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El descontento de un sector de la ciudadanía por el abuso policial se tradujo la semana pasada en violentas protestas que terminaron en la destrucción de 49 de los 130 Comandos de Atención Inmediata (CAI) que hay en la ciudad (de los cuales 17 fueron incinerados). Si bien la génesis de la manifestación fue la indignación por la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial (que se mezcló con la ira contenida desde el paro nacional a finales del año pasado), el ataque a la infraestructura de seguridad abre preguntas: ¿toda la ciudadanía se siente representada en quienes causaron destrozos?, y, ¿cuál será el futuro de la seguridad urbana, que en muchos barrios estaba representada en los CAI destrozados?
Los CAI surgieron entre finales de los años 80 y principios de los años 90. En ese entonces había una visión muy militar de la Policía y críticas sobre su capacidad para dar respuesta oportuna ante hechos de inseguridad en los barrios desde las estaciones de policía. Entonces buscaron alternativas para generar cercanía con la gente, y fue cuando se crearon pequeñas estaciones barriales, como sistema de desconcentración y forma de que los uniformados tuvieran lugares fijos entre barrios, para mejorar su efectividad. Sin embargo, en los primeros años hubo reparos, incluso de la propia Policía, que se quejaba de no tener suficiente personal para ubicar en las estaciones. Por su parte, la ciudadanía no le veía mucha utilidad ni le daba el uso para el que fueron creados.
Con varios ajustes en las estrategias de seguridad, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco hubo más cercanía entre ambas partes y los CAI empezaron a cumplir con su objetivo de ser el primer punto de denuncia de la comunidad y de generar percepción de seguridad. No obstante, con los años también surgieron denuncias sobre actos inconcebibles en el interior de estas estaciones barriales, como golpizas, sobornos, abuso sexual y hasta muertes, hechos que fueron combustible de los disturbios de esta semana. Ahora viene un proceso de reconstrucción de la infraestructura física, que tendrá que ir acompañado de otro más complejo: justificar su necesidad en los barrios en que quedaron destruidos.
La reconstrucción
Vecinos de algunas estaciones vandalizadas decidieron “reabrirlas” a su manera. En las que hay peor relación, entre Policía y ciudadanos, se acondicionaron bibliotecas populares, se hicieron murales y hasta se instalaron aparatos musicales. En algunas que no quedaron tan afectadas, fueron los residentes quienes ayudaron a limpiar y a restaurar. A pesar de la unidad entre vecinos que pueda significar la apropiación de los CAI, eventualmente las estaciones de Policía se volverán a construir.
Sobre los costos hay muchas variables y dependen del nivel de afectación, pero para tener un dato, el último CAI que se entregó en la ciudad costó $420 millones, pues tenía vidrios blindados, equipamientos, cámaras de seguridad, entre otros elementos. Más allá de eso, la alcaldesa Claudia López confirmó que estos centros están asegurados contra hechos como los ocurridos la semana pasada. “El trámite ahora son las pólizas para recuperarlos, pero que estén asegurados no implica que no costará nada el arreglo”, dijo.
Se requiere un plan B
Son varios los desafíos que tienen la Secretaría de Seguridad y la Policía para las próximas semanas o meses, en que los barrios estén sin CAI. Para analistas en seguridad, lo más importante es fortalecer el modelo de cuadrantes sin que exista una estación central, crear nuevas estrategias en la marcha y, el más grande, recobrar la confianza social. Según Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, “quizás aumentará la percepción de inseguridad, en temas de delincuencia común y otros delitos callejeros, pero ahí la seguridad recaerá en el modelo de cuadrantes. El CAI es una estrategia de respaldo”.
Por su parte, Henry Cancelado, experto en seguridad y defensa, coincide en que va a empeorar la percepción de seguridad y asegura que ahora, cuando la ciudadanía va a estar más atenta al actuar de la Policía, habrá críticas, porque se podría limitar su capacidad de reacción. “Muchos barrios quedarán a merced de las pandillas barriales, que al parecer en muchos casos estuvieron detrás de los destrozos en los CAI. Por eso la Alcaldía debe entrar a diseñar nuevos esquemas de seguridad para garantizar la reacción”.
También lo ve así Johan Avendaño, analista en políticas públicas, quien considera imprescindible que “la Policía presente una estrategia para cubrir la ciudad durante la contingencia”. Como sugerencia, dice, se puede recurrir a los CAI móviles para mejorar la presencia en todas las zonas de Bogotá. Esa parece ser la clave para no dejar que se deteriore la seguridad. En eso coincide Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la U. Externado, quien cree que, “aunque paradójico, esta situación puede ser un buen laboratorio. Aunque empeorará la percepción de seguridad, si la Policía logra desplegar una buena capacidad de movilidad y mayor presencia, puede convertir esta crisis en una oportunidad de mejora”.
Por último, Andrés Nieto, experto en seguridad, explica que, como la confianza se rompió, el reto ahora es que la ciudadanía confíe de nuevo en la autoridad uniformada, pues algunas comunidades pueden empezar a sustituir las labores policiales. “El reto mayor no será reconstruir, sino recobrar la confianza social y en las autoridades. Para eso debe haber un plan de recomposición de la relación en la reestructuración que se propone, porque la consecuencia de que no pase eso es que haya justicia por mano propia”.
En medio de la tragedia por los coletazos de los disturbios es momento de empezar a pensar en cómo aclarar lo ocurrido en esas noches de terror, pero también en que esa verdad sirva para reformular la actuación de los policías en los barrios y el papel que deben cumplir los CAI, hoy en el ojo del huracán por lo que pudo ocurrir con el caso de Ordóñez.
