Diez de los imputados en la investigación que la Contraloría abrió por los problemas en la construcción del proyecto energético Hidroituango recusaron este jueves a la contralora delegada que lleva el caso y la sala fiscal de la entidad, en particular, y a la Contraloría, en general.
El recurso fue interpuesto por Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Alonso Salazar, exalcalde de Medellín; John Alberto Maya, exgerente de Hidroituango; Juan Esteban Calle, exgerente de EPM; Federico Restrepo Posada, quien estuvo al mando de EPM entre 2008 y 2011; Luis Javier Vélez, también exgerente de EPM; Iván Mauricio Pérez Salazar, quien era el delegado de la gobernación de Sergio fajardo ante la junta directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Alejandro Granda, quien también estuvo en la junta directiva de IDEA, María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación Departamental de Antioquia y Rafael Nanclares, exsecretario de Infraestructura Física de Antioquia.
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La Contraloría imputó a principios de este mes a 28 personas y empresas por las fallas administrativas, de diseño y construcción que, dice la entidad, llevaron a la contingencia de 2018, de la cual el proyecto no se recupera aún. Ese año, la obra sufrió el taponamiento de uno de los túneles de desviación, lo que originó una emergencia social y ambiental sin precedentes, además de millonarias pérdidas.
En el recurso presentado, quienes interponen el recurso aseguran (a través de sus abogados) que “la señora Contralora Delegada Intersectorial ha recibido de sus superiores, cabezas visibles de la entidad pública, presiones para tramitar de manera rápida y express este proceso, lo cual ha afectado el principio de imparcialidad y transparencia que se le exige como investigadora en la causa de responsabilidad fiscal, todo ello lesionando el debido proceso, el derecho a la defensa, la investigación integral, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de nuestros investigados”.
La investigación de la entidad de control arrancó a finales del año pasado y el auto en el que se profirieron las imputaciones tiene unas 1.200 páginas, que detallan con minuciosidad el proceso que siguió el proceso desde los comienzos de su construcción hasta la contingencia de 2018.
Los imputados aseguran que en declaraciones públicas la Contraloría ha dejado claro que “entregarán resultados” y que “en poco tiempo habrá un fallo”; este tipo de pronunciamiento, argumentan, atenta contra la presunción de inocencia.
En el documento del recurso interpuesto se asegura que “como muestra de un proceso apartado al debido proceso, impregnado de opiniones públicas sin contexto, el señor Contralor General de la República anunció el pliego de cargos que fue dictado por la Contralora Delegada, en una rueda de prensa que fue convocada desde el día jueves 3 de diciembre de 2020, fecha en que fue notificado el referido auto, a pesar de que muchos de los investigados ni siquiera sabían del contenido de la decisión”.
Los imputados que recusan a la Contraloría aseguran que la celeridad con la que se ha desarrollado el proceso ha llevado a “la denegación de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, la negativa a posibilitar la contradicción del informe técnico presentado por la Universidad Nacional al considerar “impertinentes” las solicitudes de aclaración y complementación solicitadas, entre muchas otras irregularidades (...) Es tanta la prisa en “dar resultados en este proceso” que la Contralora Delegada ha procedido a negar pruebas sin que las decisiones estén motivadas”, se lee en el documento del recurso.
En el recurso también se pide que, dada la parcialidad de la investigación de la Contraloría que alegan los imputados, el proceso debe ser llevado por la Contraloría General de Antioquia, “entidad pública natural para conocer la investigación de responsabilidad fiscal”.
Vale la pena aclarar que bajo la óptica de la Contraloría, las fallas que, dice, se han presentado en Hidroituango han tenido tres grandes consecuencias: el proyecto no está generando energía eléctrica, que ya estaba contratada para 2018 y por lo cual habría un lucro cesante de $1,1 billones. Ha habido un desmesurado aumento de costos en toda la obra, que pasó de costar los $6 billones que se proyectaron inicialmente a $13 billones; es sobre estos números que se estima el daño fiscal por $2,9 billones, según el ente de control. Y, por último, pero no menos importante, la generación de la contingencia de 2018, que terminó por alterar totalmente el modo de vida de los municipios más cercanos a la presa, como Puerto Valdivia, entre otros.