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Ángel Custodio Cabrera se posesionó como ministro de Trabajo el 27 de febrero de 2020, días antes de que el primer caso de coronavirus fuera detectado en el país. Su primer año en la cartera ha coincidido casi por completo con la pandemia, que destruyó más de cinco millones de empleos en el peor momento.
En esta entrevista el funcionario hace un corte de cuentas. Asegura que no se ha firmado ni una sola autorización para hacer despidos masivos y que le ha planteado al Gobierno mantener el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por más tiempo. Dice que en el primer semestre de este año conoceremos el texto de la inminente reforma laboral.
¿Cuál es el balance de su primer año en el Ministerio, que ha coincidido con el año de pandemia?
La primera gran decisión que tomamos fue implementar el trabajo en casa. Pusimos en el escenario público una posibilidad de alternancia laboral que no existía y que mucha gente está manejando. Estamos a punto de entregarle al país una ley en ese sentido, que se discutirá en sesiones extraordinarias. La segunda gran tarea fue desde el punto de vista legal, cuando firmé la resolución y el decreto por el cual se creó la figura de vacaciones anticipadas para efecto de conservar empleos.
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Tercero, implementar ayudas que hoy son normales: el subsidio a la nómina, PAEF, con el Ministerio de Hacienda, que hoy beneficia a cerca de 3,9 millones de personas; después se creó el subsidio a la prima, y por ley quedó vigente hasta marzo (el PAEF). Le he venido diciendo al Gobierno que lo sigamos manteniendo por un buen tiempo. Por otro lado, no he firmado un solo aval de despidos masivos o colectivos. Se han cancelado contratos de trabajo, pero también creamos una figura de ayuda a personas que fueron declaradas cesantes. Trabajamos con las cajas de compensación y entregamos más de 300.000 subsidios con ellas.
¿Cómo entender que mientras usted dice que no se autorizó ningún despido masivo tanta gente haya perdido el trabajo? Hay casos muy claros, como el de las aerolíneas.
Una cosa es pedir la autorización de despedir a todo el personal y otra lo que hicimos, que fue decir: sentémonos a buscar alternativas. En muchos casos hicimos un trabajo con nuestros equipos llegando a mesas de concertación; logramos salvar más de 130.000 puestos con vacaciones anticipadas, suspensión de contratos… Logramos que las empresas manejaran el tema con acuerdos, a seis, ocho meses, y lo lograron. Latam retiró del Ministerio de Trabajo la solicitud de despidos colectivos porque lograron acuerdos, con diferencias, sí, pero lo lograron, incluso con indemnizaciones superiores a la ley. La tarea fue evitar despidos masivos y lograr conciliaciones con los elementos legislativos.
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En el trabajo en casa todavía hay un limbo legal. Como está planteado el proyecto de ley sería una figura temporal, ¿no es así?
Es una medida temporal. La dejamos por ley por si se vuelve a presentar una situación especial y, además, seguimos en pandemia. El trabajo en casa sigue. Se mantendría hasta tres o seis meses posteriores a cuando termine el evento extraordinario. En esto, las ARL tienen la responsabilidad de velar por la desconexión laboral, cuidar la salud de los trabajadores, y el trabajador debe tener todos los elementos de trabajo, el auxilio de conectividad para quienes ganan hasta dos salarios mínimos… Eso se prevé. Hay que llegar a acuerdos para lograr el trabajo en casa.
Si el trabajo en casa se adopta más allá de los seis meses, ¿se tendría que pasar formalmente a un contrato de teletrabajo?
Claro, porque el trabajo en casa es un tema temporal.
¿Habrá efectos retroactivos?
Muchos empleados se preguntan eso, pues llevan un año poniendo su computador, su conexión, sus servicios…No porque la pandemia continúa. La instrucción es llegar a un acuerdo de voluntades, eso tiene que primar. Tienen que reunirse y poner en el contrato de trabajo quién pone el computador, por ejemplo. Y está la figura de la alternancia: puede estar unos días en la casa y otros días en la oficina.
¿Cuántas y qué tipo de denuncias ha recibido el Ministerio en cuanto a abusos por parte de los empleadores, irrespeto a los acuerdos, despidos masivos…?
El Ministerio trabaja preventivamente, y muchos de los temas se solucionan. Tenemos 14.000 querellas por muchos factores como el trabajo en casa, más de 40.000 tutelas, y muchas han sido atendidas y resueltas favorablemente para los trabajadores; con otras nos ha tocado iniciar procesos sancionatorios, que no han terminado, pero entre el 70 y 80 % se solucionan con nuestra intermediación.
