Enrique Peñalosa enfila baterías para frenar la revocatoria

Es claro que el alcalde Enrique Peñalosa, quien ha desestimado la revocatoria en público, no quiere llegar a las urnas. Y es que las encuestas muestran que su baja imagen y el balance de recolección de firmas (350.000, según los promotores) son campanazos de alerta. Por eso, desde que la Registraduría Distrital avaló los tres comités que promocionan el proceso para sacarlo del cargo, el mandatario tiene en marcha un plan para evitar ese incómodo escrutinio.

Primero apeló ante los propios registradores las resoluciones que reconocían a los promotores, pero su recurso fue rechazado. Luego ordenó hacer pública cada una de sus obras, para que los ciudadanos sepan en qué está trabajando. Ahora, su nueva carta es la vía judicial. Para hacerlo, le dio poder a un peso pesado del derecho: el exmagistrado Humberto Sierra Porto, quien es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(LEA: Jaque a la revocatoria de Peñalosa)

Sierra Porto ya empezó a trabajar. La semana pasada radicó dos oficios: uno ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pidiendo aplicar el precedente de dos resoluciones de 2009 en las que exhortaba al registrador nacional a revocar resoluciones similares, por ser contrarias a la ley. El otro, dirigido al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, pidiéndole anular las resoluciones que avalan los comités, por haber sido expedidas analizando cuestiones de forma y no de fondo.

Los argumentos

El memorial que dirigió Sierra Porto al registrador es el que mejor resume los argumentos para pedir la anulación de las resoluciones. Su principal reproche se basa en la respuesta que le dio la Registraduría Distrital al alcalde Peñalosa cuando éste apeló el aval que le dieron a los comités de la revocatoria. El mandatario reclamó que no le notificaron la actuación administrativa e indicó que las solicitudes no tenían fundamentos claros.

La apelación fue rechazada el 21 de febrero, bajo el argumento de que “las resoluciones no son actos administrativos definitivos, sino de mero trámite”, que la entidad era un mero operador del ejercicio del derecho de participación, “razón por la cual no realiza análisis de fondo sobre la petición”, y que “ninguno de sus derechos fundamentales había resultado comprometido en el procedimiento”.

Con esta respuesta, a criterio de Sierra Porto, se violó el derecho a la defensa del alcalde, configurando un “agravio injustificado”, no sólo para él, sino para todos sus electores, circunstancia que debe “conducir a la revocatoria de las resoluciones”. Agregó que el principal yerro de los registradores consistió en haber desconocido su deber de adelantar una valoración, siquiera sumaria, del cumplimiento de los requisitos de ley para reconocer a los voceros de la revocatoria.

“Se limitaron a declarar que se ajustaban a la ley, sin sustento normativo. En el caso concreto, lo mínimo que debieron haber hecho los registradores, para no vulnerar los derechos del alcalde y de los que votaron por él, era evaluar de manera razonada el cumplimiento de los requisitos y motivar su decisión, algo trascendental para prevenir la arbitrariedad del Estado”, escribió Sierra Porto.

“En atención a que las resoluciones no identifican los reproches concretos que hacen estas iniciativas a la gestión del alcalde (lo que habría dado lugar a una evaluación sosegada y seria sobre su desempeño), se está propiciando un debate basado en prejuicios, mentiras y estigmatización”, agregó.

Proceso politizado

El exmagistrado no sólo señala la falta de análisis de la Registraduría y sus consecuencias. También cuestiona los motivos detrás de los promotores de la revocatoria, pues considera que el hecho de que estén trabajando incluso desde antes de que Peñalosa hubiera asumido como alcalde demuestra que “este proceso está lejos de ser realmente una opción para que la ciudadanía evalúe si el alcalde ha cumplido o no su programa de gobierno”.

“En el caso de Bogotá, ha llamado la atención que los formularios en los que recogen las firmas contienen información inexacta, pues todo forma parte de una campaña basada en la manipulación de la verdad para exacerbar resentimientos basados en diferencias sociales”. “Esta perversa transformación del ejercicio de la política se ve favorecida por decisiones como las que se cuestionan en este memorial. Pues la campaña de quienes promueven la revocatoria se ha basado en manipulaciones mediáticas y en verdades a medias”.

“Así pues, en aras de evitar que la manipulación política afecte el correcto funcionamiento de las instituciones, el deber de la Registraduría consiste en verificar que las iniciativas contengan ‘la exposición de motivos que sustenta la propuesta’, para evitar un debate basado en mentiras. Todo ello desborda los márgenes del derecho fundamental a la participación política, pues en vez de encontrar sustento en las normas constitucionales que dan sentido al sistema democrático, tiene las trazas del abuso del derecho”.

Por tal razón, el exmagistrado le insiste al Registrador y al CNE en la necesidad de revocar dichas resoluciones, pues considera que existe el derecho constitucional a que los ciudadanos ejerzan sus potestades electorales de manera informada y, en tal sentido, “no es viable que respecto al trámite de la revocatoria se soliciten firmas con un formato que contiene una motivación equivocada y tendenciosa”, concluyó.

Inviable

Ante el trámite que adelanta el alcalde Peñalosa, los promotores de la revocatoria señalaron que pretender tumbar las resoluciones reclamándole a la Registraduría el no haber hecho un análisis de fondo es algo que no tiene mucho sentido, pues esa no es su función. “No es potestad de estos organismos definir qué es insatisfacción. En enero, la Registraduría estudió nuestra exposición de motivos y emitió una resolución en la que da fe de que cumplimos los requisitos. Será la gente la que decida en las urnas si está de acuerdo o no con los argumentos”, indicó Carlos Carrillo, uno de los promotores.

Ante la posibilidad de la anulación, los promotores de la revocatoria no se mostraron extrañados. “Saben que podemos ganar. Con razón la tranquilidad con la que tomó la decisión de subir el pasaje de Transmilenio, ya que con esa orden prácticamente podríamos recoger las firmas acostados en una hamaca. En caso de que tumben alguno de los comités, presentaremos una tutela, porque esa decisión violaría nuestros derechos”, agregó Carrillo.

Aunque la tutela es una opción y se debe responder en corto tiempo, insiste en que el proceso iría a otros tribunales hasta que un juez falle de fondo, suspendiendo el impulso que lleva el proceso. Esperan tener a mayo 600.000 firmas para radicarlas ante la Registraduría, que tendrá 45 días para revisarlas y avalarlas o no. “Contando con la andanada judicial de la Alcaldía esperamos que la votación sea en octubre o noviembre”, concluyó.