impuesto mediante un contrato de concesión, dado que es la DIAN la única responsable del recaudo del dinero que se genere por concepto del IVA. En la misiva, la entidad deja claro que tal como está planteado el proceso licitatorio será difícil contribuir a las metas ambientales mediante una mínima incorporación de buses limpios al sistema TM.
"Consideramos que las condiciones fijadas en la adenda en cuestión no se cumpliría con el objetivo de incentivar la incorporación al Sistema Masivo de Bogotá las tecnologías limpias, y por tanto no habría contribución al cumplimiento de metas ambientales que fueron fijadas por los ministerios de Ambiente y Minas y Energías", concluye el director de la UPME en su carta, en la que finalmente recomienda al sistema aplicar los incentivos de eficiencia energética.
La observación de la UPME fue soportada desde el Concejo. Cabildantes como María Fernanda Rojas (Alianza Verde) y Emel Rojas (Partido Libres) coincidieron en que esta acción beneficia a los oferentes de buses diésel y pidieron a los entes de control vigilar el proceso. “Una adenda de último momento cambia las condiciones de la licitación eliminando cualquier posibilidad de que haya un incentivo para la renovación tecnológica. Además, atenta contra las disposiciones nacionales en materia de este tipo de incentivos. Le pido a la Procuraduría que observe esta parte de la licitación”, afirmó la concejal verde.
A su turno, el concejal Rojas aseguró que esta adenda “generará que para dicho privados, al no poder obtener los beneficios tributarios establecidos por ley, su oferta automáticamente se hará más costosa y por lo tanto terminarán ganando aquellos que privilegian en sus propuestas el diésel".
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