“Todo este desenlace para mí es un tremendo alivio. Lo más importante siempre ha sido la libertad de mi hijo y su seguridad. No pienso en más”. Con esta breve declaración, Ómar Gutiérrez resume lo que espera sea el punto final alrededor del caso judicial que mantuvo a su hijo privado de la libertad durante casi 20 meses.
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Se trata de Mateo Gutiérrez León, quien fue absuelto por un juez de la República, que reivindicó su inocencia frente a su supuesta participación en la seguidilla de atentados que azotaron a Bogotá desde 2015, en hechos atribuidos al denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), el mismo que estaría detrás del atentado al centro comercial Andino en junio de 2017 y en el que tres mujeres perdieron la vida y nueve personas resultaron heridas.
La Fiscalía, que apelará el fallo que absolvió al joven de 21 años, manifestó en su momento que Gutiérrez —estudiante de sociología en la Universidad Nacional— estaba detrás de la activación de un petardo contra la DIAN, en diciembre de 2016, y de la instalación de dos artefactos improvisados en el norte y el centro de Bogotá, en septiembre de 2015. Sin embargo, para su familia y amigos este caso no era más que “un falso positivo judicial”.
Para ellos, el universitario era un chivo expiatorio de las autoridades para tratar de dar respuesta a la ola de atentados —al menos 30— que sacudieron a la capital en los últimos años. Precisamente, esta es la misma consigna de los allegados de las diez personas que hoy permanecen en la cárcel por su supuesta participación en el atentado del Andino.
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Para las familias, casos como el de Mateo Gutiérrez evidencian no solo las demoras y la falta de celeridad para resolver los casos, sino la ausencia de pruebas contundentes para incriminar a los suyos en hechos terroristas. No obstante, la Fiscalía se ha defendido y ha dicho que cuenta con evidencias contundentes de la vinculación de varios jóvenes con el MRP que, solo entre 2015 y enero de 2017, habría perpetrado ocho acciones violentas.
Frente a lo ocurrido en el Andino, el ente investigador ha venido revelando pruebas de que Violeta Arango Ramírez, una de las implicadas en el atentando y quien permanece prófuga, estaría en las filas del Eln que hacen presencia en la frontera con Venezuela y que tendría como objetivo refugiarse en el vecino país. Por estos mismos hechos fueron imputados otros siete integrantes del MRP, que ahora responden por rebelión.
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A todo esto se suma la denuncia que formuló en octubre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien alertó que una célula urbana del Eln, conocida como “La Llamarada”, intentó colarse en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este grupo, al parecer, también estaría vinculado con la bomba en el Andino.
Los reparos de las familias
Con todo, para el abogado Orlando Bernal, quien asumió la defensa de Mateo Gutiérrez, pese a la satisfacción que representa la inocencia del joven, no deja de ser frustrante lo ocurrido.
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“Es un peligro que se administre justicia con pruebas supuestas y deleznables, cuando no hay una seguridad suficiente para someter a una persona a la privación de la libertad durante tanto tiempo. El desenlace produce jubilo, pero todos los antecedentes producen un profundo grado de insatisfacción y frustración frente a la Fiscalía”, manifestó el jurista.
El abogado criticó la actuación del ente acusador en todo el pleito judicial y advirtió que el testigo estrella de la Fiscalía en el caso fue manipulado para que incriminara a Gutiérrez. Se trata de un menor de edad que, aseguraban las autoridades, fue amordazado y despojado de su celular el 18 de septiembre de 2015 por Mateo Gutiérrez y otras dos personas, en un apartamento en la carrera décima con 18. Al parecer, allí le manifestaron a la víctima que iban a poner dos petardos panfletarios. A este hecho, dijo en su momento la Fiscalía, se sumaba otra explosión, ocurrida también ese día, en la carrera 16 con calle 76. En ambas acciones aparecieron panfletos del MRP.
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“El testigo narró cómo los policías le exhibieron una foto de Mateo y a los dos o tres días lo llamaron a un supuesto reconocimiento fotográfico. Allí insertaron una imagen de Mateo y el muchacho lo señaló, tal como la Policía le había dicho previamente que lo hiciera. Demostramos también que ese 18 de septiembre Mateo permaneció en la universidad cumpliendo con sus compromisos y actividades académicas”, agregó Bernal.
Las familias de los otros jóvenes que permanecen tras las rejas por su supuesta vinculación al Movimiento Revolucionario del Pueblo confían en que, tal como ocurrió con Mateo Gutiérrez, se termine demostrando su inocencia.
Néstor Méndez, padre de Alejandra Méndez, una de las investigadas por lo ocurrido en el centro comercial Andino y quien cumple más de un año privada de su libertad, aseguró que hay evidencias de las irregularidades en los procesos. Recordó que, aunque en agosto se ordenó la libertad de su hija y la de diez implicados en el atentado —luego de que un juez consideró, entre otros, que alguien no puede estar en la cárcel por tiempo indefinido sin que se resuelva su situación—, apenas a los tres días fueron recapturados y se les acusó del delito de rebelión, pues supuestamente tendrían nexos con la guerrilla del Eln.
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“Estamos esperando que el proceso se acelere. Vamos para 16 meses y las audiencias se han ido aplazando por una u otra cosa. Todo avanza lentamente y mientras tanto ellos siguen privados de la libertad”, manifestó.
Actualmente, están en marcha dos procesos contra los implicados en el atentado al centro comercial Andino. Uno por su vinculación directa al ataque, el cual está en la fase de presentación de pruebas y audiencias preparatorias. El otro es por su supuesta conexión con el Eln como miembros del MRP. En este pleito judicial ya se surtió la imputación de cargos y está pendiente el escrito de acusación.
Pese al final feliz que parece tener el caso de Mateo Gutiérrez, para su papá aún no hay nada que celebrar, pues al cierre de esta edición su hijo no había recobrado la libertad. “Estamos esperando que a más tardar este viernes quede libre”. A su turno, el abogado Orlando Bernal advierte que detrás quedan los daños y perjuicios materiales que significó que Mateo permaneciera 20 meses en la cárcel. Aunque por ahora no se ha discutido si demandarán al Estado por la privación injusta de la libertad, es una alternativa que no descartan.