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Si en 2014 las empresas fueron las que más sufrieron con la reforma tributaria de ese año, ahora será el turno de los asalariados de padecer con los nuevos impuestos que se pagarían en 2017. Es lo que advierte Rosario Córdoba, miembro de la comisión de expertos que redactó uno de los documentos que el Gobierno tiene en cuenta para presentar el proyecto de ley que busca realizar un cambio estructural al sistema de impuestos colombiano. (Lea: Reforma tributaria frenaría desarrollo tecnológico)
Córdoba apoya la idea del Gobierno de no subirles más impuestos a las empresas, pues son los generadores de empleo en el país y los gravámenes como el impuesto a la riqueza desestimulan la inversión. De manera que el canal que queda para lograr los $12 billones de meta de recaudo para la reforma tributaria, que se presentará en algunas semanas, son las personas naturales. Pero en un país cuya informalidad laboral supera el 50 %, el cobro de impuestos se percibirá principalmente dentro de los trabajadores formales, es decir, entre los asalariados.
“Esta reforma tributaria debe buscar modificar la estructura tan desigual que hay dentro del recaudo de impuestos en Colombia: el 68 % de los tributos lo pagan 3.441 empresas y los restantes 332.825 negocios solo aportan el 18 %. Asimismo, las personas naturales solo representan el 14 % de los ingresos tributarios de la nación cada año. Es una situación sumamente ineficiente, de hecho es la composición inversa a lo que presentan los países de la OCDE, en donde los ciudadanos representan más de la mitad del recaudo”, afirmó la miembro de la Comisión de Expertos.
El empleado promedio colombiano en teoría no paga muchos impuestos. Para empezar, el 25 % de su salario está exento de tributación y el 70 % de estos trabajadores dentro del país gana menos de dos salarios mínimos, por lo que no llegarían al nivel de ingresos en el cual se debe declarar renta. Precisamente por este fenómeno, Córdoba manifiesta que el Gobierno debe bajar el umbral de tributación para los asalariados, argumentando que aunque no paguen impuestos, la DIAN debe tener acceso a esta información.
A pesar de que los argumentos de la Comisión de Expertos buscan una mayor equidad dentro del recaudo del país, hay quienes alertan sobre las consecuencias de cargar a los asalariados. Para Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “el asalariado promedio colombiano no tiene ingresos de más de $1’500.000, por lo que si se baja el umbral y se les pone a tributar, se estaría reduciendo el poder adquisitivo a una población a la que no le queda mucho espacio para ahorrar cada mes. Además, estamos hablando de gravar a cerca de 9 millones de asalariados, de manera que se trata de un choque de ingresos repercutirá en la economía colombiana por medio de menos consumo”.
Las críticas de Rosario Córdoba se hicieron durante un foro de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. El evento contó con la presencia de varios empresarios estadounidenses, quienes le manifestaron a la miembro de la Comisión de Expertos que están preocupados porque algunos inversionistas con los que han hablado dejaron de entrar a Colombia por la incertidumbre tributaria.