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Entre 2015 y 2016, el hurto a personas en Bogotá –el delito que más preocupa a la ciudadanía– se disparó 37 %. Entre 2016 y 2017, el incremento fue más escandaloso: 63 %. Mientras para los críticos de la administración esta tendencia es una evidencia del deterioro de la seguridad, para el Distrito es un resultado que tiene una explicación. El debate se concentra en la unificación de las estadísticas de criminalidad, que comenzó el año pasado en el país, y esa transición estaría distorsionando las conclusiones que se desprenden del análisis de las cifras.
La razón es que hasta 2016 la principal fuente de información para medir la criminalidad era una plataforma de la Policía denominada Siedco (Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo), donde se lleva el registro de cada uno de los delitos denunciados en el país.
No obstante, en marzo del año pasado las autoridades decidieron sumarle a esta base de datos las estadísticas que tiene la Fiscalía en su Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). El ente acusador aportó los registros que tenía desde enero de 2016. Finalmente, en agosto del año pasado, se agregó una tercera fuente de información: los casos registrados a través del aplicativo virtual “A denunciar”.
El objetivo de la integración era mejorar la calidad de la información, al contar con un sistema estadístico más robusto, completo y confiable. Sin embargo, los efectos se empezaron a notar este año al hacer los análisis de resultados, un ejercicio que no solo realizan las autoridades para medir el efecto de sus políticas, sino los medios de comunicación y los centros de estudio.
Un reflejo de ese impacto son las cifras de Bogotá, que en 2015, cuando no se habían unificado los datos de la Policía y la Fiscalía, cerró el año con un reporte de 57.399 delitos; el 2016, con 72.724 denuncias, y el año pasado, luego de incluir la variable de la denuncia virtual, terminó con un registro de 99.221 casos. Un análisis preliminar indica que, en dos años, los delitos crecieron 73 %.
Este aumento puso de inmediato los reflectores sobre la Secretaría de Seguridad, un despacho que creó el año pasado la administración Peñalosa para manejar la política pública contra el delito. La razón es que los números, en apariencia, no respaldan su gestión. Sin embargo, vale resaltar que desde su puesta en marcha, la administración aumentó la inversión, ha mejorado el diálogo con la Policía y ha dotado de mejores herramientas a los organismos de vigilancia.
Por eso, ante lo que reflejan las estadísticas, el Distrito se defiende diciendo que no se pueden comparar las cifras de 2015, cuando no estaban unificadas las bases de datos, con las de los últimos dos años, cuando se integraron las tres fuentes de información.
“Las cifras que se están haciendo públicas no son comparables a través del tiempo. Si se comparan 2015 y 2016, encontramos de manera artificial que hubo un aumento del 37 % en el hurto a personas, mientras que si lo comparamos sin el cargue de los datos de la Fiscalía, tenemos una reducción de 1,3 %. Dado que esa unificación solo se hizo de 2016 en adelante, se pierde comparabilidad de ahí para atrás”, señala un informe hecho por la Secretaría de Seguridad.
Expertos en seguridad respaldan esta conclusión. Si bien destacan la importancia de la integración, ya que facilitará el direccionamiento de las políticas públicas de seguridad, advierten que si no se hace una adecuada discriminación metodológica y no se da un tratamiento especializado a las distintas bases de datos, no se podrá mantener una línea de tiempo y se romperá la comparabilidad.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), asegura que las dificultades que supuso el cambio metodológico no son un problema exclusivo de Bogotá, sino que tiene un alcance nacional. “En algunas ciudades condujo a aumentos exagerados en el registro de conductas delictivas, mientras que en otras hizo que cayera de forma exorbitante”.
Para el analista, aunque es positivo que aumenten los canales de denuncia, para disminuir el subregistro y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, lo problemático es que se hayan unificado dos sistemas tan diferentes como el de Policía y Fiscalía. “Hay que conocer bien las diferencias. Que crezcan las denuncias no significa un incremento de la inseguridad. Más bien, lo podríamos interpretar como un aumento en el acceso a la administración de justicia”.
A su turno, Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, destaca que gracias a la unificación, hoy se cuenta con un sistema global que permite la trazabilidad desde que se comete el hecho delictivo (cuyo registro hace la Policía), pasando por la investigación (la tarea de la Fiscalía), hasta la judicialización. La dificultad, sostiene, es la consideración de variables, la clasificación del delito y el tratamiento de la información para evitar duplicidad.
