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Las manifestaciones del paro nacional cumplen una semana y cada día se registran más hechos que lamentar durante las jornadas. La violencia ha escalado casi a un punto de no retorno, sobre todo en las noches, y los responsables de verificar que se cumplan los protocolos de la intervención de la Fuerza Pública y, en general, de velar por el respeto de los derechos humanos denuncian que su labor se complica con el paso de los días. Producto de eso, esta semana el Distrito tuvo que solicitar asistencia del Ejército para garantizar la custodia de infraestructura pública, pero, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, la militarización de toda la ciudad no se dará, pues tanto la seguridad como la gestión de la convivencia seguirá a cargo de la mediación entre el Distrito, las organizaciones defensoras de derechos humanos (DD. HH.) y la Policía.
Ayer fue otro día de movilizaciones, el octavo desde que se reactivó el paro nacional, y las calles se coparon de nuevo. Las centrales obreras, los sindicatos y docentes atendieron el llamado del Comité Nacional del Paro y se sumaron a las organizaciones independientes que han citado las movilizaciones desde el pasado 1° de mayo. En términos generales, en la mañana la protesta fue pacífica, pero en la tarde, al llegar a la Plaza de Bolívar, se registraron choques y el Esmad disolvió en repetidas ocasiones los grupos que avanzaban hacia el centro de la ciudad.
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Si bien una de esas intervenciones tuvo que ver con un intento de apedrear el edificio del Congreso de la República, estando en la zona se pudo verificar que en varias ocasiones, aun cuando no había actos violentos en la plaza, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para dispersar la marcha. Teniendo en cuenta que existen una serie de protocolos para la intervención gradual de la Fuerza Pública, que exigen la articulación entre los defensores oficiales del Estado y las ONG, se pudo concluir que la mediación no se puede realizar como debe ser.
Eso denuncian los defensores de DD. HH., quienes no se explican cómo pese a pertenecer a organizaciones reconocidas internacionalmente no los tienen en cuenta a la hora de interceder antes de la intervención del Esmad. Pero no es lo único, también afirman que no les han permitido verificar las condiciones de las personas que son detenidas y que en muchas ocasiones su papel ha sido ignorado.
La abogada Isabel Fajardo, de la organización Lazos de Dignidad, manifiesta también que “las organizaciones no damos abasto para registrar todas las violaciones a DD. HH. en calles y barrios”. Según dice, en las movilizaciones de estos días se han desatendido instrumentos como las comisiones de verificación de los manuales y protocolos, que mencionan cómo debe ser el uso de la fuerza.
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“Nos organizamos en triadas: hay una persona que hace la interlocución con las instituciones, otra persona toma nota y otra hace registro documental. Todos estamos debidamente identificados, pero aun así tenemos inconvenientes como que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) no nos dan información de los detenidos e incluso muchas veces las instituciones se retiran del terreno y eso nos dificulta el ejercicio”, menciona Fajardo.
La misma concepción tiene Óscar Ramírez, integrante de la organización Campaña Defender la Libertad, quien relata los líos que han tenido en estas jornadas. Una de esas es que evidencia una “desconexión institucional entre autoridades civiles y policiales, lo que ha hecho que se desconozca nuestro papel. Muchas hemos sido foco de la represión y agresiones de la Fuerza Pública”. De acuerdo con Ramírez, en esta semana tienen registro de agresiones contra 58 defensores de DD. HH. en todo el país.
Otro problema que comenta, y en el que concuerda con Fajardo, es que no les han permitido tomar registro de detención ni verificar las condiciones de los jóvenes que son conducidos por los uniformados. “Nos han increpado porque documentamos las irregularidades y en las noches tenemos más problemas para identificarnos y no nos dejan asistir a las URI o entrevistar a los detenidos.”, dice Ramírez.
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Sin embargo, desde la Personería señalan que la articulación sí existe, que es permanente y que se vienen cumpliendo los protocolos establecidos para la mediación. Esmeralda Caro, coordinadora del grupo para el acompañamiento en escenarios de posible vulneración de derechos de la Personería (GAEPVD), menciona que los funcionarios de la institución han estado para ayudar heridos y en momentos en los que conducen a los detenidos “para mediar, buscar lo mejor para el ciudadano y evitar violaciones DD. HH.”.
Caro relata que los protocolos se vienen cumpliendo desde que llegan al terreno y hacen el enlace con las organizaciones hasta el cierre de las jornada, tal como mencionó esta semana la alcaldesa López, al afirmar que las comisiones de verificación “están siempre identificadas y funcionan 24/7.
“Hay unos protocolos definidos que hablan del diálogo, que es el primer paso. Luego se da la intervención de gestores de convivencia y como último paso se realiza el uso de la fuerza legítima, que ocurre cuando hay una situación que se sale de control y se procede al uso de la fuerza gradual, según se van agotando los protocolos”, asegura Caro.
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Respecto a las denuncias sobre dificultades para acceder a entrevistas con los detenidos, la delegada de la Personería relata que cuando esto ocurre a ellos les informan cuáles personas fueron conducidas a un CAI o a un Centro de Traslado por Protección (CTP, antiguas UPJ), y a partir de ahí “se enlazan con nosotros para que hagamos presencia y hagamos un trabajo articulado para velar por las condiciones de detención. Incluso en el PMU se hace todo el ejercicio de acompañar las denuncias que nos trasladan y siempre procuramos responder los interrogantes y requerimientos de las organizaciones”.
Asimismo, Caro manifiesta que desde la Personería se busca hacer todo lo posible para que se reconozca que las comisiones de DD. HH. son importantes y que, por el contrario, en muchas ocasiones son estas organizaciones las que desconfían de la labor de las entidades estatales. “Ellos son un control ciudadano y son garantes en términos de derechos humanos. La única situación a mejorar considero que es que exista un mayor reconocimiento a nuestro ejercicio y el papel del Ministerio Público”.
La pluralidad de visiones indica que sin duda se debe mejorar la mediación entre las partes. Para esto, Henry Cancelado, experto en seguridad de la U. Javeriana, considera que lo principal es que desde el Distrito se defina de qué manera se quieren manejar las movilizaciones y el papel de los defensores de DD. HH. Lo dice porque considera que se ha manejado un doble discurso sobre la presencia de militares.
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“Dicen algo similar a que ‘quieren militares, pero no quieren militares’, y creo que desde la alcaldesa se tiene que sentar una posición sobre cómo quieren que en Bogotá se manejen las manifestaciones. El Distrito tiene que asumir el liderazgo de la Policía, no solo en cuanto al Esmad y a la vigilancia, sino a abrirse a diálogos con estas organizaciones”, señala Cancelado.
Como conclusión y posibles soluciones, el analista considera que los grupos de gestores de convivencia podrían ampliarse para que se evidencie una mayor cercanía con los manifestantes. “El Distrito no se puede quedar solo en hacer anuncios por redes sociales, deben articularse con las ONG y eso es algo para lo que se necesita mucho liderazgo para asumir el control de la Policía, si no los uniformados harán lo que bien les parezca”.
Los choques de los últimos días evidencian que las intervenciones de la Fuerza Pública no estarían cumpliendo con las normas dispuestas para evitar posibles excesos. La labor de los defensores de DD. HH. seguirá, pues su misión está en velar por unas marchas libres de abusos, pero a pesar de sus identificaciones, de estar en la primera línea de las movilizaciones y de ser los ojos de la ciudadanía en las protestas, reclaman un mayor espaldarazo para poder verificar lo que ocurre en cada jornada.
