El próximo martes 17 de octubre se seleccionaría la empresa ganadora de la licitación del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) para Bogotá. A pocos días del cierre del proceso, la Procuraduría alertó sobre posibles irregularidades legales, técnicas y financieras, pese a las cuales la Secretaría de Movilidad ratificó el viernes que continuaría adelante con la selección. Pocas horas después del anuncio, el procurador general Fernando Carrillo envió una nueva comunicación al Distrito, por lo cual la entidad se vio obligada a suspender el proceso licitatorio hasta el próximo 31 de octubre, para así responder las dudas del Ministerio Público. (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes)
Así es. En pocas horas, el Distrito tuvo que retractar su decisión de mantener en firme el proceso tras la solicitud de la Procuraduría, que desde el 20 de septiembre viene advirtiendo sobre posibles falencias en la licitación e incluso pidió respuestas directamente al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, quien aún no ha se ha manifestado al respecto.
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Carrilo envió una carta al propio alcalde Enrique Peñalosa, en la que le manifestó que “ante la decisión de la Secretaria Distrital de Movilidad de mantener el cronograma del proceso de licitación de semaforización inteligente para Bogotá, que fue informada a la ciudadanía mediante comunicado de prensa del día de hoy, solicito a su despacho la suspensión de la Licitación Pública 030 de 2017 hasta que se aclaren las inconsistencias y anomalías encontradas por la Procuraduría General de la Nación como así se ha advertido desde el pasado 20 de septiembre”.
Las dudas del Ministerio Público están plantadas en varios aspectos del proceso licitatorio. La primera es las modificaciones que se le hicieron a los anexos publicados el 29 de septiembre en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), que según la Procuraduría tienen presuntas irregularidades al tener un componente técnico diferente frente al proceso licitatorio inicialmente propuesto. Otra de las alertas fue sobre el informe final de la consultoría especializada, que fue contratada por un valor de $5.499 millones y tenía como objetivo la elaboración de estudios y los detalles técnicos, financieros y legales del proceso, por lo que el procurador Carrillo llegó a pedir las copias de las hojas de vida de los asesores, evaluadores y demás personas que adelantaron los estudios.
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En su llamado de atención inicial, la Procuraduría le dejó claro a Movilidad que estaban incurriendo en falta de planeación, improvisación en términos económicos, posible favorecimiento de oferentes y que había un alto riesgo de que el proceso fuera en contravía del cuidado de los recursos invertidos.
Pese a todas estas alertas, la Secretaría de Movilidad intentó mantener en firme el proceso pues aseguró que hay una urgencia de actualizar la red de semáforos de la ciudad y, además, que la licitación había tenido acompañamiento del Gobierno Nacional y de los entes de control, incluyendo a la Procuraduría, y hasta aseguró que todas sus advertencias han sido tenidas en cuenta para garantizar transparencia y agilidad en el proceso licitatorio.
“Hemos recibido alrededor de 729 observaciones atendidas oportunamente y debidamente publicadas en el SECOP. Adicionalmente, se creó un ‘cuarto de datos’ abierto desde el 1 de junio de 2017, en donde se encuentra toda la información oficial relacionada con este proceso”, indicó en su momento Movilidad.
Con la decisión de postergar el cierre del proceso de selección, se complica el objetivo del Distrito de que, al finalizar su periodo de gobierno, sean entregados 240 pasos renovados, que han marcado como una tarea de alta importancia pues el nuevo sistema ofrecerá datos en tiempo real, coordinados desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la ciudad, para estipular los tiempos de duración de cada luz para los diferentes actores viales.