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Este martes, el Ministerio de Transporte anunció que está lista la Alianza Público Privada (APP) para la navegabilidad del río Magdalena, que busca la recuperación de la navegabilidad por el principal afluente del país mediante la intervención de 668 kilómetros de río, entre Bocas de Ceniza (Barranquilla) hasta Barrancabermeja (Santander).
“Nos recomendaron estructurar un proyecto que fuera lo mejor posible para recuperar la navegabilidad del río, en su dimensión y en su magnitud, no sólo por su relevancia pasada sino por lo que nos puede ofrecer para el futuro. Hoy celebramos el cierre de la estructuración de la APP del río Magdalena”, dijo Ángela María Orozco, ministra de Transporte.
De acuerdo con Cormagdalena, para la APP se hará una inversión cercana a los $450.000 millones de Capex y $1,08 billones de Opex. La ministra también mencionó que para la estructuración se contó con el acompañamiento del BID y sus consultores, con “firmas como Maritime & Transport Business Solutions (MTBS), Royal Haskoning, Environmental Resources Management (ERM), EY y Durán&Osorio”.
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Las firmas han cerrado la estructuración de los componentes técnicos (social, predial y ambiental) financiero y legal, “logrando una hoja de términos que recopila las experiencias aprendidas, la participación del sector privado y estudios de alta calidad para lograr la sostenibilidad del proyecto”.
El proyecto generará un aumento en el transporte de carga en un corto y mediano plazo. También, disminuirá los costos de la cadena logística. El río, según Mintransporte, será parte del motor de la competitividad de las regiones y del país.
La población directamente beneficiada con este proyecto corresponde a 69 municipios, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, con más de 6.600.000 habitantes de siete departamentos.
El concesionario deberá encargarse de llevar a cabo las tareas de diseño, construcción, financiación, operación, conservación y mantenimiento durante los 15 años del proyecto y hasta su posterior reversión de la infraestructura a la Nación. Esto, de manera que se permita la navegación segura en cualquier época del año. Además, se estima que el proyecto genere más de 16.300 empleos directos, indirectos e inducidos.
Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que “el proyecto de navegabilidad del río magdalena es la gran apuesta de la multimodalidad. Vemos la importancia del transporte carretero, fluvial y férreo en esa visión integral”.
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Vale la pena recordar que el pasado 2 de febrero se realizó la audiencia en la que se presentaron detalles de tipo técnico y se recibieron todas las observaciones, inquietudes y comentarios (de manera verbal y escrita) con el fin de recibir y aplicar al proceso de estructuración. Dentro de la APP se tiene previsto invertir cerca de $90.000 millones para el fortalecimiento de las estructuras rígidas tanto en el tajamar oriental como el occidental y la protección de las orillas a lo largo del kilómetro 14 del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.
El proyecto de navegabilidad también contempla obras para la protección de la biodiversidad (reducción de la fragmentación de ecosistemas) y el sustento de las poblaciones ribereñas (por las facilidades que el río ofrece para el acceso a servicios básicos como alimentación, trabajo, transporte, educación y salud), por lo que se exigirá a los interesados el cumplimiento de condiciones sociales, económicas y ambientales ideales.
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La iniciativa de mejorar la navegabilidad en el río Magdalena no es nueva. En 2014 se intentó sin éxito realizar las obras de dragado y encauzamiento (ahondamiento del río y conducción de la corriente) con la contratación del consorcio Navelena, que entonces era el único privado dispuesto a hacerlo, hasta que se declaró la caducidad del contrato en 2017 por sus vínculos con Odebrecht, firma brasileña que llegó a ser investigada en 10 países por corrupción.
Tras ese fracaso, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) comenzó a liderar un proceso de reingeniería del modelo de asociación público-privada (APP) para licitar un proyecto más pequeño (pasó de $3,3 billones a $1,4 billones) y de menores riesgos con el apoyo de la comunidad de pescadores del río, los operadores portuarios, las empresas de transporte, la Universidad del Norte, el Instituto Humboldt y la Federación Nacional de Navieros.