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Según el proyecto de ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), “será el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia”.
Entre las tareas de la nueva cartera está “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación científica, formular un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incorporar estos tres puntos como ejes transversales en la política económica y social del país y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), entre otras.
El proyecto de ley que se aprobó hoy no dice exactamente qué pasaría con Colciencias, ni aclara cuánto presupuesto debería asignarse al nuevo ministerio, o al sistema de ciencia y tecnología del país.
Los enredos de la ciencia colombiana
En enero de este año, y convocados por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 31 académicos con diferentes experticias y trayectorias se reunieron en Paipa, Boyacá, para discutir sobre cómo debería ser Colombia en materia de ciencia y tecnología, educación, medio ambiente y regalías.
Las observaciones de los académicos y científicos son duras. “Carecemos de un verdadero sistema y de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que incluya a todos los actores y establezca mecanismos de coherencia entre la política educativa, la industrial, y la de ciencia y tecnología. Esta política debería ir acompañada de recursos para un razonable desarrollo de la CTI”. También mencionan la falta de liderazgo de Colciencias, la poca inversión en ciencia y tecnología (que es poco más del 0.2% del PIB nacional), y la manera deficiente en que consideran que funciona el Sistema General de Regalías en materia de Ciencia y Tecnología, “que en más de una ocasión, ha desalentado a la comunidad científica con proyectos que no tienen relación ni pertinencia alguna para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNTI)”.
Entre las propuestas de los académicos, que reunieron en un documento llamado “Manifiesto para la Ciencia”, está crear una estructura en la que tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica; creando un Organismo Colegiado de alto nivel (un Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación) que integre distintos sectores y regiones del país (y en donde Colciencias actuará como administrador de ciertos recursos y fondos), la búsqueda de proyectores regionales de Ciencia, Innovación y Tecnología y la apertura de un fondo de inversión territorial para esos proyectos, entre otros. (Lea también: Un manifiesto de la ciencia colombiana para el próximo presidente)
El proyecto de ley estaba listo desde el 15 de noviembre de 2017, pero hoy fue votado a favor por unanimidad en la Cámara de Representantes y se espera que se apruebe definitivamente en el curso de los próximos seis meses, después de pasar a consideración en el Senado.
El proyecto fue presentado por el representante a la Cámara Iván Darío Agudelo, del partido Liberal (y senador hasta 2022 en el periodo que comienza en agosto) y el también liberal antioqueño John Jairo Roldán Avendaño.
Cabe resaltar que la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con un Ministerio de Ciencia o similares. En Argentina funciona el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en Bolivia, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en Brasil, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Chile la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. En Costa Rica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en República Dominicana el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, en Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura y en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Panamá cuentan con secretarías o consejos.
Consulte el proyecto de ley aquí