La Superintendencia de Industria y Comercio presentó el concepto sobre el cambio de taxímetros por dispositivos electrónicos para liquidar las tarifas, que le hacía falta al Distrito en medio de la discusión por la implementación de taxis inteligentes.
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En este, no solamente le llama la atención a la Secretaría de Movilidad por los efectos negativos sobre la libre competencia y los usuarios, sino que además señala que el Distrito no ha tenido en cuenta las recomendaciones que ha hecho la Superindistria sobre tema.
En su análisis, la SIC determina que "las normas distritales se centran en definir características de las plataformas y no en los objetivos de la política pública que debe perseguir el servicio público de transporte", es decir que no tienen en cuenta temas como la libre circulación, seguridad y libertad de empresa, sino que al contrario concentra su uso a quienes cumplAn con una gran cantidad de características tecnológicas, LO que al final pueden terminar motivando la ilegalidad.
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Por otro lado, señalan que el uso de una plataforma tecnológica para calcular las tarifas, como se quiere implementar en el nuevo modelo, no está justificada. Aunque la Superintendencia no descarta su uso, si advierte que este tipo de tecnologías no cuentan con un reglamento técnico meteorológico, mientras que los taxímetros estan probados y regulados, lo que obligaría al Distrito a presentar una carga argumentativa más grande para justificar el cambio de un modelo a otro.
En cuanto al cobro por factor de calidad, el documento señala que desdibuja la distinción de servicio básico y de lujo, ya que permite a los taxistas cobrar hasta el 13,3 % de más si cumple con determinadas características que podrían ser consideradas como básicas para cumplir con el servicio. Esto mismo consideran en cuanto al cobro por Factor de Seguridad Vial, los sobrecostos que conllevaría el cambio de ruta y al instalación de tabletas dentro de los vehículos, que afectarían directamente el bolsillo de los usuarios de este tipo de transporte.
Si bien, el concepto era esperado por el Distrito, ya que la primera resolución fue suspendida porque no se había expedido el pronunciamiento, la Superintendencia señala que el documento no es vinculante, por lo que no es obligación de la Secretaría de Movilidad tomar medidas ante sus observaciones.