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En el Concejo de Bogotá revivió el debate sobre la eliminación de la Veeduría Distrital. Este miércoles ante la Cámara de Representantes, 23 de los 45 cabildantes de la capital, presentaron un proyecto para modificar la ley estatutaria en la que fija la organización administrativa con el fin de acabar con el ente de control.
Sus justificaciones: el alto costo que representa la entidad para el Distrito ($19.512 millones) ya que solo cuenta con 74 puestos; los 236 contratos que suscribió en 2017; los $1.839 millones que paga de arriendo al año, y, según ellos, la falta de rigurosidad de los análisis que entregan.
"Igualmente varias de sus funciones se superponen con las funciones que hoy desarrolla la Personería de Bogotá (...) La Veeduría Distrital en nada aporta a la ciudad y en varias de sus actuaciones", señala el documento entregado por los concejales ante la Cámara de Representantes.
La petición fue firmada por los concejales Rolando González, Roberto Hinestrosa, Jorge Lozada, Julio C. Acosta, Cesar García Vargas y Yefer Vega de Cambio Radical; Diego Molano, Ángela Garzón y Pedro Javier Santiesteban del Centro Democrático; Germán Augusto García, María Victoria Vargas, Luz Marina Gordillo, Armando Gutiérrez, Jorge Durán Silva, Álvaro Acevedo del Partido Liberal; Edward Arias y Lucía Bastidas de la Alianza Verde; Venus Albeiro Silva (expulsado del Polo Democrático); Patricia Mosquera, Rubén Torrado y David Ballén del Partido de La U, y Marco Fidel Suarez del Partido Opción Ciudadana.
No es la primera vez que se hace esta propuesta. En 2015, los entonces concejales Miguel Uribe Turbay y Clara Lucía Sandoval hablaron de crear una comisión con el fin de presentar una propuesta ante el Congreso, para cambiar el funcionamiento, competencias y responsabilidades de las alcaldías locales, “ajustar los mecanismos de control y para que la asignación de recursos de los fondos locales sea eficiente y transparente”.
Ante los múltiples casos por irregularidades en la contratación por parte de las alcaldías locales de la malla vial, se propuso la creación de una especie de superintendencia distrital, que sería una ventanilla única de inspección, vigilancia y control que asumiría las funciones de las secretarías frente a la atención de las quejas ciudadanas.
Recientemente, la Veeduría, en conjunto con la Cámara de Comercio, Probogotá Región y Transparencia Colombia, entregó el primer informe de índice de transparencia (ITB) de als entidades públicas en la capital. El documento señala que la entidad con menor riesgo es la Secretaría de Gobierno, que obtuvo una puntuación de 82,5 sobre 100 puntos, mientras que en los últimos lugares se encuentra el Concejo de Bogotá (59,9); la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con 55,9 puntos; la Secretaría de Desarrollo Económico (57,8); el Jardín Botánico José Celestino Mutis (59,7) y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), con una calificación de 59,8 sobre 100.