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Una veta de oro con reservas de 10 millones de onzas tiene enfrentados a la multinacional canadiense, mineros ilegales de Buriticá, Antioquia, y al propio Gobierno. De esa zona, a dos horas de Medellín, desde 2006 hasta mediados de 2015 salieron más de 2,5 toneladas de oro que, como está registrado en las bases de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), fue legalizado y exportado.
Pero en ese municipio solo existe un título legal, el de la multinacional Continental Gold, que abarca un área de 61.784 hectáreas. No obstante, aún están a la espera de que les aprueben la licencia ambiental. El resto, 108 bocaminas, son ilegales, afirmó el gobernador Luis Pérez hace ocho días, cuando en un operativo fueron intervenidas 52 minas. “En lo corrido del año, las autoridades han decomisado $84.700 millones en bienes provenientes de la minería ilegal en Buriticá”, agregó el mandatario.
La ambición está alrededor del título de la Continental Gold, anegado de socavones informales que desde 2013 empezaron a expandirse con la velocidad con que fueron llegando colonos de todas partes del país a la búsqueda de la reserva de oro más grande de América Latina, como lo reconoce la propia multinacional. Está ahí, en esa pendiente montañosa que se desliza hacia el Valle de Higabra.
Esos mineros ilegales eran y siguen siendo miles. De hecho, en mayo de 2014, el Ministerio de Minas, en la tarea de la formalización, reconoció que Antioquia es el segundo departamento del país que más cuenta con Unidades de Producción Minera, con el 14 %, de las cuales el 59 % no tienen título.
Ese año, la compañía quiso negociar con los mineros ilegales buscando despejar su terreno concesionado en 2013. De eso, algo logró. El Gobierno expidió un decreto que se conoce coloquialmente como la Ley Mercurio, el cual pretende promover la formalización de los mineros ilegales a través de subcontratos de concesión con las empresas dueñas de títulos. En este caso, Continental Gold firmó con ocho asociaciones de Buriticá e inició el proyecto hace dos años.
Una de ellas fue la Sociedad Minera Progreso N° 5 S.A.S., con la que pasaron de ser socios en el papel a enemigos por un pedazo de la explotación. La disputa ya trascendió a las agresiones físicas y las acusaciones temerarias van y vienen. La historia con esta microempresa, de la que hacen parte once mineros, es que, a cambio de dejar de hacer minería ilegal en el título de la Continental, éstos recibirían un área de 1,48 hectáreas, a través de un subcontrato de formalización, para explotarla y usufructuarla.
Y aquí viene la primera controversia. Los mineros dicen que desde un principio, a través del subcontrato, les limitaron el desarrollo minero permitiéndole a cada sociedad realizar trabajos subterráneos solo hasta 50 metros de profundidad, cuando las verdaderas vetas podrían estar a más de 500 metros. “Los pequeños mineros firmamos este subcontrato sin percatarnos de tal situación, pero confiados en que sería un éxito, pues la zona era muy rica y había cómo trabajar. Además, había confianza en las autoridades mineras y el Gobierno, que estaban apoyando estos proyectos”, explica John Fredy Ochoa Echevarría, representante legal de la Sociedad Minera El Progreso N° 5.
Una vez entregada el área a explotar, los mineros empezaron los trabajos de montaje y durante más de un año perforaron los 50 metros de profundidad. Pero los problemas llegaron porque la compañía asegura que nunca trabajaron en el sitio asignado y que se desviaron hacia un socavón ilegal, hacia la mina donde se rumora hay una gran veta de oro.
La empresa insiste en que durante un año recomendaron a los mineros no desviarse del área otorgada. Sin embargo, pasados trece meses de la suscripción del subcontrato les notificaron la terminación unilateral, argumentando que no iban a tolerar que dentro de su título “haya una fachada de las minas ilegales que están al servicio del clan Úsuga”, dice la empresa, a lo que los mineros responden que tendrán que probarlo en los estrados judiciales.
