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La pandemia, aparte de afectar la salud pública, le está dando un sacudón a la realidad laboral del país. La emergencia afectó unos 5,4 millones de empleos, según el DANE, y a los demás trabajadores los llevó a reconfigurar sus dinámicas. Esta situación les abrió los ojos a muchos sobre lo esenciales que son el personal médico, los guardias de seguridad, el trabajo doméstico, los domiciliarios, los transportadores y otros que siguieron trabajando a pesar de los riesgos.
Dos de los sectores perjudicados por esa subestimación son los que se dedican a vigilar edificios y conjuntos residenciales y a labores domésticas en los hogares. Para no ir muy lejos, está el caso de Edy Fonseca, quien pese a haber sido contratada como vigilante en un edificio del norte de Bogotá, fue obligada a dormir allí y a cumplir otras tareas fuera del contrato.
El trabajo doméstico, gremio que agrupa en el país a cerca de 650 mil personas (96 % mujeres), hoy está muy golpeado debido a que son pocos los empleadores que cumplen los pagos y las prestaciones contemplados en las normas que se crearon hace cinco años para darle a este sector el rótulo de trabajo formal.
Sus angustias las explican Claribeth Palacios, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico (integrada por 550 mujeres de cinco ciudades), y Bertha Yolanda Villamizar, vocera de Sintraimagra, un sindicato mixto en el que hay 500 trabajadoras del hogar. Ambas se han dedicado la mayor parte de su vida al trabajo doméstico y conocen al detalle las preocupaciones alrededor de este oficio. También pertenecen a la Mesa de Seguimiento al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vela por la dignidad de este sector.
Palacios cuenta que en abril hicieron un estudio con 700 trabajadoras, que mostró que nueve de cada 10 habían perdido su trabajo y, las que seguían, lo hacían en condiciones indignas. “Si repetimos el estudio, habrá peores resultados. Además de las vulneraciones, como obligarlas a ser internas, hay malos tratos y tienen que hacer tareas fuera de lo acordado”. Dice que hay casos en los que las ponen a hacer reemplazos en reuniones, diligencias bancarias, cuidar a familiares en otras casas y pasear a las mascotas. “Y todo por el mismo valor. Muchos empleadores no entienden que nos contratan para trabajos en casa y ninguno responderá si me roban, me violentan o me pasa algo en la calle”.
Por su parte, Villamizar calcula que apenas un 30 % de las domésticas siguen laborando. “No llaman por miedo al contagio. La mayoría labora por días y con presión de hacerlo con tapabocas y caretas, que es incómodo”. Denuncia que la mayoría de empleadores, aunque brindan elementos de bioseguridad, no tienen en cuenta que también deben protegerse en la calle. “Cumplen de puertas para adentro. Al salir, nos toca defendernos como sea. A algunas les dan para taxis, pero a la mayoría nos toca subirnos a buses y exponernos”.
Otro drama lo enfrentan los vigilantes. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada, que reúne a 70 mil trabajadores de 70 compañías, anota que por la crisis les han suspendido contratos o se demoran en los pagos. Además, según Díaz, “a diario sabemos de prácticas ilegales, como obligarlos a hacer labores de conserjería y aseo”.
Al gremio le preocupa no tener apoyo del Gobierno, con alivios o plazos para pagos de seguridad social, teniendo en cuenta que las empresas de vigilancia han dejado de percibir $300 mil millones. Díaz insiste: “Pedimos líneas de crédito para aliviar las empresas, pues hemos demostrado que somos un complemento idóneo para la seguridad y estamos en la primera línea, atendiendo a domiciliarios, visitantes ocasionales y cuidando hospitales, comercio y bancos”.
Quizá la situación más compleja la afrontan las trabajadoras domésticas, y el llamado de quienes estudian el tema de cerca es a que los empleadores reconozcan esta labor y cumplan con las leyes. Diana Salcedo, oficial nacional de la OIT para países andinos, considera que son varias las dificultades que tiene el sector, y que la respuesta está, sobre todo, en cada hogar. “El llamado es a los empleadores, para que permitan a las trabajadoras quedarse en sus casas y seguir recibiendo sus salarios. Y a las que siguen prestando los servicios, que se les respete su horario, que coticen seguridad social y que no sean víctimas de discriminación o acoso, que aumentaron en la emergencia”.
Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos y encargada de temas laborales y género en Friedrich Ebert Stiftung Colombia (Fescol), afirma que el trabajo doméstico ha estado invisibilizado siempre y se da en condiciones precarias, y esta emergencia elevó el nivel de la crisis, por lo que hace un llamado a que las instituciones apoyen mucho más el sector. Agrega: “El Gobierno ha sido sordo y solo ha hecho campañas desenfocadas. También trasladan la responsabilidad a los hogares, que es insuficiente si se tiene en cuenta el impacto económico en estos. Se requieren medidas de asistencia con enfoque, según las necesidades de cada una. Asimismo, vemos que en el auxilio de nóminas y primas no se habla de las personas naturales que generan esos empleos”.
Para Pedro Rubio, miembro de la CTU (Central de Trabajadores Unidos), los eslabones más débiles de la cadena en las relaciones laborales son los más afectados en una crisis. “A pesar de que el Gobierno estimó varias medidas, las empresas de seguridad y el empleo doméstico reportan situaciones complejas para doblar turnos y falta de protección. Son sectores donde se vulneran los derechos laborales, porque recogen a trabajadores que vienen de procesos de informalidad”.
Estas son solo algunas de las quejas que giran en torno a estos trabajadores, que desde antes de la pandemia luchan por mejorar sus condiciones laborales y dejar de ser sectores maltratados por la sociedad. Ahora, en medio de la emergencia, claman de nuevo por el respeto a sus labores, que está más que demostrado que son vitales para el funcionamiento de la ciudad.
