La alcaldesa mayor de la ciudad ha decretado el pasado 8 de abril el conocido “pico y género”, que discrimina a las personas por su género con el fin de controlar la movilidad social. Pese a que la medida de cuarentena por género ha desatado innumerables críticas en países como Panamá y fue un fracaso total en Perú, la cabeza del ejecutivo distrital no pareció prestarle importancia.
En el decreto se asegura que la medida obedeció a que, según el DANE, “en Bogotá D.C. el 52.2 % de la población corresponde a mujeres y el 47.8% son hombres; dicha distribución de población resulta relevante para la definición de medidas tendientes a la mitigación de la expansión del Coronavirus COVID-19.” Esta no parece ser la medida redistributiva que mejor se ajuste al panorama actual. Una solución más eficaz sería segmentar la población en porcentajes menores por cada día de la semana, limitando las salidas según el último dígito de la cédula, medida que se conoce como “pico y cédula” y que ha funcionado en diferentes lugares.
Por otro lado, si la suma de los porcentajes del DANE de “mujeres” y “hombres” corresponde al total de la población bogotana, ¿no existen acaso personas de género diverso?, ¿están incluidas indistintamente entre ‘hombres’ y ‘mujeres’ ?, ¿o, sencillamente, no existe esa opción en las casillas de estadísticas del DANE? Cualquier respuesta a alguna de estas preguntas implica una discriminación clara a la población diversa.
El decreto hace referencia, además, a las personas diversas mencionando solo a la población transexual. ¿Qué día podrían salir, por ejemplo, las personas intersexuales o con otras expresiones de género cuya identidad transita difusamente entre lo masculino y lo femenino o por fuera de ello? El decreto no responde a esta situación. En el acto administrativo se asegura que las medidas tomadas son constitucionalmente aceptables, “toda vez que no superan la primera etapa de análisis del test integrado de igualdad por cuanto dicha medida no establece un trato desigual entre iguales, sino por el contrario, otorga y restringe por igual el acceso de hombres y mujeres con el objetivo de mitigar la expansión del contagio por Coronavirus COVID-19”. Esta afirmación es incorrecta.
El test integrado o juicio de igualdad es un parámetro constitucional que verifica si una medida de trato diferencial es o no adecuada, necesaria, y si no afecta otros principios constitucionales más relevantes; así también, “precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza”. Así las cosas, el decreto no cumple a cabalidad con el objetivo del test, pues no se trata únicamente de impedir “un trato desigual entre iguales”, sino también “un trato igual entre desiguales”.
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Al otorgar a las personas transexuales la opción de elegir el día de salida de acuerdo con su identidad de género, el decreto muestra una intención de inclusión respaldada en la Constitución. Sin embargo, en la práctica esto es insuficiente. Gran parte de la vulneración de derechos a personas trans se comete por parte de uniformados, que no respetan la libertad ni la dignidad de esta población. Existen innumerables denuncias en el país de población trans contra abusos de las autoridades, Miranda, por ejemplo, es una mujer trans que fue abusada por seis integrantes de la Policía Nacional. A través de Twitter, manifiesta su temor de salir a la calle en el contexto de “pico y género”, a la vez que declara que “los mayores violentadores y asesinos de personas trans en Colombia y en Bogotá es la policía Nacional de Colombia” —el promedio de vida de una persona trans en Colombia es de 35 años—. Como ella, muchas personas trans han denunciado maltrato policial, visibilizando esta violencia y reafirmando su rechazo a la decisión de la alcaldesa mayor.
Por otro lado, esta medida basada en el género binario trae consecuencias que se han puesto de manifiesto tan solo a dos días de su aplicación. Además de los previsibles agravios que ha sufrido la población trans y que han sido publicados en redes, las mujeres se han sentido vulnerables y temerosas de salir a la calle. Varias twitteras cuentan que al salir a pasear la mascota en las inmediaciones de su vivienda, ir a la tienda de la esquina por víveres o salir a trabajar el día impar, que corresponde al género masculino, sufrieron acoso por parte de los hombres que, al saberse en “su día” reafirmaban conductas acosadoras.
No bastando con lo anterior, la restricción de género ha afectado significativamente el comercio en Corabastos. En el primer día par, correspondiente al género femenino, varias mujeres denunciaron que permanecieron desde la madrugada en la central de abastos con los bultos de papas y las cajas de 25 kilos esperando poder movilizarlas, pues los ayudantes no podían salir ese día de sus casas. A este problema se sumó que en Corabastos opera desde inicio de la cuarentena el “pico y cédula”; esta medida se ha cruzado con el “pico y género”, de manera que si un hombre que tiene autorización de mercar en Corabastos el día 20 de abril, día par, no podrá hacerlo porque el día par coincide con la salida de mujeres y cuarentena de hombres. Y el hombre nunca podría ir a mercar.
El orden social que se pretendía impartir con esta medida propicia en realidad hechos de discriminación y vulneración de derechos, además del surgimiento y agudización de otros problemas. Es claro, entonces, que la medida no fue acertada y deja una sensación de haber sido tomada a la ligera y sin realizar buenos cálculos.
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