Lo cierto de la historia es que los socios del Progreso N° 5 señalan que el pasado 21 de enero, a las 6:00 a.m., doce funcionarios de la compañía canadiense “irrumpieron de forma violenta en las instalaciones de la mina, ingresaron por bocaminas ilegales, rompieron con explosivos y llegaron hasta el socavón nuestro. Eran miembros de su empresa de seguridad Expertos S.A.S., todos con armamento de alto calibre y gases lacrimógenos, quienes empezaron a intimidar a nuestros trabajadores y a ordenarles evacuar”, relata Ochoa. Continental aduce que no sacó a la fuerza a nadie, sino que ingresó bajo las instrucciones de la autoridad municipal y policiva.
Pero este hecho tiene un antecedente de mediación que se convirtió en la defensa de los mineros. El 26 de octubre de 2015, tres semanas después de la notificación de la terminación del contrato, hubo una reunión con los funcionarios de la empresa Continental Gold y los miembros de Progreso N° 5, en la que, según los mineros, “la compañía fue enfática en afirmar que no había posibilidad de retractarse de la decisión tomada, ya que era orden de la viceministra de Minas y de los accionistas de Canadá”.
Pero la cosa va más allá. En una reunión de concertación fue grabado un audio conocido por El Espectador, en el que un alto funcionario de esa compañía, que se identifica como el vicepresidente, señala lo siguiente: “Quiero decirles que el viernes en el Viceministerio de Minas se dijo ‘mátenlos’, y yo le dije, ‘¡hey! no use esa palabra, viceministra’, entonces dijo: ‘no, perdón, cancélenlo’, porque el análisis técnico lo tienen allá, ellos son los que nos están diciendo estamos de acuerdo con esta cancelación…”.
Ante la solicitud de mediación de los mineros, la viceministra, María Isabel Ulloa, constestó a través de una carta: “...el titular minero goza de autonomía e idependencia, no solo para suscribir el subcontrato, sino para darlo por terminado en el momento que considere ante el incumplimiento del subcontratista...”.
Otro ingrediente del problema, que probaría, según los mineros, que la empresa quiere sacarlos del camino, es que el 19 de enero pasado, dos días antes del desalojo de la mina, hubo una visita de la Agencia Nacional de Minería. Según se constata en el acta, dicha autoridad nunca hace referencia a que estén violando alguna norma que la empresa justifica y por el contrario señala “que los trabajos se encuentran dentro del área del título”.
Así las cosas, la iniciativa de formalización minera que se impulsó desde el Ministerio de Minas hace dos años y que comenzó en Buriticá, hoy parece naufragar. Los ocho subcontratos que suscribió Continental Gold, con Progreso N°5 y otras siete sociedades a 4 años, fueron firmados por Eduardo Otoya, el mismo que el presidente Juan Manuel Santos, después de un operativo contra la minería criminal en Chocó la semana pasada, lo señaló como el capo de la minería.
“Me han informado que al capo más importante que se ha capturado hasta ahora, el señor Eduardo Otoya, que inclusive era un alto ejecutivo (vicepresidente hasta 2014) de una de las multinacionales (Continental Gold), que fue capturado con toda la evidencia de cómo controlaba la minería criminal, le dieron casa por cárcel y desde allá siguen operando estos negocios. Hago un llamado a los jueces que nos ayuden a combatir esa minería criminal”, acotó.
A quien menciona el presidente Santos es el alto exdirectivo de esta compañía quien, según la revista Semana, “tuvo acceso a los estudios geológicos que estaba haciendo la empresa, que mostraban que en esa sola montaña había 10 millones de onzas de oro de reserva. Las autoridades aseguran que sustrajo la información y la compartió con los Úsuga, hoy Urabeños, para montar una explotación ilegal”.
Este mismo personaje, según le dijo una fuente a El Espectador, curiosamente estaría defendiendo a los mineros de Progreso N° 5. “Yo no puedo decir que esa mina sea de Otoya. A él lo han visto por el centro comercial El Tesoro reuniéndose en las plazoletas de comida porque vive enfrente en un edificio lujoso de El Poblado de Medellín”.
Entonces, se dice que el modelo de formalización está naufragando, porque de los ocho subcontratos ya se han cancelado cuatro, la mayoría por las mismas razones que a Progreso N°5. Además, porque los “formalizados” que están en el limbo jurídico, porque la terminación es unilateral y la empresa ha dicho que no convocará tribunal de arbitramento, prometen no dejarse morir de hambre y regresar a las actividades informales. “Es que 50 metros de profundidad los escarba en un año una gallina sin desplumarse”, dice un minero de Buriticá.