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En los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una serie de medidas con las que se pretende continuar la mitigación del impacto que ha generado el coronavirus en la salud y economía. Primero se comunicó la presentación, ante el Concejo de Bogotá, de un “Plan Marshall” con el que se busca incentivar la reactivación económica; luego la implementación de una nueva cuarentena sectorizada que irá del 16 al 30 de agosto; finalmente la reactivación de la atención en mesa de restaurantes por medio del programa “Cielos Abiertos”.
La cuarentena
La medida de la nueva cuarentena ha sido la que más ha despertado críticas en sectores políticos y económicos. Juan Esteban Orrego, quien es el director de la federación que agremia a los comerciantes (Fenalco Bogotá Cundinamarca), dice ver con preocupación este nuevo confinamiento, especialmente, porque se traduce un duro golpe para las empresas que ya habían estado cerradas en versiones anteriores.
“Muchas empresas acaban de incorporarse a la actividad productiva, y el tener que cerrar, nuevamente, terminará generando una serie de cierres definitivos y, con eso, la terminación de muchos contratos de trabajo”, menciona el directivo al vaticinar un escenario en el que se empeoraría la situación de desempleo en la ciudad, tasa que entre abril y junio se ubicó en el 23,6 %.
Orrego reconoce que las intenciones de la alcaldía detrás de estas iniciativas son positivas, solo que no concuerda con ellas, razón por la que propone que, en vez de seguir con la dinámica de las cuarentenas sectorizadas, se intensifiquen los ejercicios de autocuidado y de cultura ciudadana “para que las personas se concienticen de lo que hay que hacer para evitar los contagios que generan esa preocupación que todos tenemos. Realmente se tienen que buscar alternativas porque como están las cosas no es posible continuar con las actividades productivas”, concluyó.
Las siete localidades que arrancan esta nueva jornada de cuarentena son Teusaquillo, La Candelaria y Usaquén, las cuales no estuvieron en el primer ciclo. Estas serán acompañadas de Chapinero, Antonio Nariño, Santa Fe y Puente Aranda, que repiten el confinamiento sectorizado.
Según los datos de reactivación económica compartidos por el Distrito, la actividad de comercio es la que más agrupa empresas en la ciudad, con 46.759 compañías, de las que dependen 210.080 trabajadores (el segundo grupo de empleo más grande de Bogotá, por debajo de servicios (240.176) ). Ahora, al analizar su representación, se tiene que dos de las cinco localidades que más agrupan trabajadores entrarán en cuarentena, estas son Chapinero (22.085) y Puente Aranda (21.536).
Con este confinamiento, solo en comercio, al menos 88.453 trabajadores (el 42 % de los reactivados de este sector) tendrían que abandonar sus labores. Esta cifra podría ser más alta entendiendo que, como se hizo en las anteriores cuarentenas sectorizadas, también se impide la movilidad de personas que viven en estas localidades y que trabajan en otras que no tienen restricción.
Otro que criticó la medida fue Carlos Fernando Galán, quien es el presidente del Concejo de Bogotá. Por medio de su cuenta de Twitter el cabildante trino que “si la cuarentena estricta sigue siendo la principal herramienta para frenar la velocidad de contagio, estamos condenados a que cada 15 días nos digan que hay que alargarla. Se necesita un rastreo de contactos más efectivo y cercos epidemiológicos que sí funcionen.
La defensa del Distrito para promover estas jornadas de confinamiento se basan, principalmente, en la alta ocupación que han tenido las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) de la ciudad, la cual en los últimos días se ha acercado al 90 %. En la tarde de este jueves se ubicó en el 86,9 %, por lo que el reto que afronta Claudia López no ha sido sencillo, ya que en sus decisiones radica el mantener en equilibrio la balanza entre el cuidado de la salud y la estabilidad económica de los bogotanos.
La propuesta para incentivar la reactivación
Mediante un proyecto de acuerdo, el cual será debatido en el Concejo de Bogotá, la administración de Claudia López propuso una serie de medidas con las que se pretende incentivar la reactivación económica en la ciudad. Estas incluyen, por ejemplo, ayudas para que predios residenciales y no residenciales cumplan con el impuesto predial en el año 2021, además de un tope fijado por el IPC para su crecimiento; un alivio de hasta el 15 % para las empresas afectadas en sus ingresos y que tengan que cumplir con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), además de una serie de estímulos para que las empresas, que actualmente se encuentran en la informalidad, se cobijen en la formalidad.
