Ante la Procuraduría, defensores de derechos humanos y líderes sociales de ocho localidades de Bogotá radicaron una queja disciplinaria en la que piden sancionar al alcalde Enrique Peñalosa, por no tomar acciones frente a las alertas que se han lanzado por la presencia de grupos armados en la ciudad.
David Florez, abogado, investigador y promotor de esta acción disciplinaria, aseguró que el mandatario capitalino “no ha hecho absolutamente nada frente a las diversas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo” por el actuar de estos grupos.
Desde inicios de 2018, de acuerdo con Florez, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, especialmente grupos paramilitares, en la localidad de Ciudad Bolívar, y sobre la expansión de los mismos en Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, sur y suroccidente de la capital colombiana.
“Las comunidades denuncian, la Defensoría corrobora este riesgo y afirma que efectivamente viene creciendo el paramilitarismo. La Alcaldía de Enrique Peñalosa no hace absolutamente nada (mientras) el mal se sigue propagando”, afirmó Florez.
La presencia de estas organizaciones criminales amenaza a más de un millón y medio de personas en esta zona de la ciudad, según cifras de la propia Defensoría.
De acuerdo a la denuncia, las agrupaciones “posdesmovilización y paramilitares” están controlando el tráfico de drogas en la ciudad, extorsionan a pequeños comerciantes y articulan las mafias que funcionan en dichas localidades. También amenazan constantemente líderes comunitarios y son responsables de violaciones de derechos humanos, como asesinatos selectivos.
Florez cuestionó si, lo que llamó una relación de convivencia de la Alcaldía Distrital con grupos como las Aguilas negras, Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Capital, "tiene que ver con la presencia de partidos en su coalición de Gobierno, claramente ligadas” al este fenómeno criminal, como el oficialista Centro Democrático.
“Le exigimos a la Procuraduría, que así como suspendió al alcalde de Tierralta, Córdoba, por no hacer nada para proteger la vida de María del Pilar Hurtado, haga lo mismo y obre en consonancia contra el alcalde Enrique Peñalosa”, aseveró.
La última alerta de la Defensoría indica que en los últimos tres meses han sido asesinados ocho jóvenes asesinados en Bosa. En Ciudad Bolívar, se han registrado al menos otros 15 crímenes, pero las Secretarías de Seguridad y de Gobierno han insistido que en Bogotá no existen estos grupos.
Luceris Segura, líder de Ciudad Bolívar, informó que aunque desde el año pasado se emitió una alerta temprana, los gobiernos local, distrital y nacional “no han hecho ninguna acción”, mientras que la localidad “sigue sufriendo riesgos y asesinatos”.
Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa, indicó que desde 2018 en esta localidad han venido aumentando las intimidaciones de líderes comunales, y la difusión de panfletos amenazantes, particularmente contra organizaciones sociales.
“Este año se han presentado dos casos de desmembramiento, cuatro panfletos y constantes amenazas, como en el barrio Villa Karen II, donde dos personas se han tenido que ir”, detalló. También se han presentado casos de control territorial en esta localidad.
Por su parte, Andrés Camilo Rodríguez, de Kennedy, advirtió que sumado al contexto nacional, “Bogotá no es ajena a la problemática” de asesinato de líderes por la actividad política y comunitaria de organizaciones sociales.
Este líder social denunció hechos como que personas no identificadas pidan listas de quienes participan en reuniones de asambleas de juntas de acción comunal, murales o grafitis que dicen “soberanía paramilitar AUC”, así como mafias estructuradas con vínculos con la Policía, e incluso, con políticos locales.
Isabel Fajardo, defensora de derechos humanos de la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá Sur (Redhus), dijo que en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, se ha hecho un diagnóstico que permite evidenciar que “realmente en los territorios se están reconfigurando estructuras post desmovilización del paramilitarismo”, que han generado alarma y zozobra por el trabajo social en las comunidades.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret ha dicho que al menos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte. "Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar", dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de este año, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en todo el país, según el informe de 2019 del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz).