Este año, el Gobierno usará su mejor carta para garantizar la reactivación económica y social de las regiones: la inversión en infraestructura. Si bien estos proyectos se identificaron hace años, la urgencia por dinamizar el aparato producto del país tras diez meses de pandemia llevó a que se metieran muchos de ellos en un solo paquete, que implica inversiones por $11,5 billones: Compromiso por Colombia, capítulo transporte.
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) es la entidad con mayor responsabilidad en este frente, pues tiene a su cargo más de cincuenta proyectos entre los programas “Concluir, concluir y concluir para la reactivación de las regiones” y “Vías para la legalidad visión 2030”. A solo unos meses de lanzar la política, ya se adjudicaron más de la mitad y los restantes están en proceso de licitación. “Tenemos la responsabilidad de garantizar jalonar ese encadenamiento económico”, dijo el director de la entidad, Juan Estaban Gil, en entrevista con El Espectador.
¿Cuál es el impacto de la inversión en infraestructura?
Las obras publicas juegan un papel fundamental para garantizar la generación de empleo y el encadenamiento productivo a través de insumos, materiales de construcción, alimentos, etc., con el posterior beneficio del mejoramiento de la infraestructura como tal por los ahorros en tiempos y costos de logística.
¿Cuáles son las estrategias que tiene a cargo el Invías?
En vías nacionales primarias, los programas “Concluir, concluir y concluir para la reactivación de las regiones” y “Vías para la legalidad visión 2030”. El primero nace de que el presidente (Iván Duque) planteó en campaña que tenemos en el país muchos proyectos estratégicos que se venían ejecutando hace más de quince años y siguen sin terminarse. En la segunda se establece una estrategia de terminación de proyectos que no se alcanzan a ejecutar en este gobierno, pero tendrán una priorización en la intervención a largo plazo. Y en vías terciarias será a través de “Colombia rural”. Hay otros proyectos, como “Vías verdes, Colombia fluvial”, mantenimientos viales y otros, pero estos son los prioritarios, los que requirieron una financiación adicional y ya están en ejecución.
¿Cuántas obras hacen parte de “Concluir, concluir y concluir”?
Se trata de 28 proyectos estratégicos por $2,2 billones, que ya se encuentran totalmente financiados. A la fecha todos se adjudicaron, se licitaron o se incorporaron a licitaciones y se comprometieron presupuestalmente, a excepción del puente del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, que se hará en febrero o marzo de este año, porque se están terminando los estudios y diseños.
¿Significa que ya están en obra?
Estamos pendientes del inicio de ejecución en el primer trimestre, lo que llaman preconstrucción. Con eso garantizaremos que en 2022 tendremos proyectos muy importantes para el país terminados. Cabe recordar que el programa se lanzó el 20 de julio.
¿Qué proyectos están en la lista?
Son proyectos en las regiones más apartadas del país que fueron priorizados en el Plan Maestro de Transporte, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los diálogos ciudadanos, porque hay una concertación social frente a la necesidad de terminar estas vías, pero la entidad dependía de apropiación presupuestal para su financiación. Hay proyectos en Caquetá, Risaralda, Chocó, Casanare, Boyacá y Putumayo, entre otros. Por ejemplo, la Transversal del Carare, que conecta al noroccidente de Boyacá por el Magdalena Medio, o la Troncal Central del Norte, que une a Cúcuta con Bogotá.
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¿Y en el caso de “Vías para la legalidad”?
“Vías para la legalidad” tiene una visión al año 2030. Por primera vez el Invías piensa en el largo plazo, para garantizar el mantenimiento y la terminación de 22 proyectos estratégicos en 21 departamentos que permiten garantizar la conexión de ciudades capitales entre sí, por lo que en este gobierno quedarán totalmente financiados e iniciados. Gracias a este tendremos más de 1.260 kilómetros nuevos de vías pavimentadas mediante proyectos como la Transversal de Boyacá (Villa de Leyva-Chiquinquirá-Puerto Boyacá) o la conexión del Vichada con el Meta y el Huila por la Transversal Pacífico-Orinoquia.
¿Cuánto cuestan y de dónde salen los recursos?
Se necesitan $9,2 billones del presupuesto de la nación. Estos proyectos requerían de Conpes, Confis, aval fiscal y solicitud de vigencias futuras, trámites que normalmente se pueden demorar un año. Lo logramos en menos tiempo al alinear a todas las entidades en torno a su estructuración, garantizando que en diciembre se abrieron los procesos de licitación. Esperamos cerrarlas en febrero para adjudicarlas entre marzo y abril.
¿Qué beneficios sociales y económicos traen estas obras?
Pretendemos generar unos 105.000 empleos directos adicionales para garantizar la reactivación económica. Además, entre los dos programas tendremos más de $500.000 millones de ahorro en logística de transporte y costos de mantenimiento de vehículo, combustible y demás, porque las vías tendrán un mejor nivel de servicio y un mejoramiento en tiempos de viaje.
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¿Cómo cambiará la conectividad en el país cuando los proyectos estén listos?
En el país tenemos aproximadamente 17.000 kilómetros de vías primarias, de esas 6.000 son atendidas a través de concesiones de la ANI, y el Invías atiende casi 11.000 kilómetros; unos 2.300 de esos están sin pavimentar. En estos programas vamos a atender más de 1.600 kilómetros. Con esto vamos a mejorar la totalidad de la infraestructura de vías primarias.