Decir que 2021 va a ser un año pasado por la incertidumbre es, para este punto del partido, algo que sobrepasa la obviedad por varios años luz. Aunque la opinión casi unánime de centros de pensamiento, académicos, empresarios y autoridades es que este año la economía va a experimentar un rebote, la magnitud de esa recuperación varía ampliamente dependiendo de la fuente consultada y el momento en el que se hace la pregunta.
En la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, las proyecciones para el cierre de 2020 se situaron en una contracción de 7,2 % en el PIB nacional (solo la caída del cuarto trimestre llegó al 5 %). Para 2021, los analistas consultados estimaron que habrá un rebote de 4,7 %. Para tener en cuenta, las más recientes proyecciones de la OCDE sitúan el comportamiento del PIB global de 2020 en -4,2 % y, al mismo tiempo, esperan una recuperación de 4,2 %.
Lea también: Gobierno recaudó $146 billones en impuestos durante el 2020
La temporalidad de la respuesta responde a varias incógnitas en la ecuación, entre las que se cuentan la disponibilidad de las vacunas y el ritmo con el que se desarrollará la tarea en el país. Además de esto, también hay que incluir en la mezcla la facilidad y velocidad que tendrá el sistema laboral colombiano para volver a absorber los más de dos millones de empleos que se perdieron en 2020: en muy buena parte, la recuperación económica en Colombia latirá con el pulso del panorama del trabajo.
En cuanto a desempleo, el documento de Fedesarrollo ubicó el indicador para 2020 en 16,2 %, que actualmente es la cifra para lo que va corrido del año (teniendo en cuenta que el dato más reciente de este indicador está contabilizado a noviembre).
Uno de los temas más ingentes en la agenda económica del país para este año es, entonces, una reforma laboral que, al menos desde las propuestas de varios sectores, se viene cocinando desde 2019. El año pasado era el momento planeado para introducirla, pero llegó la pandemia y con ella el reajuste de prioridades y urgencias en medio de una crisis global y nacional.
Pero, sorpresa, la pandemia solo terminó por agravar el panorama laboral en Colombia, convirtiendo una reforma en esta materia de nuevo en prioridad.
El sistema laboral colombiano presentaba problemas de vieja data antes de la entrada del COVID-19, que, naturalmente, se fueron exacerbando en medio de una de las peores crisis en la historia económica del país como la alta informalidad. Entre mayo y octubre del año pasado, las cifras del DANE muestran que la posición de trabajador por cuenta propia absorbió el 51 % de las personas que volvieron a la ocupación. Esto indica un crecimiento del trabajo informal; datos de ANIF señalan que la mitad de las empresas en Colombia son informales.
Entre otros problemas, el panorama del trabajo en Colombia se enfrenta a estos retos, según Mario Valencia, analista económico y columnista de este diario: “Baja educación y capacitación, en un sistema educativo incapaz de brindar una mayor formación técnica, tecnológica y profesional; bajos salarios, con una buena parte de las personas ocupadas en actividades de poca capacidad de creación de valor agregado, como el comercio minorista, y baja participación del trabajo en el Producto Interno Bruto”.
Todos parecieran estar de acuerdo en que es necesaria una reforma laboral en Colombia para hacerle frente a una serie de retos tanto nuevos como de vieja data. Ya es un buen comienzo. El problema es qué tipo de reforma. Y, bueno, aquí abundan todo tipo de ideas de prácticamente todas las esquinas.
Las propuestas
De fondo, la reforma laboral contará con el insumo clave de la Misión de Empleo, otra idea que venía rondando desde 2019, pero que terminó de materializarse en plena crisis por la pandemia.
Coordinada por el economista mexicano Santiago Levy, la Misión debe repensar el sistema laboral, hacer un diagnóstico y proponer acciones de política pública. Fue instalada a finales de julio de 2020.
Para septiembre pasado, los sindicatos anunciaron su retiro de la Misión por cuenta de la aprobación del piso de protección social, incluido en el Decreto 1174, que ha sido una de las grandes quejas de las centrales obreras, que han pedido su derogación en varias movilizaciones del paro nacional, así como en las negociaciones del salario mínimo.
Las centrales han calificado esta norma como “la más agresiva reforma laboral de los últimos treinta años”.
En pocas palabras, el Decreto 1174 crea un mecanismo que, según el Gobierno, permite a las personas que mensualmente ganan menos del salario mínimo (porque trabajan a tiempo parcial) acceder a protección social. Es decir: salud, en el régimen subsidiado; un seguro que cubre riesgos laborales y ahorro para la vejez, en el marco de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP). El piso mínimo es obligatorio para quienes, a través de uno o más contratos, al final del mes ganan menos del mínimo, porque trabajan a tiempo parcial. En ningún caso se puede contratar jornada completa por menos del mínimo.
De cierta forma, este mecanismo se conecta con el llamado trabajo por horas, que ha sido una de las discusiones más largas y complejas con respecto a para dónde irá una reforma laboral en Colombia. Al menos desde 2019, Fenalco (gremio de los comerciantes) ha dicho que se debería flexibilizar este aspecto del panorama laboral en Colombia.
En esa misma línea, y por la misma época, esta agremiación también propuso que se implantara un salario mínimo diferencial por regiones, que se definiría con base en variables como la productividad y la competitividad de cada lugar.
También en 2019, ANIF (uno de los principales centros de pensamiento económico en el país) propuso un salario diferencial para los menores de 25 años, que recibirían 75 % de un salario mínimo como una forma para combatir el desempleo.
Las ideas de experimentar con el salario mínimo han seguido llegando: un grupo de académicos y exfuncionarios propuso pagar el 80 % del salario mínimo, aunque sí la totalidad de la salud y los riesgos profesionales para los empleos generados a partir de septiembre de 2020 y hasta que termine la pandemia. La propuesta también incluye no pagar aportes a cajas de compensación y tampoco hacerlo con los de pensiones, o solo hacerlo en función de las horas trabajadas, argumentando que con estas medidas de flexibilización se crearían unos 350.000 puestos de trabajo.
Las ideas fueron duramente criticadas por varios sectores y pocos días después otro grupo también de académicos y exfuncionarios presentó una suerte de contrapropuesta en la que aseguraron que “frente al estado de crisis de la economía, del empleo, en la distribución del ingreso y de la pobreza se hace necesaria una agenda alternativa de empleo, ingresos y reestructuración productiva, convocando a todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo la academia, los gremios y los sindicatos, y el apoyo de organismos internacionales como la OIT, la CEPAL y el PNUD”.
A la par que se ha discutido qué hacer con el pago de salarios y parafiscales; también hay debates sobre la jornada laboral. En 2019 fueron radicados dos proyectos de ley para reducirla y uno de ellos fue aprobado por el Senado a comienzos de diciembre pasado (de 48 a 40 horas).