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“El que se robe una ayuda para atender la pandemia solo cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea. Eso es comportamiento de una rata de alcantarilla. Al que le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos le debe caer todo el peso de la ley”. Este fue el fuerte pronunciamiento que hizo, hace unos días, el presidente Iván Duque ante los medios, en relación con las denuncias que salieron a flote en las recientes semanas sobre supuestos sobrecostos y desvíos en las ayudas para mitigar el COVID-19 y los alimentos para los sectores más pobres.
Estas alarmas, que prendieron en varios puntos del país la ciudadanía y quienes hacen veeduría a las administraciones locales, provocaron varios (e inusuales) pronunciamientos conjuntos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría en los que anunciaron que, además de crear una mesa técnica para revisar las denuncias, cada semana reportarán sobre el manejo de asuntos relacionados con la emergencia, “para tomar las acciones inmediatas correspondientes”. Este diario supo que en el radar hay denuncias en municipios aledaños a la capital.
Chía
En los despachos de la Procuraduría y la Contraloría hay una denuncia sobre el manejo que le ha dado el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a la pandemia del COVID-19. El documento cuestiona un contrato para comprar gel antibacterial, alcohol y desinfectantes, entre otros elementos. Al parecer, hubo sobrecostos por $90 millones, y la entidad contratada, la Fundación Juventud y Vida, no sería idónea para la venta de estos bienes. Los mandatarios locales y regionales pueden contratar de forma directa para atender de manera más rápida la emergencia del nuevo coronavirus.
El contrato cuestionado es el 154 de 2020, que fue suscrito el pasado 2 de abril con un plazo de ejecución de ocho días. A través de este, la Alcaldía compró 21 ítems de higiene básicos para atender la pandemia. Entre las posibles irregularidades, denunciadas por el concejal William Tamayo, la fundación cobró termómetros láser a $300.000, cuando en el mercado están a $70.000, y trajes de bioseguridad a $238.000, cuando en el mercado se consiguen a $69.900, y mascarillas termoselladas a $2.500, cuando en el mercado están a $1.000, entre otros posibles sobrecostos.
El alcalde Segura le dijo a El Espectador que, en efecto, es una modificación que está justificada en el marco legal de la contratación estatal, el proceso tiene su estudio de mercado y verificación de precios en virtud del principio de planeación. “Es de señalar que se tiene toda la trazabilidad de radicados, fechas y horas que soportan las actuaciones y están en el Secop, a disposición de los interesados. Finalmente, le solicitó a la Secretaría de Hacienda abstenerse de realizar pagos hasta que se verifique la efectiva ejecución del contrato.
Asimismo, el mandatario local señaló que aún no se ha realizado ningún pago en la Alcaldía por este contrato y “se envió comunicación escrita a los diferentes entes de control solicitando su acompañamiento en el proceso y los demás procesos que lleguen a realizarse en atención al COVID-19 y el día de hoy (15 de abril) recibimos visita de la Contraloría General, quien se llevó copia del expediente y emitirán un informe relacionado con la contratación adelantada por el municipio”.
El Espectador advirtió de esta situación el pasado 8 de abril y, según una de las denuncias anónimas que están en manos de las autoridades, “el alcalde modificó el valor del contrato el día 8 de abril pasando de 172 a $155 millones bajo la justificación que algunos elementos no estaban disponibles en el mercado días después de que los medios de comunicación empezaron a denunciar los sobrecostos en la contratación (...) y los documentos fueron subidos a la página de Secop una hora y media después de que El Espectador sacara la nota sobre esta contratación”.
Tabio
Con respecto a este municipio, aunque aún no hay una denuncia formal, ya hay solicitudes a la Personería para que revisen dos contratos que la administración local firmó, a finales de marzo, con dos sociedades que, supuestamente, no tendrían la experiencia. Se trata de dos convenios firmados con Talento Comercializadora S.A. ($70 millones) y Warriors Company ($100 millones).
Según el denunciante, quien pidió anonimato por seguridad, en el primer contrato, para la entrega de mercados a población vulnerable, hubo un sobrecosto del 30 %. El pasado 3 de abril, la Personería le solicitó a la Alcaldía que le indicara cuáles serían los apoyos entregados por la administración y los protocolos y criterios de focalización para entregarlos. Sin embargo, según la entidad, no recibió una “respuesta satisfactoria”.
“Desde la semana pasada, el volumen de solicitudes de apoyo recibidos por la Personería aumentó y nos han informado que los grupos de víctimas han entregado sus listados a la administración municipal, al igual que las juntas de acción comunal. Así mismo, el alcalde, en un video entregado a las redes sociales, manifestó que se contaba con un listado de aproximadamente 523 personas”, dice la Personería. En cuanto al segundo convenio, el denunciante afirmó que los tapabocas N95 que se compraron “claramente se nota que fueron elaborados manualmente y no cumplirían con los estándares del Invima”.
