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A la turbulencia en la que desde hace meses ha estado el negocio de las libranzas en el país se acaba de sumar la reorganización empresarial de la firma administradora de títulos valor Elite International Américas, decretada de oficio ayer por la Superintendencia de Sociedades. La medida busca evitar que los acreedores inversionistas de Elite salgan perjudicados por las decisiones que ha tomado esa compañía, “mediante las que se eludiría su obligación de pago”, según el ente de control. La decisión estuvo acompañada del embargo de los bienes de la empresa.
En julio, Elite aseguró que en 45 días empezaría a pagar las deudas. Pero el 3 de septiembre, a través de un comunicado, justificó el incumplimiento, aduciendo que los operadores o cooperativas originadoras de las libranzas se han demorado en los desembolsos de capital. Eso, para la Superintendencia, no es válido, pues “las personas que suscriben un título valor (libranza) como endosantes se obligan solidariamente a su cancelación total”. En pocas palabras, para la administradora de libranzas no hay excusa que sustente su impago.
La Supersociedades designó como promotora de la reorganización empresarial a María Mercedes Perry, quien ha liderado liquidaciones tan grandes como la de la captadora ilegal de dinero DMG y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Perry tendrá la tarea de determinar cuánto dinero está comprometido en el negocio de Elite con sus inversionistas, la cantidad de acreedores y buscar un acuerdo entre estos últimos y la compañía, de manera que se puedan satisfacer las obligaciones.
Asimismo, Perry deberá detectar y denunciar ante las autoridades posibles irregularidades, si es que las hubo en el negocio de Elite, algo que en efecto se comprobó en el reciente caso de otra firma, Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación. De esta última, según el ente de control, se pudo evidenciar captación ilegal de dinero, pues Estraval vendía el mismo título valor a varios clientes por el mismo período o recibía el dinero del inversionista sin asignarle a éste un título valor, sobre el cual, por lo demás, prometía rentabilidades que rondaban el 20 %.
Sobre ese caso, la Superintendencia de Economía Solidaria anunció la intervención a cooperativas que realizaron operaciones con Estraval, relacionadas con compra y venta de créditos a través de pagarés libranza. Se trata de Cooprosol, Coopsonal, Coopdesol, Coonalrecaudo, Cooperativa Multiactiva para la Proyección y Realización Social Coopreal, Cooperativa Multiactiva de Comercialización y Consumo y Jota Emilio’s Cooperativa. Según la Supersolidaria, durante la inspección a éstas se evidenciaron irregularidades en la administración e información financiera.
El sector solidario, por su parte, ha manifestado su inconformidad en medio del escándalo, pues asegura que no se debe estigmatizar el cooperativismo y las entidades de ahorro y crédito “legítimamente constituidas, vigiladas tanto por la Superfinanciera como por la Supersolidaria y que cuentan con el seguro de depósitos de Fogacoop”, según Enrique Valderrama, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin). El gremio señala, además, que al Ministerio de Hacienda le falta claridad cuando se refiere al tema.
De acuerdo con Fecolfin, los problemas en el sector de libranzas son consecuencia “de las empresas promovidas por la misma Ley (1527 de 2012) que facilita la intervención de actores inescrupulosos en el escenario de un mecanismo que ha demostrado su eficiencia hasta tal punto que las empresas de crédito tradicional como la banca, desde hace varios años, ha (sic) ido penetrando el mercado”, expresó Fecolfin. En el comunicado, además, califica de “ingenuo” el decreto expedido hace poco por la Supersociedades.
El gremio se refiere al Decreto 1348 de agosto 2016, que hace énfasis en la transparencia y regularidad de la información que los vendedores de títulos de crédito de libranza deben entregar a los inversionistas. Según los datos del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (Runeol), antes de la actualización que ordena el decreto, en Colombia hay unas 400 instituciones de ese tipo.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) aseguró que las libranzas extrabancarias pueden sumar cerca de $10 billones, de los cuales unos $3 billones estarían “emproblemados”. Las libranzas bancarias rondan los $36 billones. “La “novedad” de dicha Ley (de 2012) fue pensar que se podría ampliar la “inclusión financiera” hacia fuentes de pago no estables y, además, crear sistemas de titularización de las obligaciones generadas en cooperativas (muchas de ellas de “papel”)”, dijo ANIF, que además lanzó críticas a la gestión del Legislativo y a las superintendencias.
En el Congreso está a la espera de primer debate un proyecto que pretende cambiar la Ley 1527 de 2012, para permitir que miembros de clubes sociales y agentes de la Fuerza Pública, entre otros, operen libranzas. Además, pone a la Superintendencia de Industria y Comercio a velar por los consumidores en las operaciones de crédito que se hagan con entidades no vigiladas por la Superfinanciera. Según el ponente, el senador Antonio Navarro Wolff, están trabajando en un “esquema estricto de control a la comercialización de libranzas”, que se conocerá entre esta y la próxima semana.
