¿Quiénes rodean al contralor de Bogotá?

Juan Carlos Granados Becerra. / El Espectador

Foto: OSCAR PEREZ

El contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, es un político purasangre. Conoce de alianzas con “caciques” y como candidato no ha perdido elección. A lo largo de su historia ha logrado tener aliados en casi todos los partidos tradicionales. “Fui mecánico ajustador de motores diésel. Ahora soy experto en mecánica electoral”, dijo en entrevista con El Espectador, antes de posesionarse.

No hay frase que mejor lo describa. O al menos, eso se podría pensar al conocer sus relaciones y algunos de los profesionales que ha contratado, entre los que hay personas que han hecho parte de su círculo de confianza en Boyacá; miembros y excandidatos de las bancadas que lo respaldaron para llegar a la Contraloría; herederos electorales de políticos procesados por el carrusel de la contratación y hasta las hijas de magistrados de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, investigados por el “cartel de la toga”.

Pese a las referencias de algunos profesionales en su nómina, para Granados no hay espacio a suspicacias. Dice, por un lado, que no conoce a todos sus funcionarios ni tiene cómo saber de sus relaciones. Por el otro, porque los que entran a la entidad llegan por sus calidades profesionales o porque los conoció como excelentes funcionarios en otras entidades, como es el caso de la exesposa de uno de sus padrinos políticos. ¿Y los excandidatos? “Eso tampoco debería generar polémica o ¿si alguien fue candidato o es familiar de determinada persona, lo inhabilita para trabajar? Yo no creo”, responde.

Lo que no tiene problema en reconocer es que en la entidad está rodeado por un círculo boyacense. “Eso no tiene misterio y tiene una razón: uno trabaja con personas de confianza. Pero más que políticos, son personas que me han acompañado en mi carrera administrativa. Uno trabaja con los que conoce. Si por mí fuera, serían más, pero eso también lo verían mal”, agregó.

Sin embargo, su gestión en lo administrativo y sus relaciones políticas lo tienen hoy en la mira de las autoridades: a Granados lo investiga la Contraloría General por presuntas irregularidades en el manejo de casi $5.000 millones para la educación mientras fue gobernador de Boyacá; la Fiscalía lo mencionó en la investigación al exsenador Plinio Olano, por el escándalo de Odebrecht, en la que trata de establecer la veracidad de una versión que indica que Granados firmó un contrato mientras fue gobernador, que terminó favoreciendo a la multinacional brasileña, y recientemente fue cuestionado al conocerse que su esposa estaba recogiendo firmas en Boyacá para respaldar la candidatura de Germán Vargas Lleras, su jefe político.

Frente a la investigación puntual por el caso Odebrecht, Granados negó haber recibido $200 millones de la multinacional para alguna de sus campañas y que como gobernador de Boyacá nunca le adjudicó un contrato a dicha compañía. “Mi único desempeño como servidor público en relación con dicha empresa es como contralor de Bogotá en el proyecto Tunjuelo-Canoas, en el que ordené reabrir el proceso en 2016, consolidando hallazgos este año por $230 mil millones. Con esto dejo claro que no favorecí de ninguna manera a esta firma y, por el contrario, apliqué con rigor la ley en procura de cuidar los recursos de Bogotá”.

Conexiones

Para saber de las conexiones que ha tejido Granados, hay que conocer su carrera política. En 2001 fue alcalde de su pueblo natal, Nobsa (Boyacá), con el aval del Partido Liberal y el apoyo del Luis Hernando Calixto Paipa; en 2006, representante a la Cámara por Cambio Radical (CR) y con el respaldo de los excongresistas Luis Guillermo Barrera (líder liberal en Sogamoso, Boyacá) y Plinio Olano Becerra (del partido de la U, hoy investigado por el caso Odebrecht), y en 2012, gobernador de Boyacá, con el apoyo de los partidos Liberal, CR, la U y el Conservador, así como del excongresista Cristóbal Rodríguez y del senador Jorge Hernando Pedraza.

Como todo en su trayectoria, su llegada a la Contraloría tampoco fue producto del azar. Lo hizo con la bendición de sus actuales padrinos políticos: el senador Germán Varón Cotrino y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras quienes, a través de los nueve concejales de Cambio Radical en Bogotá (bancada mayoritaria), lo catapultaron al cargo. Granados también hizo su tarea: habló con los cabildantes y se vendió como la mejor opción por conocer las entrañas de la administración pública.

Fue así como, pese a no lograr el mejor puntaje en las pruebas de conocimiento (ocupó el puesto 37 de 43 finalistas), logró el respaldo de 35 de los 45 concejales de Bogotá, especialmente de las bancadas que hoy respaldan a la administración de Enrique Peñalosa: CR, Partido Liberal, Centro Democrático, la U, Partido Conservador, Alianza Verde y Opción Ciudadana.