La alcaldía de Tabio le dijo a este diario que el primer contrato aún está en ejecución y que fue por $59 millones. Sin embargo, el documento dice que fue por $72 millones. Con “dicha compra el municipio recibió y estableció un total de 1.000 mercados, cada uno por $59.730, valor que en efecto cancelará el Municipio una vez termine su ejecución”. En cuanto al segundo, indicó que fue suscrito por $76 millones, no obstante, en el documento se menciona que fue por $ 99 millones. Sobre estas diferencias, la alcaldía dice que se modificaron conforme con la ley.
Tambien señaló la alcaldía que Talento Comercializadora “es una sociedad anónima constituida en agosto de 1998 con amplia experiencia en contratación con el Estado y cuyo objeto social le permite suministro de elementos de aseo, alimentación, cafetería. Para establecer el costo de los elementos se tomó como base en análisis de precios de mercado de grandes superficies como el Éxito y Jumbo”. La administración local indicó que seleccionó esas empresas “por oferta que las mismas presentan respecto a la necesidad requerida por la entidad”.
En cuanto a los tapabocas N95 la administración local señaló que cumplen con todos los estándares técnicos exigidos y los que presentaron defectos fueron devueltos para que sean cambiados. “De dichos elementos han ingresado 500 tapabocas estando a la fecha pendiente la entrega de otros 500 por encontrarse el contrato en ejecución”.
Sobre la petición de la Personería, la alcaldía mencionó que sí respondió a la Personería y le indicó que la entrega de los mercados “no solo tienen como factor de selección a la población vulnerable sino también a la afectada y damnificada. En efecto, esta Alcaldía, para la selección de beneficiarios de las ayudas nutricionales tuvo en cuenta varias fuentes de información.
"Las bases de datos de población vulnerable, los listados remitidos por la Personería Municipal, los listados remitidos por los presidentes de juntas de acción comunal (que contienen población vulnerable y población afectada por la pandemia). Entonces frente a este aspecto el Municipio recalca la importancia de tener claro que esas ayudas se encuentran disponibles no solo para población vulnerable sino para población damnificada y afectada por la Pandemia". señaló la alcaldía.
La Palma
La semana pasada, Noticias Caracol denunció supuestas irregularidades en un contrato de $65 millones que esta población firmó, el pasado 30 de marzo, con la empresa Comercializadora Sumitec Karch Ltda., para la distribución de alimentos y productos de aseo a familias de bajos ingresos. Sin embargo, John Jairo Pulido, alcalde de La Palma, asegura que los documentos están en regla y que está dispuesto a colaborar con las autoridades, quienes revisan la situación.
La indagación apuntó a que en la página web de la empresa aparece con actividad de “mantenimiento y reparación de vehículos automotores”. “La empresa tiene un objeto amplio y nos especifica que ellos pueden distribuir, tienen las facultades y cumplen con la normatividad vigente para poder contratar y suministrar elementos de víveres, abarrotes…”, explicó Pulido.
La mayor sospecha es un supuesto sobrecosto de productos, como el arroz, pues una libra cuesta $4.250 en un supermercado local, pero en el contrato se facturó por $5.783. La libra de chocolate, pasó de $4.950 en el pueblo a $7.140 en la factura. Lo mismo pasó con el fríjol, el espagueti y el pan, según Caracol. Al ser consultado sobre por qué no contrató con un supermercado, el alcalde dijo que estos no cumplían los requisitos para contratar y que la diferencia de precios fue porque cuando se firmó el contrato ya estaba en vigencia el decreto de aislamiento y los precios oscilaron bastante”.
Guaduas
El veedor ciudadano Fernando Santander denuncia que allí hubo, aparentemente, un sobrecosto injustificado de más de $310 millones en tres contratos suscritos por la Alcaldía con la compañía PM2, para comprar los alimentos que se entregarían como ayuda a los adultos mayores. Los tres convenios costaron $630 millones y se firmaron el 26 de marzo con el representante legal de esa compañía, Héctor Arias Bobadilla. Estas ayudas, según el denunciante, no se habrían entregado y presentan un sobrecosto del 2.000 %. Este diario intentó comunicarse con el mandatario local, telefónicamente y por Whatsapp, pero no respondió sobre los contratos cuestionados.
La petición del gobernador de Cundinamarca
El mandatario regional, Nicolás García, le envió una carta al contralor general, Felipe Córdoba, para que realice una “vigilancia preventiva” e hizo una mención puntual sobre el caso de Guaduas, en donde hay una denuncia sobre un supuesto sobrecosto del 2.000 % en los mercados que se iban a entregar a los adultos mayores de la población
El mandatario también les pidió al organismo y demás autoridades poner la lupa sobre los contratos de 116 municipios. El asunto preocupa por el manejo que se le pueda dar a los recursos para atender la emergencia. La semana pasada, la Asamblea aprobó $100 millones a 102 municipios (cada uno recibirá ese monto) para atender a la población.
“Ante las denuncias de posibles sobrecostos e irregularidades en la compra de mercados para las familias más necesitadas, elevamos nuestro rechazo y hacemos la solicitud de que se revisen uno a uno los contratos. Estamos haciendo gran esfuerzo para llegar con soluciones y no podemos permitir que los recursos queden en malas manos”, puntualizó.
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