Se complica el camino para la concesión de las cinco zonas de parqueo en vías públicas de la capital. Uno de los procesos más ambiciosos de esta administración, cuyas propuestas oscilan entre los $112 mil millones y los $118 mil millones, fue revocado por decisión de la propia Secretaría de Movilidad, luego de acoger las sucesivas recomendaciones que la Procuraduría General de la Nación hizo al proceso, según consta en una resolución expedida por la entidad el martes pasado, que fue conocida por El Espectador.
El más reciente pronunciamiento del ente de control sobre el proceso de licitación de las zonas de parqueo en vía lo hizo el procurador Alejandro Ordóñez mediante un oficio enviado el 8 de octubre a la secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, en el que le pide pronunciarse respecto a los estudios previos del proyecto y al pliego de condiciones.
En respuesta la entidad expidió la resolución de revocatoria de la licitación. Sin embargo, previamente hubo un largo proceso que se inició el 26 de junio como parte del acompañamiento preventivo, en el que el ente de control hizo sugerencias y observaciones a la Secretaría de Movilidad, sin que ésta se pronunciara a tiempo, como consta en una carta enviada a la entidad el 11 de septiembre.
El plan del Distrito para entregar la concesión de las zonas de estacionamiento en vía contempla que éstas se ubicarán en Usaquén, centros histórico e internacional, Chapinero, Restrepo y la calle 72 a la calle 100. Aunque las tarifas que pagarán los usuarios permanecen en reserva, en junio la Procuraduría advirtió que los valores indicados en el estudio previo de Movilidad son, “incluso, muy superiores al valor máximo permitido en los parqueaderos públicos”.
Este factor podría tener un efecto contrario al esperado, ya que para el ciudadano sería más atractivo dejar su carro en uno de los parqueaderos de la ciudad en donde hoy paga un máximo de $95 por minuto, es decir, $5.700 por hora. Se sabe que este tipo de riesgos también fueron manifestados por algunos proponentes de la licitación y la Procuraduría los tuvo en cuenta como parte de su labor preventiva.
En cuanto a las sugerencias respecto a la parte legal, para el ente de control es preocupante que dentro de los elementos para definir la oferta más favorable no se justifiquen las razones por las que se establecieron estos criterios de selección. Además, la Procuraduría también expresó que la Secretaría hizo modificaciones a los estudios previos de la licitación sin que éstas se hubieran indicado a los proponentes, como lo ordena la ley.
Pese a este traspié en sus planes, la oficina de prensa de la Secretaría de Movilidad le dijo a El Espectador que el proceso continuaría y la idea es adjudicar la licitación antes de finalizar este año para concretar el proyecto en 2013. Por ahora la entidad analiza las sugerencias, “lo que no quiere decir que se haya encontrado la necesidad de hacer ninguna modificación”, como puntualizó una alta fuente de esta cartera.