Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este martes Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que amplió los contratos de asesoría, interventoría y construcción en Hidroituango hasta diciembre de 2021. Lo que implica que tres contratistas actuales, con los que EPM tiene disputas legales por la emergencia de 2018, seguirán participando del proyecto.
También te puede interesar: Instalan mesa de conciliación para la emergencia de Hidroituango
La ampliación del contrato de asesoría durante la construcción del proyecto se suscribió con el Consorcio Generación Ituango (Conformado por las firmas Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. e Integral Ingeniería de Consulta S.A.). El de servicio de interventoría durante la construcción de las obras civiles, y el montaje de los equipos electromecánicos, se firmó con el consorcio Ingetec-Sedic. Y el de construcción de la presa central, y obras asociadas, se pactó con el Consorcio CCC Ituango (Conformado por las firmas Camargo Corrêa Infra S.A, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa - Ramón H. S.A.).
Con la ampliación de los contratos se espera alcanzar la meta de que Hidroituango genere energía con dos turbinas para noviembre de 2022, y así cumplir con obligaciones contractuales que EPM tiene con la CREG.
El gerente general de EPM, Alvaro Guillermo Rendón López, informó que se incluyeron unas cláusulas que permitirán extender el contrato, una vez se tramiten las vigencias futuras, hasta finalizar el proyecto.
También te puede interesar: El camino que transitó Hidroituango hacia la emergencia
Para Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente de Conconcreto y en nombre del Consorcio CCC Ituango, la firma de este contrato es una muestra del compromiso con el proyecto.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien estuvo presente en la firma de los contratos, dijo que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango tiene una importancia estratégica para la confiabilidad del sistema eléctrico del país.
Las disputas legales
En agosto pasado EPM interpuso una demanda por $9,9 billones contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por la emergencia de 2018. Y entre el grupo de demandados se encuentran los tres consorcios a los que su contrato fue ampliado.
Sin embargo, desde el 11 de diciembre los involucrados (EPM y los demandados) están dialogando en una mesa de conciliación que instaló la procuraduría, y así evitar entrar en un proceso legal. Además, durante la instalación de la mesa las partes manifestaron que su prioridad es la terminación de Hidroituango y alcanzar el hito de generación eléctrica para noviembre de 2022.
Pero no es la única disputa legal: a comienzos de diciembre la Contraloría General de la República profirió 28 imputaciones a personas (entre ellos dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia) y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Dentro de la investigación se encontró un daño patrimonial de $2,9 billones y un lucro cesante por $1,1 billlones como consecuencia del taponamiento de uno de los túneles de desviación que originó la emergencia en Hidroituango.