Sobre esta propuesta, la cual fue bautizada por la administración Distrital como “Plan Marshall”, Fenalco Bogotá Cundinamarca llamó la atención del Concejo a considerar al menos tres peros que encontraron en la iniciativa. El primero tiene que ver con el ICA, ya que para el gremio “es inconcebible que se incremente las tarifas del ICA (del 11.04 al 13, 25 por mil) a la producción de bienes de primera necesidad como son los productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, jabones, desinfectantes y sus materias primas, que en estos momentos garantizan a la población su protección de bioseguridad para evitar el contagio de COVID”.
De igual forma, cuestionan que se pretenda gravar, con una tarifa del 13,8 por mil, al comercio que se realiza por internet. “Si bien la Alcaldesa Claudia López fue enfática en afirmar que la propuesta no es gravar a los comerciantes que venden por internet sino a la plataformas que permiten este comercio, en el documento no quedó así redactado, lo cual genera confusión y finalmente esa carga se termina trasladando al comerciante. El comercio electrónico es la única alternativa que tiene el comercio para evitar contacto social”, señaló Orrego.
El segundo es el trato desigual que se le estaría dando a los formales frente a los informales. Para el gremio, está bien que se intente promover la formalidad, pero en el paquete de medidas, aseguran, no se estaría brindado ayudas a quienes hoy están en la formalidad y que, con el pago de sus impuestos, no solo han resistido la emergencia actual, sino que han ayudado a que la administración tenga más recursos para atender las necesidades de los bogotanos.
“Con estas medidas se podría estar dando un mensaje erróneo a las empresas formales de la ciudad, pues les va mejor a los informales y sería un llamado para que las empresas cierren y empiecen de cero con estos beneficios. Los beneficios deben ser para los que ingresen a la formalidad pero también para los que ya son formales”, asegura.
El tercero es sobre lo escaso que sería el beneficio para el pago del predial. Según Fenalco, que estas ayudas se apliquen solo para un año es desconocer que la recuperación económica de la cuarentena va a tardar más de un año. “El daño económico que ha generado esta crisis está lejos de haber sido superado en un año y por ello la caja de las empresas supervivientes también debe ser respaldada posibilitando el pago por cuotas de predial en adelante”, señaló Orrego.
Los peros al programa Cielos Abiertos
Este es un programa de pilotos con el que se busca la reactivación de actividades como la atención en mesa de los restaurantes y la realización de actividades culturales. La esperanza de que pueda haber una reapertura de este tipo de negocios en Bogotá ha hecho que, la asociación que agrupa a los bares (Asobares) pidiera al Gobierno la aprobación de los protocolos de bioseguridad que les permita sumarse a este grupo.
Se espera que “Cielos Abiertos” arranque con sus primeros pilotos en restaurantes, los cuales se realizarán entre el 3 y 6 de septiembre. La idea, según lo explicado por la secretaría de Desarrollo Económico, Carolina Durán, es que estos negocios saquen sus mesas a las calles, andenes y terrazas, entre otros espacios al aire libre, para que allí puedan atender a los comensales.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) considera valioso el esfuerzo que se está haciendo desde la administración distrital para promover este tipo de actividades económicas. Sin embargo, su presidente, Guillermo París, asegura que se plantea una apertura que no obedece a la realidad de los restaurantes.
“¿En dónde queda la reputación de los establecimientos? ¿dicen entonces que la calle, que tiene cantidad de factores contaminantes, es más limpia que nuestros restaurantes? Ofende que pongan en tela de juicio nuestras capacidades sanitarias de los negocios, cuando no podrá haber control de las lluvias y se usarán baños portátiles en la calle”, cuestiona París, al agregar que no le parece lógico que se considere seguro entrar a un espacio cerrado, como lo es un centro comercial, para comprar ropa o hacer diligencias bancarias y no para sentarse a comer.
“Esta decisión daña la reputación del dueño y es un acto de discriminación evidente, porque es obvio que si se sabe de un contagio o alguna norma que no se acate de bioseguridad, se daña la reputación del establecimiento, a nosotros somos los que menos nos conviene que se rompan las normas. Pero si no hay una reapertura real en Bogotá, se nos van a duplicar las quiebras y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, concluyó el directivo.
Lo cierto es que, con esta serie de iniciativas, la ciudad se estaría preparando para entrar en una “nueva normalidad” en la que las personas tendrán que seguir con su cotidianidad, para que no se siga afectando la economía, pero con las precauciones para mitigar al máximo el riesgo de contagio. Esta, además, es una situación que no solo tomó por sorpresa a la humanidad, sino que el control de una pandemia es algo en lo que no han tenido experiencia los principales líderes políticos, por lo que los puntos de vista de los diferentes actores serían factores a considerar para manejar lo mejor posible esta emergencia.