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Dos camionetas al servicio de la Alcaldía de Suba, que habían sido dadas de baja el 2 de marzo de 2015, aparecen reportadas en los registros de suministro de combustible desde entonces y hasta abril de 2016. Al parecer, un funcionario se habría apropiado del dinero pagado por el "tanqueo", qué suma 1'856.000.
La Personería de Bogotá, que dio a conocer los hechos este jueves, abrió una indagación preliminar con el fin de establecer responsabilidades disciplinarias. También compulsó copias a la Fiscalía para que determine si hubo faltas penales.
Los hechos ocurrieron durante la anterior administración de esa localidad, cuando la alcaldesa era Marisol Perilla, nombrada por el ex alcalde Gustavo Petro.
"Acogiendo un concepto técnico, a partir del 2 de marzo de 2015 la Alcaldía dio de baja dos camionetas (una Nissan D22 y otra Chevrolet Rodeo). Sin embargo, un día después, el 3 de marzo de 2015 y hasta el 24 de abril de 2016, la Chevrolet fue tanqueada 67 veces, por $712.337. Mientras que la Nissan recibió combustible 85 veces, desde el 4 de marzo de 2015, hasta el 28 de abril de 2016, por $1.144.625", precisa el informe de la Personería.
Y agrega: "Una situación similar ocurrió con otras dos camionetas, una Rodeo y una Luv doble cabina que habían sido dadas de baja a partir del 31 de agosto de 2014, pero después de esa fecha, siguieron llegando a la Alcaldía facturas de consumo de combustible de esos automotores. A uno de estos dos vehículos, según la factura, le suministraron gasolina y diesel el mismo día".
Todo esto lo facilitó el desorden con el que se llevaba el registro del suministro del combustible en la Alcaldía de Suba. Pese a que ese despacho tiene a cargo unos 16 carros, no había una bitácora para llevar el control de su uso y mantenimiento.
La Personería también sospecha que el contrato de combustible estaba viciado, debido al presunto favorecimiento que, durante el proceso de selección, se le dio a la empresa que finalmente ganó. Eso se desprende, según la personera Carmen Teresa Castañeda, de las observaciones a los pliegos de condiciones, y de la respuesta a las mismas. Sólo fueron tenidas en cuenta aquellas de la firma ganadora, indicó la funcionaria.
El contrato, por $400 millones, fue prorrogado en tres ocasiones y se le hizo una adición de $200 millones.
Castañeda se reservó el nombre del supervisor del contrato, que sería la persona que habría recibido el dinero que, en teoría, se pagaba por el suministro de los carros.