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Los hechos violentos que se presentaron el mes pasado, tras el homicidio a Javier Ordóñez, el Tribunal de Cundinamarca obligó al Gobierno Nacional y al Distrito a entregar un protocolo para garantizar la realización de marchas en la ciudad, y así mitigar las situaciones de riesgo como el vandalismo y abuso policial.
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Las partes acordaron trabajar en las próximas dos semanas en la expedición del borrador de protocolo que integre los aportes de las personas y en la construcción del plan de cumplimiento del fallo. Para este fin, el Distrito inició este lunes un trabajo conjunto con organizaciones sociales para concretar la elaboración de la propuesta, que se defenderá en la mesa de trabajo que adelanta con el Gobierno Nacional.
En materia de acciones preventivas, la Secretaría de Gobierno propone la creación de una subcomisión técnica permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, en la que participen las organizaciones y se pueda evaluar la aplicación efectiva del protocolo. Para este mismo fin, sugiere fortalecer los canales de quejas y denuncias a las actuaciones de los uniformados de la Policía durante la protesta.
Por otra parte, piden que exista un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una protesta y revisar las armas de baja letalidad que tiene la Policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.
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Otra de las propuestas es la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de dialogo social de la Secretaría de Gobierno y miembros de la Policía que trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo para que haya una salida pacífica en las manifestaciones.
“Bogotá es una ciudad de derechos, de paz y de reconciliación donde acatamos las órdenes judiciales. En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca iniciamos un trabajo con los accionantes y de manera conjunta vamos a realizar la propuesta que será presentada en las mesas con el Gobierno Nacional. El Estado debe reformar el protocolo y regular el relacionamiento entre la fuerza pública y la ciudadanía” dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
Estas propuestas se adelantaron en la mesa conjunta entre el Distrito y la Comisión Nacional de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa, Humanidad Vigente, entre otros accionantes en el fallo de la Corte, así como representantes de las universidades del país, convocadas por el Alto Tribunal, para participar en el proceso.
Durante la jornada, la Secretaría de Gobierno ratificó que el Distrito no va a regular el derecho a la protesta con una resolución, “pues es competencia del Congreso a través de una ley estatutaria, que además tendrá un control inmediato de constitucionalidad”.
