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Marco Emilio Zabala estuvo 33 meses privado de la libertad por un delito que no cometió. Hace cerca de 25 años la Fiscalía lo señaló de haber sido cómplice del denominado “robo del siglo”, el asalto a la sucursal del Banco de la República en Valledupar, de donde 14 hombres, en 1994, se llevaron alrededor de $24.000 millones de la época, unos US$45 millones de hoy. Es el mayor hurto en efectivo registrado en el mundo, y en Colombia fue motivo para emitir una nueva familia de billetes en cuestión de meses.
Zabala, en esa época, se desempeñaba como gerente del Banco en la capital del Cesar. La tesis que sostuvo el ente acusador para involucrarlo fue que había mandado reparar el aire acondicionado de las instalaciones de la entidad, sistema que se había dañado la misma semana del robo. Sin embargo, Zabala pudo demostrar (con evidencias y testimonios) que el aire nada tuvo que ver con el delito y fue declarado totalmente inocente en 1998.
Aún así, el daño contra él ya estaba hecho. El Banco, en el que había trabajado durante más de 16 años, lo había despedido; su nombre había sido manchado y perdió tiempo que nadie podrá devolverle. Hoy sigue esperando la reparación por parte del Estado. Esa espera, como dice él, ha sido un “viacrucis”, pues el expediente se ha perdido, han propuesto repararlo por el lucro cesante teniendo como base el salario mínimo (cuando él tenía un ingreso de gerente), entre otras complicaciones.
Por lo que para él y su familia significó el asalto al Banco fue inevitable que, al sentarse al ver “El robo del siglo”, la serie de Netflix sobre el caso estrenada la semana pasada, afloraran una cantidad de emociones. La producción está basada en gran parte en el libro Así robé el banco, del periodista Alfredo Serrano, que recoge el testimonio de quien, se podría inferir, inspiró el personaje de alias Chayo, el protagonista de la serie.
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Zabala, quien hoy pasa en un municipio de Cundinamarca el aislamiento decretado a raíz de la pandemia, cuenta que vio la serie solo. En general, cree que los datos “macro” corresponden con la realidad, por ejemplo, que hubo un robo entre el domingo 16 y lunes 17 de octubre de 1994, un fin de semana con puente festivo. Asimismo, que hubo participación de la Policía y de personal del Banco. Aunque en la serie solo muestran una representación de Winston Tarifa, el encargado de la seguridad del edificio, fueron cuatro los empleados del Banco involucrados. Solo Tarifa estuvo presente el día del robo.
El exgerente reconoce que, debido a que en todo caso se trata de una obra de ficción, hay detalles añadidos por los creadores. Por ejemplo, no existió la enfermedad de alias el Abogado, quien en la vida real vendría siendo Jaime Bonilla Esquivel (quien se entregó a las autoridades), considerado como el coordinador del robo y asesinado en 2004. Otros detalles fueron, de alguna forma, aumentados, como la supuesta presencia de explosivos en el Banco y otros fueron totalmente cambiados: por ejemplo, el humo de la fundición nunca salió a la calle, pues los delincuentes llevaron una campana extractora que envió los gases desde el sótano (dos pisos bajo tierra) directamente al alcantarillado de la ciudad, explica Zabala.
Por supuesto, le llamó la atención que en la serie mostraran la reparación del aire acondicionado como la “excusa” que emplean los delincuentes para entrar al edificio. Zabala recordó, entre otras cosas, que en el proceso judicial se demostró que el aire quedó arreglado el sábado, que la gente que entró a hacer la reparación salió del edificio (es decir, no se quedaron escondidos en el banco ni nada por el estilo) y que el aire, a diferencia de lo que señaló la Fiscalía, no fue utilizado por los delincuentes: así lo mostró la evidencia del sistema, lo sostuvieron los vigilantes que testificaron y, además, si se hubiera usado el aire se habría puesto a circular el humo de la fundición por todo el edificio (rodeado de ventanales) y los ladrones se habrían delatado.
En general, Zabala considera que su historia tuvo poca importancia en la serie, pero destaca que se respetó con rigor todo lo referente a su inocencia y el proceso que ha vivido para ser reparado. “El drama personal y familiar de una persona inocente no cuenta, eso no genera rating”, dice. ¿Le gustó la serie? “Pudo haber sido mejor”, agrega.
Lo que definitivamente no le gustó fue el personaje que lo representa a él en la serie. Dice que efectivamente en ese tiempo tenía barba, pero que no estaba tan gordo; que su presentación personal era impecable y que su manejo de la situación fue con “sobriedad y entereza”. Es decir que en ningún momento perdió la compostura, como para agarrarse la cabeza y tirarse al suelo en la bóveda saqueada (como sucede en la serie). “El que no me conozca puede quedar con la impresión de que ese gerente era como bobo”, añade.
Comparte con su hijo, Juan Diego Zabala, una especie de reparo respecto a que se glorifique o “ensalce” a los delincuentes en un país golpeado en muchas formas por la violencia y el narcotráfico. “(...) La caracterización que se hace de los personajes, especialmente “Chayo” y “El Abogado”, solo perpetúa la idea de que robar es justificado según el caso: llámese necesidad, enfermedad o cualquier otra circunstancia”, escribió Juan Diego en una publicación de Facebook.
No obstante, expresó que es consciente de que se trata de una obra de ficción y agradeció a “Dynamo (la productora) porque con esta producción han despertado en el público el interés de conocer más sobre este tema, y en nosotros la fuerza e ímpetu necesarios para tomar las riendas del asunto y contar nuestra verdad”.
¿En qué va el proceso de reparación?
Zabala, como contamos en este artículo, demandó al Estado por la privación de su libertad. Perdió en primera instancia, pero en la segunda, el Consejo de Estado le dio la razón. El alto tribunal, sin embargo, no tenía elementos para cuantificar la reparación, por lo que trasladó el expediente a Valledupar, pero, al regresar, los documentos se perdieron. Después de dar muchas vueltas, incluso consiguiendo la guía de envío de correo de 4-72, dio con que lo más probable era que el expediente hubiera llegado por error a la Corte Constitucional, en donde, incluso con derecho de petición de por medio, no le resolvieron la situación.
El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la reconstrucción del expediente, y así se hizo. Fue trasladado a Bogotá, en donde llegó al despacho del magistrado Martín Bermúdez Muñoz. La Procuraduría emitió un concepto según el cual la reparación por el lucro cesante debía calcularse con base en el salario mínimo y no con base en el salario que tenía Zabala como gerente, pues él fue despedido del Banco. Por cierto, Zabala también demandó al Emisor por la injusta desvinculación, proceso que también ganó. El concepto de la Procuraduría no fue acogido y, ahora, el exgerente asegura que sigue esperando que el fallo final sea emitido para poder cobrar a la Fiscalía, otro proceso que puede tardar años.
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