Se empieza a aclarar uno de los posibles capítulos de corrupción alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló los resultados de la investigación por un presunto cartel de las frutas en la ciudad, a través del cual lograron que el Distrito les pagara más de lo presupuestado. Por esta razón, el ente recomendó sancionar a los involucrados con multas que oscilan entre $1.650 millones y $82.000 millones.
Según la investigación, los protagonistas fueron cinco empresas y cinco personas que supuestamente, inconformes con lo que pretendía pagar el Distrito por las frutas que iba a incluir en los refrigerios escolares, se pusieron de acuerdo para adelantar acciones que obligaran a la administración a pagar un precio mayor.
La historia se remonta a 2016, cuando la actual administración cambió el modelo de contratación para garantizar la alimentación escolar. Para ese año, la Secretaría de Educación decidió que ya no contrataría empresas encargadas de toda la cadena para entregar los 700.000 refrigerios diarios, sino que abriría diferentes licitaciones para contratar unas empresas dedicadas a la compra de alimentos, otras a armar los refrigerios y las últimas a distribuirlos.
Aunque en principio la idea era hacer más transparente el proceso, al contar con más ofertas y acabar con el cartel de contratos alrededor de la alimentación escolar, no pudieron evitar las maniobras de algunos oferentes. Es el caso de los encargados de la venta de frutas, que se dieron sus mañas para manipular el proceso de contratación. Al menos esto es lo que se infiere de la investigación de la SIC, en la que se encontró cómo varias de estas empresas hicieron un acuerdo para sabotear el proceso.
Según la Superindustria, antes de que se pusiera en marcha la licitación, varios empresarios se reunieron en dos ocasiones en el barrio Las Ferias y en Gran Estación. Aunque supuestamente era para conformar una estructura plural, lo que hicieron fue poner en marcha su plan. Entre las evidencias hay correos y conversaciones de Whatsapp. El informe señala que, de acuerdo con los testimonios y las pruebas, Stella Téllez Hernández, representante de Alimentos Spress y vinculada con Namasté, al parecer fue la líder de la operación.
El primer paso de la estrategia consistió en cuestionar los bajos precios que ofrecía la administración para comprar los grupos de alimentos solicitados, haciendo observaciones coordinadas sobre el precio y otras condiciones técnicas de las frutas.
Aunque inicialmente se abrieron 30 concursos para elegir contratistas (que suministraran 11 tipos de frutas), tan solo pudieron adjudicar cinco. El resto los tuvieron que repetir, ya que las empresas no se presentaron argumentando que la oferta era muy baja. Esto obligó a la administración a abrir una subasta inversa, en la que hubo un aumento de cerca del 50 % en los precios que determinaron los estudios de mercado. Como el presupuesto debía ser el mismo, el Distrito aumentó la oferta por las frutas, pero disminuyó las raciones para los niños.
Este es uno de los puntos más preocupantes, tanto para el Distrito como para la SIC, ya que el principal afectado no fue el Estado sino los menores, “que no recibieron fruta entre el 15 de marzo, fecha de inicio de ejecución del contrato, y el 8 de junio de 2017, cuando finalmente se pudo adjudicar el segundo proceso”. Esta situación fue la que denunció Colombia Compra Eficiente ante la SIC y la que motivó esta investigación.
En medio de este proceso se descubrió que, posteriormente, varios de los involucrados integraron la Unión Temporal Alimento Saludable con el interés de no tener que competir entre ellos, sino obtener a través de esta figura la mayoría de los contratos y dividírselos, incurriendo en conductas anticompetitivas que, de acuerdo con Juan Pablo Herrera, superintendente delegado para la competencia, terminó aumentando en 47 % el precio de los refrigerios escolares.
Esto lo evidencia la SIC, al señalar que las empresas que integraban la organización contaban con las condiciones para presentarse a las licitaciones individualmente. Aunque durante el proceso algunas justificaron su participación con otros intereses, como lo hizo Disfruver, la cual explicó que su ingreso a la unión fue para obtener mayores posibilidades, ya que no tenían el certificado sanitario del Invima, por lo que no contaban con la capacidad suficiente para asumir el control de un contrato.
A pesar de ello, el superintendente Herrera encontró suficientes razones para considerar que sí hubo conductas anticompetitivas. Según señaló a este medio, también se evidenciaron posibles presiones a diferentes agentes del mercado, como fue el caso de FAC S.A.S., que ganó cinco contratos en la licitación de 2016, y a la que, a través de diferentes acciones, le impidieron cumplir el 100 % de sus compromisos.
Por último, al confirmar la participación de los implicados dentro del proceso y teniendo en cuenta las normas de libre competencia, el delegado de la SIC que hizo la investigación recomendó sancionar a las empresas con 100.000 salarios mínimos mensuales, mientras que a las personas naturales con 2.000 salarios mínimos mensuales.
Por ahora el caso está en manos del superintendente, quien debe estudiar el informe y tomar una decisión. De fallar en contra de los involucrados, estos solo serían sancionados económicamente, pues a pesar de quedar al descubierto sus maniobras, eso no les impediría seguir participando en procesos de contratación de la PAE. Acciones más severas estarían en manos de la Fiscalía.
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