Granados asumió en junio del año pasado la misión de vigilar los dineros públicos de Bogotá y a pesar de que su elección generó voces de protesta, al considerarlo más político que técnico, él se defendió con una frase que fue la base de su campaña: “Se debe desmitificar el que haya hecho trabajo electoral. Es mucha más garantía para la ciudad que yo, que conozco el procedimiento administrativo, sea el que lo vigile”, dijo en su momento.

Contratación

Si bien tener a alguien de sus filas dirigiendo una contraloría puede ser una ventaja para cualquier partido, tradicionalmente este tipo de entidades las han visto los políticos como buena fuente de empleo. En el caso de Bogotá mucho más, al saber que maneja un presupuesto cercano a los $137.000 millones al año y una nómina de 1.045 empleados, conformada por 125 directivos, 31 asesores, 621 profesionales, 103 técnicos y 165 empleados de nivel asistencial, de los cuales el 20 % son de libre nombramiento. Esto sin contar los casi 200 contratistas que apoyan diferentes dependencias.

Aprovechando las facultades de su cargo y como es habitual en estas entidades, Granados llegó a conformar su equipo. Según las respuestas a derechos de petición formulados por la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), entre junio de 2016 y septiembre de este año la relación de nombramientos alcanza los 400 empleados en diferentes cargos. En cuanto a los contratistas, reporta 191 personas vinculadas por prestación de servicios.

Aunque en la contratación de muchos se tuvo en cuenta la experiencia, al analizar casos puntuales se nota cómo el contralor distrital se ha rodeado de profesionales que tienen algún vínculo con su partido, CR; miembros de los movimientos que lo han apoyado en su carrera y de las bancadas del Concejo que respaldaron su elección.

En su gestión tampoco ha olvidado a su gente de Boyacá y especialmente a los empleados de confianza mientras fue gobernador. Al analizar la procedencia de 181 contratistas, si bien la mayoría son de Bogotá (68), ha vinculado a 54 personas de su departamento, de los cuales 12 son de Sogamoso, 10 de Tunja, 6 de Duitama y 4 de su natal Nobsa, municipios en los que Granados forjó su carrera política.

Al cruzar la lista de empleados y contratistas con las bases de datos de candidatos y financiadores de campañas, el resultado es que once tienen vínculos con CR; ocho, con el Partido Liberal; siete, con la U; seis, con el Centro Democrático; cinco, con el Conservador; tres, con Alianza Verde; dos con Opción Ciudadana, y dos con Libres. Con una particularidad: la mitad fueron candidatos que perdieron en las elecciones regionales de 2015 en Bogotá, Boyacá o Tolima. En términos políticos, en la Contraloría hay un pabellón de “quemados” ocupando cargos claves.

Contra Petro y Peñalosa

Desde la elección de Granados, algunos políticos señalaron que el principal beneficiado sería Germán Vargas Llegas. No sólo porque vigilaría al alcalde Enrique Peñalosa (a quien también respaldó Cambio Radical), sino por el poder para investigar y sancionar al exalcalde Gustavo Petro, su principal contendor en Bogotá para las presidenciales. Por eso, así como algunos nombramientos, sus pronunciamientos también han sido objeto de controversia.

En diciembre pasado, por ejemplo, ratificó la sanción por $217.000 millones contra Gustavo Petro, por no subir los pasajes de Transmilenio, la cual fue recientemente suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras resuelve de fondo la demanda de nulidad. Seis meses después, le imputó cargos por un posible detrimento, cercano a los $800.000 millones, por la recompra que hizo la Empresa de Energía de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la cual está en curso. La última se conoció a comienzos de noviembre, cuando lo declaró responsable de un posible detrimento por $40.000 millones, por la implementación del esquema de aseo.

Aunque Granados dijo que sus decisiones fueron en derecho, podrían tener efectos sobre las aspiraciones presidenciales del exalcalde Petro, quien señaló que las decisiones de Granados “eran una persecución contra el Progresismo, desde un aparato administrativo del Estado” y aprovechó para sacar a relucir las denuncias que se abrieron contra el contralor mientras fue gobernador.

Esta controversia era previsible, pero la que no estaba en el presupuesto era la generada por las decisiones contra funcionarios de confianza del alcalde Peñalosa: el embargo a la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, al parecer por dejar prescribir unos impuestos cuando trabajó en pasadas administraciones; la investigación contra la gerente de la Empresa de Energía, Astrid Álvarez, por el pago de unas indemnizaciones, así como la investigación y el embargo a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, por un posible detrimento de $2.809 millones debido a la crisis del SITP.

La última fue la indagación preliminar contra el alcalde Peñalosa y el gerente de la empresa metro, Andrés Escobar, por haber desechado los estudios del metro subterráneo, que había contratado la pasada administración, para iniciar nuevos estudios de cara a construir un metro elevado. Según la Contraloría Distrital, por esta decisión, la ciudad podría perder alrededor de $146.000 millones.

Estos episodios generaron molestia en el Palacio Liévano, hasta el punto de que algunos asesores del alcalde le comentaron a este diario que era curioso que la exhaustiva vigilancia de Granados coincidiera con la estrategia de Vargas Lleras de tomar distancia de Peñalosa de cara a la contienda electoral del próximo año, que se evidencia en las críticas del exvicepresidente a la gestión del mandatario distrital en sus correrías en las localidades.

