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Una nueva preocupación para la lista sobre la nueva reforma tributaria: la muerte del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Aunque el gobierno nacional -junto con el texto completo de la reforma- habló de una nueva figura para garantizar la vida de este cuenta, el sector cultural y, sobre todo, el audiovisual, se alarmó al deducir que se quitarían los recursos del cine para trasladarlos al presupuesto nacional y que, la promesa de las garantías para su supervivencia, quedaría empañada por las necesidades “más urgentes”. La excusa es conocida: primero la vida y después lo demás. En Colombia, lo demás siempre ha tenido que ver con las artes, que se relegan por “menos vitales”.
El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se creó gracias a la Ley 814 de 2003: la Ley de cine. La forma más fácil de entender el funcionamiento de esta cuenta bancaria podría ser la siguiente: cada vez que un colombiano paga una boleta de cine, una parte de ese porcentaje va para el fondo, que se usa, en su gran mayoría, para la producción de películas en el país. Es decir, el fondo es financiado por los colombianos que, a su vez, consumen películas nacionales e internacionales en las salas de Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films, Cinépolis, entre otros. “El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia”, es la definición oficial. Como los dineros son públicos, deben ser vigilados por los organismos de control del Estado. Es por esto que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía “dirige” los destinos de estos recursos. Proimágenes, a su vez, los recauda, administra y ejecuta: se los entrega a quienes se presentan, por medio de convocatorias, a postular sus guiones listos para rodar.
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Ayer, 15 de abril de 2020, el Gobierno nacional oficializó la Reforma Tributaria 2021 en la que, entre muchas otras cosas, anunció la derogación, a partir del 1 de enero de 2024, de los artículos 5, 6, 7, 8, los numerales 1 y 6 del artículo 10, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 814 de 2003, y las demás disposiciones que resulten contrarias.
“Con el fin de apoyar los objetivos de la Ley 814 de 2003 y la Ley 397 de 1997, a partir del año 2024, los recursos que se le asignen al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el presupuesto nacional no podrán ser inferiores a la suma que se recaudó en la vigencia fiscal 2019 por concepto de la contribución parafiscal denominada ‘Cuota para Desarrollo Cinematográfico’. Dicha suma será ajustada anualmente, con la inflación”, dice el texto de la reforma. Esto, en principio, suena bien: el Gobierno se compromete a girar al fondo un monto no menor al que recaudó en 2019, año positivo para las taquillas nacionales. Pero ¿cuáles son los peligros de que los dineros no entren directamente al Fondo por medio de una contribución parafiscal, sino a través del presupuesto nacional, es decir, a través de un giro del gobierno nacional? Según el representante a la cámara, José Daniel López, hay dos riesgos importantes:
Lo primero es que el Fondo, según el análisis de López, perdería autonomía. La principal fuente de financiación de esta cuenta es la contribución parafiscal, es decir, la taquilla y comercialización de las películas. “Es verdad que la reforma tributaria dice que, de ahora en adelante, se financiará el fondo con cargo directo o permanente del presupuesto general de la nación, y que se tomará como referente el 2019 ajustando ese valor con la inflación, pero eliminar la contribución parafiscal no permitirá que se gestionen los recursos con autonomía. En administración pública, no es lo mismo que tengas una renta propia como es la contribución parafiscal que te ingresa directamente, a tener que depender del presupuesto general de la nación y someterte a la efectividad de tu lobby para que te paguen tu asignación presupuestal”.
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El otro de los riesgos que el representante a la Cámara por Bogotá resalta es que el fondo quedaría condenado a no poder incrementar sus recaudos: si superada la pandemia el cine colombiano recupera la curva ascendente de crecimiento, lo que también significaría más consumo y movimiento económico, este nuevo esquema no permitiría que impacte positivamente en los ingresos de esta cuenta. “Cuando a una entidad pública le dicen por ley, por estatuto tributario, que anualmente le asignarán recursos fijos más inflación, en la práctica y a la hora de votar una ley de presupuesto, no le asignan un peso más y menos para un sector con tan poco peso político como el cultural”.
El costo de oportunidad para el sector audiovisual, para el sector cultural nacional, sería enorme.
Si ya hay un dinero destinado para el fondo que, además, viene funcionando tan bien desde su creación en 2003 y que ha significado un crecimiento tan positivo para el sector, ¿por qué quitarlo? ¿En qué se usaría el dinero de esta contribución parafiscal? Si antes de la pandemia los números indicaban un claro crecimiento en todas las ramas del audiovisual: creación, producción, comercialización y consumo, no sería descabellado deducir que, en tiempos de normalidad, el recaudo seguiría creciendo. ¿El crecimiento del futuro, de los años en los que el recaudo sea mayor al de 2019, en qué se usaría? ¿Por qué no dejarlo dónde está?
“El diferencial del crecimiento se lo quedará el gobierno y eso, sin ir más allá, es quitarle la plata a la cultura. En política, donde pones los recursos pones la voluntad, y esta medida es muy diciente”, concluyó el representante a la Cámara.
También hay un riesgo alto para los cortometrajes nacionales. Hay un descuento al aporte parafiscal para las salas de cine que proyectan cortos y largos nacionales, y esta es la razón por la que cada vez que entramos a una película, hay algo más que avances de otros filmes, hay producto nacional. La ecuación es sencilla: si se elimina el descuento, los exhibidores dejarán de tener razones para proyectar los cortos.
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Andrés Jaramillo, abogado asesor de productoras cinematográficas desde hace cinco años, coincide con las preocupaciones del representante Gómez: “En principio suena muy positivo: se entiende que se garantizan unos giros mínimos anuales al FDC. No obstante, la Ley 1556 y el Fondo Fílmico Colombia están estructurados de la misma manera y el gobierno de turno no solamente ha incumplido con el requisito de progresividad de aumento del cupo, sino que lo ha reducido a su mínima expresión”.
Según Jaramillo, las implicaciones de estos cambios son muy graves y se aúnan a las de Gómez: el cine dependería casi que por completo de la voluntad del gobierno, además de que la exhibición de cortometrajes quedaría gravemente golpeada, una consecuencia nefasta para los talentos emergentes en el país: los directores de cine y, en general, los jóvenes que se inician en la industria, lo hacen a través de cortometrajes. Esa es la entrada y una de las heridas que más preocupan, ya que el futuro de la producción de cine nacional se comprometería”.
Por su parte, Jaime Tenorio, director de cinematografía del Ministerio de Cultura, explicó que el recaudo del FDC por el parafiscal de cine, en 2019, fue de 33.2 mil millones; en 2020 fue de 5.9 mil millones y en 2021 la cifra proyectada por Proimágenes es de 3.3 mil millones, y que basados en estos números, se concluyó que las proyecciones del FDC no son las mejores para los próximos años, tanto por la crisis generada por la pandemia como por los cambios en la industria.
Según Tenorio, la ley de solidaridad sostenible propone asegurar la financiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico a través del presupuesto nacional, cuyos recursos no podrán ser inferiores a la suma que se recaudó en la vigencia fiscal 2019. Es decir 33.273.191.000. “El proyecto de ley busca discutir, debatir y construir sobre el futuro del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y su fuente de financiación”, concluyó.