¿Cuántos contratos se suspendieron en pandemia y cuántos han sido reanudados?
Ese dato no lo tenemos, pero entregamos más de 300.000 ayudas monetarias para los que les suspendieron el contrato; fueron $160.000 mensuales por tres meses, más seguridad social.
Usted dice que cree que el PAEF se debe mantener, pero, ¿con qué recursos? Habría que hablar de reforma tributaria, y en esto los trabajadores y los contratistas temen que les pongan más impuestos.
El Estado requerirá un esfuerzo de los colombianos en el sentido de que hay que ayudar a financiar el déficit que ha dejado el COVID-19, más ayudas para las pymes, más vacunas, la deuda anterior y la calificación de riesgo. También hay que financiar el programa para el adulto mayor, Ingreso Solidario, que el Gobierno quiere dejar instituido. El Gobierno presentará a la opinión las posibilidades y las posibles fuentes de financiamiento.
¿Hasta cuándo va el giro extraordinario de Colombia Mayor?
Colombia Mayor era de $40.000 cuando arrancó el Gobierno; luego subió a $80.000 y, por la pandemia, se duplicó. Hoy se reciben $160.000. Ese valor está proyectado hasta junio 30. Y logramos cobertura total de los mayores de 70 años, que nunca se había logrado. Son 1′700.000 beneficiarios, con $1,6 billones de presupuesto hasta junio.
¿Cuál ha sido el papel del Ministerio en la reactivación del empleo, sobre todo de sectores tan afectados como el comercio y el turismo, que a su vez son grandes empleadores de la población más afectada, es decir, mujeres y jóvenes?
Con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, en la ley de emprendimiento del año pasado, se dejaron caminos, rutas, para reactivar económicamente sectores como el entretenimiento y el turismo, disminuyendo la tarifa del IVA y la sobretasa eléctrica, ampliando el soporte financiero para más crédito, y con el Ministerio de Salud se ha trabajado para la reapertura económica. De otro lado, la capacitación y formación para el trabajo de las personas que fueron despedidas.
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Con la pandemia se dispararon otras actividades económicas, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ventas digitales, plataformas tecnológicas, y muchos de esos trabajadores no estaban preparados. El Sistema Nacional de Cualificaciones se disparó, con el SENA y otros mecanismos de formación. Hace unos días firmamos las Unidades Vocacionales de Aprendizaje para que las empresas hagan las capacitaciones con sus trabajadores y esta sea certificada para que sea reconocida en el mercado laboral. Lanzamos el Estado Joven, para que aquellos profesionales que no han tenido práctica se puedan vincular a través de las entidades del Estado. El objetivo es vincular a más de 1.000 jóvenes entre 18 y 28 años que no tengan ningún tipo de experiencia laboral. Les pagaremos un salario mínimo por cinco meses. Y hemos trabajado de manera transversal en la reactivación.
¿Cuándo tendremos los resultados de la Misión de Empleo y un proyecto de reforma laboral?
La Misión de Empleo tendrá propuestas a corto, mediano y largo plazo sobre cómo se va a proteger la vejez de los trabajadores y cómo generar puestos de trabajo. En dos o tres semanas estará entregando propuestas de corto plazo para empezar a mover. Las centrales obreras ya están trabajando en una propuesta y los gremios también con sus expertos. Entonces, la Misión de Empleo, los empleadores y los trabajadores irán con todas las propuestas a la Mesa de Concertación Laboral, porque tiene que haber un acuerdo mínimo para llevar al Congreso de la República.
Esperamos que en los próximos dos meses empecemos a hablar de eso, para este semestre presentar una propuesta laboral. La prioridad es disminuir la informalidad. Para eso se está haciendo un diagnóstico sobre por qué la informalidad crece. La gran preocupación en el sentido de buscar la formalidad es el campo colombiano
¿Qué balance deja el primer mes de vigencia del Piso de Protección Social?
Hasta ahora terminó el mes y, como es una afiliación al PILA, más o menos en dos semanas tendremos el reporte. Notamos que el campo, los sectores agrícolas, es el más interesado. Estamos por firmar un convenio con la Federación Nacional de Cafeteros para que los recolectores tengan el piso de protección; el campo es el más interesado y la experiencia piloto la haremos en el Eje Cafetero.