A pesar de este panorama, parece que a Granados lo tienen sin cuidado las críticas a su gestión y al equipo que lo rodea. “Si tomo una decisión contra la pasada administración, me critican. Si la tomo contra la actual, también. Hacer control fiscal es la labor para la que me eligieron y eso es lo que he venido haciendo”, concluyó.

Casos polémicos

En la contratación de la Contraloría también hay espacio para casos que generan ruido. Una es Liliana Jaramillo Mutis, exesposa de Germán Varón Cotrino, senador por Cambio Radical y padrino político de Granados. Ella es contratista en la Dirección de Planeación de la Contraloría y la supervisa el abogado Luis Alberto Giraldo Polanía, actual subdirector de análisis, quien fue su subalterno en la Auditoría General y en la Contraloría General. En la nómina también estuvieron Ximena Liliana Bustos Velasco y Yara Milena Malo Benítez, hijas de los magistrados de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Gustavo Malo, investigados por posible corrupción. En el caso de Bustos Velasco, ella ingresó en 2015 y Granados la mantuvo hasta que estalló el escándalo en la Corte. Y en el de Malo Benítez, fue contratada en junio de este año, pero le pidieron la renuncia.

A estos se suman otros casos como el de dos profesionales que fueron herederos de los votos de concejales procesados por el carrusel de la contratación, como Yimy Antonio Mejía Báez o Pedro Antonio Rojas Herrera; la expersonera distrital de infraestructura en Bogotá Nelcy Cárdenas Mora, quien fue investigada por la Procuraduría junto a Francisco Rojas Birry en medio del escándalo del Carrusel de la contratación, y Fernando Segura Aranzazu, gerente de la dirección de gestión jurídica, quien fue superintendente de Vigilancia y salió en 2006, según un artículo del diario “El Tiempo”, en medio de un escándalo por haberse reunido con Enilce López, alias “La Gata”. Ninguno de ellos tiene condenas o sanciones conocidas.

Políticos de Bogotá

En la Contraloría hay excandidatos que integraron las listas de las bancadas que votaron por Granados para llegar a la Contraloría, como Jairo Gómez Ramos, director administrativo, quien aspiró al concejo por Alianza Verde; Carlos Gabriel Camacho, director de Estudios Económicos; Diana Marcela Diago, directora del equipo de auditoría (Centro Democrático); José Ángel Espeleta, gerente grado 39; Pedro Antonio Rojas, contratista de la Dirección de Hacienda (la U), y Luis Alfredo Pineda, subdirector de Carrera Administrativa (conservador). Otro caso de políticos en su nómina es el de Erwin Arias, contratista de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal y ficha clave de Cambio Radical en el departamento de Caldas. Fue alcalde de La Dorada y en su contra hay cuatro investigaciones de la Procuraduría. Algo llamativo es que, a pesar de no haber terminado su contrato, en junio anunció su candidatura a la Cámara. En entrevista con el diario La Patria dijo: “Soy producto de Vargas Lleras”.

Círculo boyacense

Granados no olvida su tierra ni a los que lo han ayudado en Boyacá. En su nómina hay personas que trabajaron con él en la Gobernación, como sus asesores Bernardo Umbarila Suárez (mencionado en el escándalo Odebrecht) y María Anayme Barón (investigada por la Contraloría), que fueron secretarios de Planeación y Hacienda; Oduber Alexis Ramírez, exgerente de la Lotería de Boyacá (lo investiga la Procuraduría), y Jorge Edisson Sanabria, que fue su director financiero y se quemó en 2015 en su intento por ser diputado de Boyacá por Cambio Radical. Además de personas con las que ha hecho política, como Luis Alejandro Gutiérrez Sanabria, candidato en 2015 a la Alcaldía de Sogamoso por el Partido Liberal, y Jhon Alejandro Roa Gómez, exdiputado en Boyacá. A ellos se suman Emmel Mauricio Vargas Quiñónez, quien financió a Gutiérrez Sanabria, y José Óscar Ibáñez Daza, financiador en 2010 de Luis Guillermo Barrera, uno de los primeros aliados políticos de Granados.

La mayoría de contratistas de su círculo boyacense trabajan para la Dirección de Responsabilidad Fiscal, a cargo de Mauricio Barón Granados. Él fue expersonero de Sogamoso en 2008 y precandidato en 2010 a la Alcaldía de ese municipio por Cambio Radical. Su subdirector es Luis Guillermo Ramos Vergara, quien, como dato particular, está relacionado en una sentencia de la Corte Suprema en contra de José Lenel Clavijo y Hernán José Baute, procesados por adjudicar contratos para la sistematización de la biblioteca del Senado, que nunca se ejecutaron.

* Investigación realizada en el proyecto Tras la Pista de las Contralorías de Consejo de Redacción, con el apoyo de Open Society Foundation.