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El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) inició acciones legales por $9,9 billones contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por la emergencia de 2018, contingencia que puso en riesgo la estabilidad del proyecto y representó costos multimillonarios y un lucro cesante.
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“Desde que llegué a la Alcaldía dije que los responsables de la emergencia en Hidroituango pagarán los costos y no los ciudadanos por medio de recibos de servicios públicos. Por esto, desde el primer día pedí la conformación de un equipo de alto nivel que valorara los costos reales y los responsables de la emergencia”, dijo Quintero.
Según el mandatario, es la demanda más alta de la historia que ha realizado una entidad pública. La acción legal fue interpuesta inicialmente ante la Procuraduría General de la Nación, pero también se pidió la compañía de la Contraloría General de la República y de la Agencia Jurídica del Estado.
El gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, explicó que “nos hemos aplicado a fondo para estructurar un llamado a la conciliación con todas las personas que participan del proyecto Hidroituango. Esta conciliación se propuso ante el procurador delegado del tribunal administrativo de Antioquia”.
Las partes son: Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta SA y Geotécnicas solingral SA; Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructora Camargo Correa SA, Conconcreto SA y Coninsa Ramón H SA; Consorcio Ingetech Sedic, compuesto por las sociedades Ingetech SA y Sedic SA; Y Seguros Generales Suramericana y Chubb seguros.
“Luego de una revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de la unidades de generación, y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores”, dijo Rendón.
Asimismo, EPM asegura que “tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-) y el lucro cesante (venta de energía, entre otros)”.
De esta manera, antes de acudir al juez y elevar la demanda contra los consorcios, EPM agotará el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardará tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre.