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La estatua, de 4,44 metros de alto, reproduce al monarca en posición firme y mirando al frente, con traje azul, corbata verde (el color fue elegido porque cada letra representa la primera de cada palabra de la frase 'viva el rey de España') y camisa blanca.
La obra, calificada de "provocación" por la prensa conservadora española, se llama "ninot", el término con que se conoce en Valencia a los muñecos de grandes dimensiones que cada año se queman en la fiesta grande de la ciudad, las Fallas.
La escultura está expuesta desde el martes en la feria ARCO de Madrid que, ironías de la historia, será inaugurada este jueves por el rey en persona.
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Está a la venta por 200.000 euros, e incluye una peculiar cláusula por la que el comprador "se compromete a que la obra sea quemada", explica Luis Navarro, colaborador de uno de los dos artistas, Santiago Sierra. El otro es Eugenio Merino.
Cuando se queme, sólo quedará una calavera, ya que los demás materiales -madera, cera, cartón, textiles, cabello- son inflamables.
"La especificidad de esta escultura es que no está concebida para pervivir en el tiempo, para ser coleccionada, sino para el placer de ser destruida", añade Luis Navarro.
No es la primera vez que sus autores dan que hablar por sus polémicas obras.
El año pasado, el recinto que alberga la feria ARCO retiró una obra de Santiago Sierra, una serie de fotografías pixeladas de "presos políticos catalanes". La empresa gerente del recinto, Ifema, pidió luego disculpas por lo que algunos denunciaron como un acto de "censura".
Por su lado, Eugenio Merino se hizo famoso por hacer una realista cabeza del dictador Francisco Franco a modo de punching-ball, y antes de eso otra obra que exponía al general golpista en un frigorífico.
El delito de injurias a la Corona está muy de actualidad en España, donde en los últimos años hubo procesamientos y condenas en virtud del mismo.
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No obstante, la justicia española se llevó un revés en marzo del año pasado, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) condenó a España por imponer una pena de cárcel contra dos jóvenes independentistas catalanes que quemaron en 2007 fotos del rey Juan Carlos y su esposa Sofía. La decisión constituyó a su parecer "una injerencia" a la "libertad de expresión".
En octubre, la cámara baja del Parlamento español abrió el procedimiento para suavizar o eliminar delitos relativos a la libertad de expresión, como los de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona o ultrajes a España y sus símbolos.