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El primer paso para la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) se dará en los próximos días con la apertura de la licitación para construir un complejo gubernamental, que estará en la calle 26 con carrera 50, cuyos estudios y diseños ya están listos. El proyecto de infraestructura se edificará en 38 meses desde la firma del contrato, el cual se ejecutará por la vía de asociación público-privada (APP) y en concesión con la Agencia Nacional Virgilio Barco Vargas.
El edificio es el único que no tuvo inconvenientes desde su estructuración, debido a que la construcción de un centenar de edificaciones que pertenecen al Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN depende de modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. La razón: el proyecto total tiene prevista la mezcla de usos de suelo, entre viviendas y oficinas, pero en ese sector, hasta el momento, sólo se pueden construir estructuras con fines de prestación de servicios.
No obstante, la dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría de Planeación del Distrito indicó que “la propuesta de formulación del Plan Parcial Ciudad CAN fue presentada el 31 de agosto ante el Comité Distrital de Renovación Urbana y le dio viabilidad al proyecto mediante la Resolución 1527 del 11 de septiembre de 2017”.
Siguiendo la normatividad urbanística vigente, el primer edificio tendrá tres torres idénticas (con un área total de 101.696 metros cuadrados), que albergarán entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Minería, la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como los ministerios de Minas y Energía, entre otros. De esa manera, albergará a más de 6.000 funcionarios, tendrá capacidad para recibir 1.800 visitantes y contará con un Centro Integral de Servicio al Ciudadano, con 46 ventanillas y 270 sillas de espera.
El proyecto tendrá un costo de $460.000 millones, que el Estado empezará a desembolsar al operador en 19 pagos anuales de $70.000 millones, una vez culmine la obra. Eso quiere decir que entre más tiempo le tome la construcción, la adecuación de los espacios que se fijaron en los diseños y el cumplimiento de los niveles de servicio, más tiempo tardará en recibir el pago de su inversión.
De acuerdo con Emmanuel Cáceres, socio gerente de Bonus Banca de Inversión, firma encargada de la estructuración del proyecto, con la figura de APP se garantizará que el Estado cuente con la construcción del proyecto en el tiempo establecido y, de igual manera, de responder por la operación del edificio durante 21 años. “Esto busca que el privado sea el responsable, durante ese tiempo, de mantener el nivel de servicio y los estándares de calidad. Al final, lo tiene que devolver al Estado completico, como en el día uno. Los ingresos para el privado se verán reflejados en las vigencias futuras y la explotación comercial”.
Este edificio forma parte de un proyecto más amplio de una zona que “se caracteriza por ser tener un alto nivel de deterioro en la mayoría de sus edificaciones, carente de espacio público y usos o actividades que satisfagan las necesidades de su población flotante (funcionarios y visitantes)”, como lo reconoce el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN.
Como se indicó, la última decisión que adoptó la administración distrital sobre la viabilidad de todo el proyecto fue expedida por la Secretaría de Planeación el pasado 11 de septiembre, a través de la cual se le dio un nuevo espaldarazo a la iniciativa. Sin embargo, sólo se hará realidad hasta que se destrabe el Plan de Ordenamiento Territorial y se negocien los predios que aún están en el limbo.
Entre tanto, para hacer realidad el primer edificio del Proyecto Ciudad CAN sólo resta la aprobación del Confis, para abrir la licitación, un proceso que puede darse en los próximos días. A partir de entonces se concretará el despegue de un plan, que a la fecha había estado engavetado.
