Nuevamente el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se enfrenta a las decisiones tomadas por la Alcaldía de Bogotá. Esta vez, el funcionario decidió demandar al Distrito por una diferencia respecto al cumplimiento del fallo para proteger los cerros orientales, pues según él, una resolución expedida en marzo afecta la seguridad jurídica de los constructores.
La más reciente pelea entre el ministro Henao y el Distrito comienza a raíz de una resolución expedida por la Secretaría de Planeación en marzo pasado. Con esta medida, la entidad decidió que gran parte de las 900 hectáreas de la llamada “franja de adecuación” en los cerros orientales, serían zona rural. Esto implica que en adelante no se podrán hacer más construcciones en esa área, algo que generó incomodidad en los constructores.
De hecho, días después Camacol citó a una reunión para hablar sobre el tema de los cerros y la nueva norma, e invitó a periodistas y a los magistrados del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, y del Tribunal de Cundinamarca, César Palomino. Luego de este encuentro Marta Moreno, gerente de este gremio en Bogotá, lanzó la misma crítica que ahora señala Henao al Distrito: que “las restricciones a obras en los cerros orientales causan inseguridad jurídica en la capital”, que la resolución de la Alcaldía “cambia el mapa de la ciudad sin contar con el Concejo y desacatando las órdenes del Consejo de Estado” sobre cómo debe ejecutarse la protección de los ceros orientales.
Precisamente, el argumento del ministro Henao para demandar al Distrito ahora es que el Consejo de Estado estableció que en la franja de adecuación se respetarían los derechos adquiridos de los constructores. El ministro, igual que Marta Moreno, agrega que el Distrito sobrepasó sus competencias al dejar como suelo rural la franja de adecuación, y que este paso debía haberse tramitado ante el Concejo de la ciudad, de manera que no haya inseguridad jurídica para los edificadores y no se obstruyan más de 50 proyectos en curso en el sector.
Cuando ayer la W Radio le preguntó a Henao por qué su cartera decidió emprender una demanda en lugar de que lo hicieran sólo los constructores (que supuestamente resultan afectados con la resolución de Planeación), respondió que la razón es que él quiere proteger el patrimonio del Estado y el Distrito, pues hay demandas que superarían los $400 mil millones, interpuestas por los edificadores, pidiendo que les reconozcan la legalidad de sus licencias de construcción.
Ante este lío, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, contestó ayer aclarando que en ningún momento el Distrito ha negado la posibilidad de que los constructores hagan sus edificaciones. “Hemos planteado que respetamos cualquier proceso que se hubiera iniciado antes de la resolución y que tuviera licencias. Hemos pedido que los propietarios que tengan derechos adquiridos lo demuestren para que inmediatamente puedan ser considerados como parte urbana”, dijo el funcionario.
Ahora serán los tribunales los encargados de resolver este nuevo lío por un tema de normas urbanas. Habrá que ver a quién le dan la razón.