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Los últimos cinco años han sido claves para la llegada de venezolanos a Bogotá. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, 337.594 de ellos, es decir, el 19,43 % de quienes están en el país, se encuentran en la capital. No obstante, teniendo en cuenta a los cerca de 70.000 que están en municipios vecinos, serían casi medio millón los que tendrían influencia en la ciudad.
Datos de la Personería Distrital, dados a conocer antes de la pandemia, demuestran que el 50 % de los venezolanos en Bogotá están radicados en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa y Engativá, mientras que el 78,8 % viven en estratos 2 y 3. Las cifras también revelan que si bien el 26 % han encontrado trabajos formales, el 41,5 % manifestaron tener trabajos informales o ser independientes. Datos estos trascendentales durante la pandemia.
Para Martha Guerrero Ble, de Refugees International, algo que se evidenció no solo en Bogotá, sino en otras grandes ciudades del país, es que antes de la pandemia ya había grandes dificultades para que los venezolanos se pudieran integrar a puestos de trabajo según sus habilidades. Eso mismo lo demuestra la Personería, dado que el 42 % de los migrantes en Bogotá terminaron la primaria y secundaria, el 28 % tienen población técnica y otro 28 %, título universitario.
“Vemos a doctores en taxis y a profesores de domiciliarios. Entonces, terminan encontrando trabajos mal pagados en donde experimentan la discriminación y la xenofobia, porque en muchas ocasiones ganan menos que los colombianos y no cuentan con seguridad laboral”, indicó Guerrero.Pero la declaración de las cuarentenas obligó a las empresas a cerrar y, ante la incertidumbre, los venezolanos, según Guerrero, fueron los que primero perdieron sus trabajos. “Hicimos un estudio del mercado laboral durante la pandemia y encontramos que el 64 % de los migrantes trabajaban en los sectores más impactados como restaurantes, cafés, tiendas de abarrotes, manufactureras, hoteles, entre otros. Lo más impactante es que las más afectadas son las mujeres y que sin un empleo estable desatienden necesidades básicas como la alimentación y la renta, lo que hace a estas poblaciones altamente vulnerables”.
Estas condiciones fueron las que hicieron que en marzo se comenzaran a ver las grandes caravanas de retorno de venezolanos, que de acuerdo con Migración, en una primera etapa registró la salida de 29.000 migrantes y posteriormente de cerca de 109.000, que lo hicieron paulatinamente a lo largo del segundo semestre de 2020.
Al respecto, Daniella Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró que estas vulnerabilidades hicieron que muchos fueran sacados de viviendas, habitaciones y pagadiarios, que se concentran en el suroccidente y centro de la ciudad. “Quedaron la deriva, en tanto que gran parte de los refugios y comedores comunitarios estaban cerrados. Incluso, algunos habitan las calles. Esta es la situación de familias completas en alto nivel de vulnerabilidad y que son excluidos de los barrios donde se asientan por invadir el espacio público”.
De la misma forma resalta que los migrantes, en especial los que se encuentran en la ciudad de manera irregular, se han visto impedidos para cumplir los aislamientos y cuarentenas, dado que deben salir a trabajar. “gran parte de los migrantes no han estado incluidos en los programas de subsidio de la Alcaldía o el gobierno nacional. Esta circunstancia se exacerba para el caso de las personas dependientes de las economías informales”.
Otros factores salieron a flote. Por ejemplo, el informe “Retos y oportunidades de la integración migratoria: análisis para Bogotá”, evidencia que los comportamientos xenófobos y aporofóbicos han aumentado desde que “se han acentuado los imaginarios colectivos negativos hacia estos migrantes y la conflictividad social en torno a temas de seguridad ciudadana y desigualdad de oportunidades”.
A esto se les suman los comentarios de la alcaldesa Claudia López: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero unos nos hacen la vida cuadritos”, que fueron abiertamente criticados por la discriminación que podría generar contra los migrantes y que, según Alejandro Daly, codirector del Barómetro de la xenofobia, es parte de las afirmaciones con las que funcionarios públicos y líderes de opinión deben tener cuidado. “Cada vez que producen cierto tipo de contenido generan una opinión, que al estar en un cargo público habilitan a ejecutar ciertas acciones, es decir, que cuando hacen señalamientos a grupos sociales sin datos e información válida, como el caso de los venezolanos, tiende a validar la relación migración/inseguridad, cuando la población venezolana es solo responsable del 0,5 % de los delitos en el país, un monto mínimo”.
El regreso del retorno
La situación en los últimos meses ha venido cambiando. Juliana Álvarez, psicóloga del Centro de Atención Integral e Inmediata (CIAM), de la Secretaría de Integración Social, aseguró que los migrantes no han parado de llegar, por lo que la atención en centros transitorios ha sido constante en la ciudad, pero particularmente desde diciembre se ha visto el retorno de venezolanos que se habían devuelto a su país en medio de la pandemia y que ahora no vuelven solos, sino que regresan a Bogotá junto con sus hermanos u otros familiares.
“Aun hay muchos caminantes que se dirigen hacia otros países, como Perú, Ecuador y hasta Chile, que nos buscan para pedir algo de comer o un kit de aseo y siguen su camino, o necesitan una noche de alojamiento, lavar la ropa, bañarse y luego se van”, manifestó Álvarez.
Migración ha lanzado alerta del regreso de los migrantes tras la reactivación de la economía, en compañía de una o dos personas más. Guerrero cree que esto no es malo, pues con la regularización de los venezolanos Colombia pondría US$1 billón anuales a su PIB, pero sí llama la atención sobre la vulnerabilidad con la que ingresan algunos. “Justo ahora que las empresas se están acostumbrando a la nueva realidad y a que los pasos fronterizos están cerrados, nos han reportado desde Riohacha el ingreso por puntos irregulares de migrantes que vienen con mayor vulnerabilidad, sin ingresos y bajo la escasez que se vive allá”.
Con el anuncio de la regularización son varios los retos. Acnur ha dicho que apoyaría a la ciudad en la creación de políticas públicas, programas sociales y en la prevención de la xenofobia, así como en la categorización de los venezolanos. Por su parte, Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia, comentó que al estar el decreto de la regulación en consulta esperan observaciones de Bogotá, y agregó que “el registro lo realizará exclusivamente Migración Colombia, pero lo trabajaremos de la mano con las entidades territoriales, en temas de logística y espacios”.
Por su parte, Jeimy Pachón, subdirectora de Identificación y Caracterización, explicó que el Distrito ha fortalecido su ruta de atención, pues ya no solo se centra en la recepción y entrega de ayuda humanitaria. “Estamos preparando la apertura del Centro de Atención para la Población Migrante, Retornada y Refugiada, donde habrá todo un circuito de atención, que recoge a toda la población que se ubica en el sur y occidente de la ciudad. Además, hicimos todo un plan de estabilización económica, con el que nos ha ido muy bien, porque hay familias que han podido ir a pagar un cuarto o un apartamento pequeño, lograron encontrar un empleo y a partir de ese esquema, es que estamos brindando ayuda humanitaria, medios de vida, estabilización económica y cultural para ayudar a generar otros espacios”.
Finalmente, se implementará una unidad móvil operativa en las entradas de la ciudad, con gestores comunitarios, para ofrecer ayudas a los caminantes que atraviesan la ciudad hacia otros puntos. Si bien este es un avance en la atención de los migrantes, el trabajo sigue, pues además de su regularización, la ciudad deberá continuar en la implementación de acciones que permitan su acogida, ya que la migración se acentúa con mayor relevancia en las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, y con la necesidad de atender otros retos urgentes como combatir la xenofobia.
