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A través de una carta dirigida al gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, la Procuraduría General de la Nación, que adelanta vigilancia preventiva a las acciones alrededor del proyecto, solicitó dar respuesta a una serie de derechos de petición relacionados con solicitud de información sobre la obra.
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Dicha solicitud ha sido elevada por el concejal Hollman Morris, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que el proyecto carece de financiación y estudios de factibilidad. Por ello, el ministerio público solicitó "dar respuesta al peticionario en los términos de la ley y allegar copia de las respuestas dadas y sus conclusiones respectivas".
Según el concejal, esos documentos permitirían establecer si el metro elevado tiene o no financiación, es decir, si se inició la ejecución de las vigencias futuras en el año en que fueron aprobadas como lo exige la ley.
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Como medida preventiva ante la posible existencia presuntas irregularidades en el proceso y con el fin de garantizar transparencia e idoneidad del proceso de licitación, la Procuraduría General de la Nación adelanta vigilancia al proyecto.
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De acuerdo con un informe del Concejo, el proyecto del metro elevado tiene 22 riesgos identificados. Aunque ninguna de las advertencias es de alto impacto ni tiene una alta probabilidad de ocurrencia, son asuntos que deben ser analizados por el Ministerio de Hacienda y la banca multilateral, cuya respuesta final se conocerá dentro de los pliegos definitivos de la obra.
Es importante aclarar que, si hay objeciones por parte de la banca, esto inevitablemente generará cambios en los cronogramas de actividades e incluso se podrían modificar los costos totales del proyecto.
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Otro de los puntos de debate en relación con la construcción del metro fue que, pese a que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había asegurado que la licitación se adjudicaría en septiembre y la primera línea se comenzaría a construir en marzo del año próximo, la Empresa Metro de Bogotá aplazó una vez más el proceso y realizó un ajuste de fechas, que atrasan 21 días el trámite de adjudicación.
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En el cronograma se establecía que el 30 de septiembre se llevaría a cabo el proceso. Sin embargo, con la modificación, revelada por el portal La Silla Vacía, ahora se realizaría el 21 de octubre, justo seis días antes de la jornada electoral para elegir alcalde de la capital.
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