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El exalcalde de Bogota y hoy senador Gustavo Petro empezó a cobrar políticamente su triunfo en la Corte IDH, tras el fallo que determinó que el Estado Colombiano violó sus derechos políticos cuando la Procuraduría lo destituyó de la alcaldía en 2014, por la denominada crisis de las basuras en la capital, y de paso le ordenó al país cambiar la normatividad interna para que, a futuro, una entidad administrativa (como el Ministerio Público o la Contraloría) no puedan destituir a personas elegidas por voto popular.
De entrada, el líder del movimiento Colombia Humana, señaló que este no era solo un triunfo personal, sino para los principios democráticos de Colombia; que a partir de estos cambios dejarán de existir funcionarios asustados ante un procurador, y remató pidiendo la renuncia del Alejandro Ordóñez (exprocurador que lo destituyó), de sus cargo como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por ser el directo responsable de esta nueva condena internacional contra el país.
“La pelea judicial por fin ha terminado y se vuelve realidad un principio democrático, a menos de que el presidente Duque quiera salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En Colombia, bajo la falsa excusa de corrupción, se quitaron y vulneraron mis derechos humanos fundamentales, al permitir que autoridades políticas y no judiciales, como la Procuraduría y Contraloría, quiten derechos, cuando estos organismos tienen la responsabilidad de vigilar y no de juzgar penalmente”, expresó el exalcalde de la capital.
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Asimismo, Petro indicó que el fallo de la Corte IDH no se puede interpretar como una vulneración a la lucha contra la corrupción sino, por el contrario, un avance. “Cuando un procurador investiga la corrupción como si fuera una irregularidad y no un delito, eso termina promoviéndola y beneficiándola. Quien tiene que juzgar es un juez penal, porque al dejarle eso a autoridades políticas, se construyó un sistema de extorsión política”.
Por esta razón, el senador hizo un llamado a fortalecer el aparato investigador contra la corrupción y que la Fiscalía cuente con un sistema judicial más fuerte y consolidado, que se especialice en este delito, para que no sea un organismo político sino uno penal el que se encargue de manejar estos casos. “Que la Procuraduría y la Contraloría se encarguen de examinar irregularidades y que su trabajo no se compare con las sanciones judiciales. Que las pérdidas de dineros públicos se investiguen desde estos organismos por ineficacia y no por corrupción”.
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Por otra parte, Petro aseguró que, aunque personalmente esta decisión de la Corte lo beneficia, todavía tiene consecuencias con sus ingresos. Asimismo, dijo que para su indemnización, el Estado paga una cuantía no muy alta. “La multa es por $850 millones y la indemnización es de $36 millones. Un presidente que embarga a su opositor es como ‘la ley de los caballos’, pero celebro que en general, entregamos una liberación democrática, que mejora la calidad de los gobiernos locales. Entonces aquí dejan de existir congresistas, alcaldes y demás funcionarios elegidos por voto popular asustados ante un procurador y ahora las ciudadanías serán más libres de escoger y controlar a sus gobernantes”, destacó.
Agregó que se debe fortalecer el sistema de control, ya que “la Procuraduría no es eficaz, pues muchos casos grandes de corrupción del país no han sido producto de una investigación propia la entidad, sino que casi todas han sido por control político (sea por prensa o Congreso) o por investigaciones de justicia internacional como en el caso de Odebrecht”.
Por último, el senador dijo que espera que Alejandro Ordoñez renuncie a su cargo como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), antes de que sea destituido primero por el Gobierno Nacional, al tratarse del responsable de su destitución ilegal y quien ahora representa al país ante en la institución que condenó al Estado. “Si Ordóñez es una persona correcta y honesta, tendrá que renunciar por su cuenta”.
Sobre este caso, la Procuraduría dijo que la sentencia debe promover un llamado a un trabajo conjunto de la Procuraduría y el Gobierno para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción. “Sería impensable que los funcionarios de elección popular corruptos, que han venido defraudando al Estado y violando derechos humanos, obtuvieran algún tipo de ganancia con esta sentencia. De ahí el plazo razonable que da la Corte Interamericana para que Colombia haga los ajustes institucionales, para que a futuro las faltas gravísimas se conviertan en delitos y que la Procuraduría sea un ente acusador especializado y los lleve a los jueces penales, para que se mantenga la muerte política y la inhabilidad para los funcionarios corruptos”.
Contexto
El caso de Petro se remonta a cuando la Procuraduría lo destituyó en 2013 y, aunque el entonces alcalde acudió a un sinnúmero de recursos, no fue sino hasta mediados de 2014 que pudo regresar al cargo, luego de que una acción de tutela se fallara a su favor y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profiriera medidas cautelares en su favor. El Consejo de Estado anuló la sanción que le impuso el exprocurador Alejandro Ordoñez, pero para entonces ya lo había sancionado por otros tres grandes contratos en los que encontró supuestas irregularidades. En 2017 la CIDH le recomendó a Colombia cambiar la normatividad interna para ajustarla a la Convención Interamericana, pero el Estado hizo caso omiso.
En concreto, la CIDH documentó que, a febrero de 2018, Colombia “no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría”. Por ende, el ente internacional remitió el caso a la Corte IDH, que lo viene estudiando desde hace dos años.