Nieto pone como ejemplo el caso de la muerte violenta de una mujer. “Mientras la Policía lo registra inicialmente como un homicidio, luego de la investigación la Fiscalía lo podría catalogar como un feminicidio”. Ante casos como este, el experto señala que la solución es la unificación de criterios y esto solo se logra capacitando a la Fuerza Pública y a los investigadores en el manejo del sistema de seguridad y convivencia, buscando que todos hablen el mismo lenguaje.
La lectura que hace John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, es más radical. Para él, la única manera de evitar distorsiones es que las cifras se sigan manejando de forma independiente. “Quien tradicionalmente ha hecho un seguimiento estadístico sólido y serio sobre los índices de criminalidad en el país ha sido la Policía. Las de la Fiscalía tienen cierto grado de confiabilidad, pero siguen siendo mejores las primeras. Cosa muy distinta es lo que pasa con otras estadísticas que han venido surgiendo, que no tienen más que dos intereses: uno académico y otro político”.
Para Marulanda, aunque la unificación es importante para tener mayor confiabilidad, el sistema se queda cojo si no se contrastan las cifras con datos internacionales, como los que maneja la Organización Panamericana de la Salud. “Aquí seguimos mirándonos el ombligo y resulta que el problema es que se ha perdido la dimensión geopolítica de lo que está sucediendo. Si no hay un verdadero liderazgo para armonizar las fuentes de información, seguirán ocurriendo contradicciones en las mediciones estadísticas”.
Luis Fernando Echavarría, especialista en seguridad urbana, le agrega otra arista al debate: más allá de centralizar las estadísticas, lo que falta es más pedagogía y que los datos sean cada vez más abiertos para la ciudadanía. “Se necesita transparencia en las cifras. Estamos en mora de que exista un sitio web donde estén todos los datos. Si somos transparentes, puede generarse más tranquilidad. También hay que explicar las metodologías, porque si no, se genera confusión”.
Percepción y victimización
Independientemente de si la nueva metodología de compilar las estadísticas refleja o no la realidad, las encuestas de percepción y victimización seguirán siendo una herramienta, no solo para presentar un panorama de lo que ocurre en las ciudades, sino para medir el sentir de la ciudadanía en cuanto a seguridad. En el caso de Bogotá, este ejercicio lo viene realizando la Cámara de Comercio desde 1998. En ocasiones sus resultados van en contravía de las estadísticas.
Precisamente, los resultados de las más recientes encuestas le han servido al Distrito para defender su tesis de que los cambios metodológicos están distorsionando la realidad. “Si el incremento en las cifras de hurtos no fuera provocado por esos cambios metodológicos, se deberían ver reflejados en las tasas de victimización. No obstante, lo que encontramos es que ese indicador se ha mantenido en su promedio histórico”, señala el informe de la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, las fallas en la discriminación metodológica también pueden llegar a incidir en las encuestas de percepción, lo que complica los análisis: “La discusión se debe superar con parámetros técnicos, porque si no, se incrementará la sensación de inseguridad en todas las ciudades”. Castillo destaca la importancia de aplicativos de denuncia virtual para la realización de los análisis, pero insiste en que sus cifras deben mantenerse independientes de otras bases de datos.
“La percepción de seguridad no está solamente definida por la actividad delictiva, se afecta por factores como la debilidad institucional, en la medida en que se piensa que hay una ausencia de una política de seguridad o no hay un mecanismo suficiente para garantizarla. También hay que considerar la percepción de vulnerabilidad. Si se involucran estas aristas a la discusión y se mira el panorama completo, estaremos comprendiendo no solo lo que pasa en materia de registro delictivo, sino en actividad delictiva”, manifiesta Castillo.
El debate sobre las implicaciones de los cambios metodológicos en las cifras de criminalidad comienza a abrirse paso no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Mientras las administraciones insisten en que no pueden ser juzgadas sin que se distingan las fuentes de información, expertos instan a poner sobre la mesa todos los elementos de análisis y estudio para hacer un ejercicio juicioso y evaluar la eficacia o no de las acciones de las autoridades para hacerle frente a la criminalidad.